Pero sí pide cárcel si pierden sus armas
José Antonio Mercado y Javier Francisco Arredondo, estudiantes universitarios del Tecnológico Monterrey, regresaban a su escuela cuando recibieron una ráfaga de balas. Quienes jalaron el gatillo no eran criminales, sino elementos del Ejército.
Esta tragedia pasó el 19 de marzo de 2010. Nueve años más tarde, sus familias, en lugar de celebrar algún otro logro de los jóvenes, recibieron disculpas de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, por “la violación a los derechos en el marco del uso excesivo de la fuerza por el que fueron privados de la vida sus hijos”.
Más controles y menos disculpas
Para evitar que la Guardia Nacional –que para finales de este año debería conformada por 80 mil elementos, de los cuales, se estima, más de la mitad provendrán de las Fuerzas Armadas– cometa violaciones de derechos humanos, se necesita precisión en los castigos en contra de estos actos, en la Ley de la Guardia Nacional, explicó Erubiel Tirado, experto en seguridad de la Universidad Iberoamericana (UIA).
Tirado explicó que, aunque el castigo a violaciones de derechos humanos no esté contemplado en la iniciativa de la Guardia Nacional, es responsabilidad de quienes se dedican al servicio público el respetarlos. No obstante, dijo: “Lo ideal, evidentemente, es que sí tiene que estar ahí dentro del catálogo de sanciones por la conducta de los miembros de la Guardia Nacional”.
En la iniciativa de ley de López Obrador se contemplan los castigos para casos de indisciplina y colusión con el crimen organizado, pero omite especificar qué castigos habría por la violación a los derechos humanos.
El Gobierno federal firmó un acuerdo con la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, para capacitar a quienes integren la Guardia Nacional en materia de derechos humanos, pero es necesario que el cuerpo policial también responda “administrativa y penalmente” en caso de graves violaciones en dicha materia, dijo Tirado.
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De acuerdo con la ley de la Guardia Nacional propuesta, habrá diferentes penas a los elementos –aunque no por violación de derechos humanos–, entre ellas:
- De 15 a 60 años de prisión por ayudar al crimen organizado de alguna manera.
- De 30 a 60 años de cárcel por insubordinación que termine en la muerte.
- De tres a seis años de prisión por insubordinación (no seguir órdenes) si se hace por medio de palabras o ademanes.
- De tres a seis años de prisión si pierde o le roban su arma.
- A un o una superior que insulte a alguien de menor rango, de cuatro a ocho meses de prisión.
Por otra parte, en caso de que un elemento cometa una violación a los derechos humanos, habrá otras leyes que lo sancionen, dijo Tomás Guevara, profesor de la Universidad Autónoma de Sinaloa: “Ya hay leyes contra todo tipo de violación de derechos humanos… (Con ellas) quedan protegidos los derechos y no restringidos al interior de una ley secundaria”.
Los castigos por cometer un delito no son los que convencen de no llevarlos a cabo, dijo Édgar Cortez, investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia: “Aunque sea cadena perpetua, por sí mismo no disuade, lo que disuade es que haya una institución eficaz que construya… una acusación (fiscalías)”.
¿Quién vigila a quién?
Si bien los elementos de la Guardia Nacional tendrán que ser sometidos a la justicia, (como cualquier persona) en caso de cometer abusos, será difícil demostrarlo si no hay quien vigile al futuro cuerpo policial, más allá de sus propios órganos de control internos, expresó Tirado.
Parte del temor por parte de la organización civil nace de la probabilidad de que los elementos de la Guardia Nacional actúen en las calles, conforme a lo que aprendieron en los cuarteles: “Las Fuerzas Armadas son preparadas para eliminar al enemigo y no para prevenir la delincuencia en una lógica de seguridad ciudadana”, señaló Juan Salgado, profesor del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
¿Qué sigue?
La Guardia Nacional ya fue aprobada en la Constitución, pero necesita de leyes secundarias para poder funcionar. El presidente Andrés Manuel López Obrador envió cuatro iniciativas de ley al Senado el 11 de abril, que detallan las responsabilidades del cuerpo policial (y sus castigos), los casos para hacer uso de la fuerza, se crea un registro para personas detenidas y se reconoce a este nuevo cuerpo policíaco como parte de la seguridad del país.
La bancada mayoritaria del Senado, de Movimiento Regeneración Nacional, pretende aprobar estas leyes antes del 30 de abril.
