Mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador daba su conferencia mañanera el pasado 4 de diciembre, una decena de familiares de personas desaparecidas en Coahuila, Veracruz, Morelos y Zacatecas se plantó afuera de Palacio Nacional, a modo de protesta.
¿La razón? Exigir al gobierno federal que active mecanismos de búsqueda enfocados en encontrar a personas con vida y no sólo cadáveres, independiente de las circunstancias de la desaparición, de la fecha o el inicio de la búsqueda.
Una comitiva de familiares fue recibida por Leticia Ramírez Amaya, directora general de Atención Ciudadana de Presidencia, quien les dijo que no serían recibidas por el presidente porque tenía una agenda muy llena y debían avisar con dos meses de anticipación.
En los días siguientes, las familias -organizadas en el colectivo Búsqueda Nacional en Vida por Nuestros Desaparecidos– hicieron una cena navideña simbólica en el Ángel de la Independencia con la imagen de sus familiares. También hicieron un cacerolazo colectivo afuera de la Fiscalía General de la República y se reunieron con Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.
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Las familias también acudieron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y se reunieron con la titular, Rosario Piedra para interponer una queja contra el Estado mexicano por no garantizar su seguridad en las búsquedas.
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Tras cinco días de actividades en la CDMX, las familias consiguieron que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) agilizara el proceso para el Registro Nacional de Víctimas, y se les asignó un asesor jurídico a cada una de las asistentes.
La CEAV también regularizó la entrega de apoyos de canasta básica que el gobierno federal da a estas familias, y la Comisión Nacional de Búsqueda acordó la asignación de seguridad federal para la búsqueda de personas en Jalisco en los próximos meses.
La CNDH acordó el acompañamiento en los procesos de búsqueda en Jalisco y en lo subsecuentes, así como la impartición de talleres y capacitaciones previo a cada uno de los procesos de búsqueda o a solicitud de las familias.
Y la FGR recibió de manera personal a algunos de los integrantes de la Búsqueda para revisar sus expedientes, y 14 denuncias locales se elevaron a lo federal para estar a cargo de dicha dependencia.
Los pendientes
Si bien se revisaron casos en particular, aún hay pendientes en acciones más generales.
De entrada, López Obrador prometió, durante el primer informe del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas (en junio pasado), que mantendría comunicación constante y siempre daría la cara.
“Vamos a seguir teniendo estas reuniones periódicamente cada tres meses nos vamos a reunir aquí para que, entre todas, entre todos, avancemos en el propósito de encontrar a los desaparecidos por la violencia; no me voy a ocultar, voy a dar la cara siempre, por difícil que sea, por dolorosos que sea, por incómodo que sea”, dijo, en ese entonces, el mandatario.
Pero no sucedió así con las familias que se plantaron en Palacio Nacional.
Además, el Proyecto de Presupuesto para 2020 quitó al menos mil 500 millones de pesos a la Fiscalía General de la República (FGR), en la cual opera en la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas, encabezada por Abel Galván y en la cual cada uno de los aproximadamente 50 agentes del Ministerio Público tiene acumuladas al menos 40 carpetas de investigación por procesar, según documentó la revista Proceso en el reportaje Desapariciones forzadas: Muchos compromisos, ningún resultado.
Además, como reportó el periódico El Universal, el gobierno también prometió la creación de 32 Comisiones Locales de Búsqueda, pero solo hay 29; prometió cinco Institutos Regionales de identificación Forense, y únicamente hay uno en Coahuila; y se habló de 15 panteones forenses cuya existencia se desconoce.
A esto, hay que sumarle que el gobierno federal prometió un Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, cuya creación se firmó apenas el pasado 6 de diciembre y aún no cuenta con personal para operar.
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Hasta ahora, todas estas acciones están enfocadas en la localización de cuerpos, mientras la búsqueda de persona en vida se concentra principalmente en la Comisión Nacional de Búsqueda -que en mayo pasado tuvo nueva titular-, la doctora Karla Quintana.
Para 2020, el gobierno federal prometió un equipo especializado de búsqueda y acompañamiento de más de 200 elementos, ya que actualmente hay más de 40 mil personas desaparecidas en el país, según cifras dadas a conocer por Alejandro Encinas.
¿Alcanzará México a cumplir todas las promesas para el próximo año, en medio de una política de austeridad y aumento de la violencia?
