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Foto: Omar Martínez/Cuartoscuro
Cuestione | Ampliación de mandato de Jaime Bonilla… en manos del propio Bonilla
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Ampliación de mandato de Jaime Bonilla… en manos del propio Bonilla
Necesita la aprobación de 3 municipios
11 Jul | 2019
Por: Omar González
Muy Cierto
Ampliación de mandato de Jaime Bonilla… en manos del propio Bonilla
Necesita la aprobación de 3 municipios
Jul 11, 2019
por: Omar González
Muy Cierto
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Jaime Bonilla, gobernador electo de Baja California tendrá que decidir si amplía o no su mandato de gobierno de dos a cinco años (2019-2024), algo que ya decidió el congreso del estado y que fue aprobado por cuatro de cinco municipios del estado -Playas de Rosarito (PAN), Tecate y Ensenada (ambos del PRI). 

Esto después que el gobernador saliente, Francisco Vega de Lamadrid se negó a publicar, en lo que resta de su gobierno (31 de octubre), la modificación a la constitución local aprobada por el congreso del estado.

Sin embargo la constitución local de Baja California establece, en su artículo 34, que si el ejecutivo no hace observaciones a las leyes aprobadas en el congreso local, estas deben ser publicadas en un plazo de quince días. 

De no cumplirse esto, Jaime Bonilla podría solicitar un amparo para que la ley sea publicada.

Orígen de la polémica

El escándalo se generó por la noticia de que el Congreso de Baja California -conformado por 12 diputados del PAN, cinco del PRI, tres de Morena y cinco de otros partidos políticos- aprobaron en sesión extraordinaria el 8 de julio, con 21 votos a favor y una abstención, la ampliación de mandato del gobernador electo para que culmine en 2024, en lugar de 2021 como le establecía la reforma a la constitución del estado de octubre de 2014.

La propuesta de ampliación fue presentada por el diputado de Morena, Víctor Morán, bajo el argumento de que un gobierno de dos años representaría un “gasto sustancial” para las finanzas públicas de la entidad. 

La aprobación ocurrió con el apoyo de casi todas las fuerzas políticas del estado, menos el diputado del Partido de Baja California, Jorge Eugenio Núñez Lozano -quien no asistió a la sesión-, y el diputado panista, Miguel Antonio Osuna Millán, quien se abstuvo de votar. 

El congreso de Baja California aprobó modificar el artículo octavo transitorio de la Constitución estatal para que en lugar de que el gobierno electo culminara en 2021 (año que coincide con la siguiente elección federal), el cambio en el ejecutivo estatal sea hasta 2024 cuando sucederá la próxima elección presidencial.

Ampliación: tema controversial lleno de cambios

En 2014 se aprobó, a nivel federal, la reforma político electoral que permite la reelección consecutiva de diputados y ayuntamientos, si así lo modificaban en sus respectivas constituciones los gobiernos estatales. Para abrir esta posibilidad, los procesos electorales locales debían coincidir con los procesos federales. 

Por esta razón, en octubre de ese año el congreso de Baja California aprobó una modificación constitucional que establecía que los puestos electos en 2019 se mantendrían en el cargo desde el 1 de noviembre de 2019 hasta el 31 de octubre de 2021.

Meses antes de empezar el proceso electoral de 2019 -en octubre de 2018-, la diputada local del PRI, Blanca Patricia Ríos López, presentó una iniciativa para modificar la duración de los cargos de elección (diputaciones, presidencias municipales y gubernatura) hasta 2024, pero fue desechada.

El 9 de septiembre de 2018 arrancó oficialmente el proceso electoral. El 5 de enero de 2019 el Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC) publicó la convocatoria a las elecciones ordinarias 2018-2019, incluída la elección de gobernador por un periodo de dos años.

Pero, en febrero, el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California (TJEBC) ordenó al IEEBC repetir la convocatoria a la elección de gobernador, pero ahora por un plazo de 5 años, ante las impugnaciones de la precandidata de Morena, Blanca Estela Favela Dávalos, quien acusó violaciones a su derecho de participar en la elección. 

El 27 de marzo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó la decisión tomada por el TJEBC, bajo el argumento de que las y los magistrados locales invadieron funciones del poder legislativo y violaron el artículo 115 constitucional.

Posteriormente el 4 de abril, el entonces candidato Jaime Bonilla -a través de sus abogados- presentó un nuevo recurso de impugnación ante el Tribunal estatal, en donde se argumentaba que el congreso local cometió irregularidades en el proceso legislativo de la Reforma Electoral del 2014, violando así sus derechos políticos por la decisión de reducir la gubernatura a dos años. 

Fue entonces cuando el TJEBC modificó nuevamente su parecer y ordenó que el periodo de la gubernatura electa ese año duraría seis años, en lugar de dos. Sin embargo la decisión no aplicaría a las diputaciones y ayuntamientos quienes tendrían una duración de dos años.

Finalmente fue la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien rechazó las modificaciones, y las dejó como se establecía, desde 2014, con una gubernatura de 2 años. 

¿Es legal la modificación?

En el artículo 105, fracción II, inciso i de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece que “las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral”.

Por esta razón podemos esperar que cuando la reforma sea publicada, ya sea por el gobernador saliente o por la acción de Bonilla, se recurra a una acción de inconstitucionalidad que sería atendida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) quien tendría la última palabra en cancelar dicha modificación.

Mientras esto sucede los dirigente del PAN, Marko Cortés, y el PRI, Claudia Ruiz Massieu, anunciaron que acudirían a dicha instancia para reclamar la modificación y advirtieron que buscarían expulsar a los diputados que apoyaron la ampliación.

Consultado por Cuestione, el abogado constitucionalista y profesor de derecho del ITAM, Luis Enrique Pereda aseguró que esta decisión es a todas luces ilegal. De acuerdo a Pereda, la “decisión popular” no puede ser superada por la “decisión de los representantes” y la gente de Baja California “votó por un gobernador que durará dos años”.

Asegura que “por ser un hecho consumado”, la ampliación en el periodo de gobierno sólo se podría llevar a cabo en otra elección y con otros individuos, por lo que esta modificación podría no tener mucho futuro.

Veracruz: antecedente del actuar de la Corte

A partir de la reforma político electoral de 2014, a finales de ese año el entonces gobernador de Veracruz, Javier Duarte, impulsó una reforma a la constitución local que establecía que por única ocasión en la elección de 2016 se eligiera un gobernador por tan solo dos años para así empatar con la elección federal de 2018.

Después de una impugnación, por parte de Movimiento Ciudadano, ante la SCJN por violar los principios democráticos, el máximo tribunal de justicia del país decidió mantener la modificación, al ajustarse al artículo 116 constitucional y, por tanto, no violar ningún principio democrático.

Sin embargo, a diferencia del caso de Baja California, en esa ocasión todo el proceso sucedió antes de que arrancara el proceso electoral, por lo que aún no es claro el camino que tomará la escandalosa modificación.

¿Podrán salirse Morena y Jaime Bonilla con la suya? ¿Tendrá que ser la SCJN la que detenga esta ampliación?



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