México
Foto: Félix Márquez/Cuartoscuro
Asesinatos en el hogar: menores víctimas de sus familiares
México
Asesinatos en el hogar: menores víctimas de sus familiares
Uno de cada 10 mueren en manos de familiares
16 May | 2019
Por: Juan Luis García
Muy Cierto
Asesinatos en el hogar: menores víctimas de sus familiares
Uno de cada 10 mueren en manos de familiares
May 16, 2019
por: Juan Luis García
Muy Cierto
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"¡Mi hija está muerta!", gritaba Elizabeth desesperada, en medio de un charco de sangre, junto al cuerpecito de Ilse, de dos años. Desde hacía un mes, ambas vivían con Julissa, una amiga que las recibió después de que se separó de su pareja.

Al departamento, ubicado en Ciudad Juárez, no había entrado ningún desconocido. Ilse fue asesinada por su propia madre, con la intención de lastimar a su expareja –el padre de Ilse– y evitar compartir la custodia, señaló Julissa a la autoridad.

Por el homicidio de su propia hija, en febrero pasado, Elizabeth podría pasar entre 30 y 60 años en la cárcel. Aunque las madres, padres y familia en general son los encargados de velar por el bienestar de las niñas y niños, casos como el de Elizabeth e Ilse no son raros.

Entre 2016 y marzo 2019, 121 menores de edad fueron asesinados por sus propios familiares, de acuerdo con respuestas a solicitudes de información que Cuestione hizo a las diferentes procuradurías y fiscalías estatales. Sin embargo, la cifra podría ser aún mayor.

De las 32 procuradurías y fiscalías de los estados, solo 15 cuentan con estadísticas sobre la relación de parentesco entre la víctima y el agresor (Baja California Sur, Baja California, Colima, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Quintana Roo, Querétaro, Sonora, Puebla, Michoacán, Nuevo León, Tabasco, Tamaulipas y Zacatecas).

Las estadísticas son clave para la correcta elaboración de estrategias en materia de seguridad, así como para combatir y prevenir los delitos. El hecho de que más de la mitad de los estados carecen de datos sobre las personas agresoras de niños y niñas, nos da una visión del rezago en la procuración de justicia y sistematización de los datos.

“La información en materia de incidencia delictiva es clave para la construcción de políticas públicas que respondan a las necesidades de un país seguro, en el cual se pueda garantizar que el acceso a la justicia sea universal”, advierte el Observatorio Nacional Ciudadano.

En total, entre el 2015 y marzo de 2019 fueron víctimas de asesinato cuatro mil 299 menores de edad, de acuerdo con el Secretariado Nacional de Seguridad Pública. Y las cinco entidades en donde más de estos homicidios han sucedido, no llevan una estadística de quiénes cometieron los crímenes y qué relación guardaban con la víctima: Chihuahua, Estado de México, Guerrero, Guanajuato y Jalisco.

Uno de cada 10 homicidios de menores de edad ha sido perpetrado por un familiar, proporción que no ha cambiado en los tres años de información que entregaron las procuradurías y fiscales de los estados. Esto demuestra que no se están construyendo políticas públicas de detección de riesgos ni de prevención.  

A finales de abril Ricardo Bucio, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, reconoció que hacen falta acciones para trabajar con las familias y hacer responsables los espacios (casa y escuela) que se encargan de cuidar su bienestar.

Homicidio de menores, el cruel final de una historia de horror

Horas antes de que llegara el Día del Niño, un asesinato impactó a la escuela Rosalía Castro en Cosoleacaque, Veracruz. Lazarito, de cinco años, había sido asesinado por su propio padre, Lázaro Márquez, conserje del centro educativo, que después se suicidó.

Su esposa diría más tarde a la prensa que Márquez arrastraba problemas psicológicos.

“Hay que tener presente que el asesinato de un niño no ocurre de la noche a la mañana… Los niños y niñas que son víctimas de infanticidio, antes fueron víctimas de negligencia, de tratos crueles y humillantes”, dijo Juan Martín Pérez García, director Ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM).

Pese a que los signos de violencia suelen ser evidentes hasta para los vecinos, no bastan para actuar en México, dijo Pérez García, ya que hay una creencia popular de que los niños y las niñas son objetos, cuya propiedad es de sus padres o madres. En 1989, la Convención sobre los Derechos del Niño estableció que los menores tienen sus propios derechos, y el respeto a estos derechos, como a la protección, es responsabilidad de toda la comunidad.

Sin embargo, la violencia ha sido vista en algunos casos como forma de educación, condenó el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en México, durante la presentación del informe anual 2018. De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, cada 30 minutos llega un niño o niña a un hospital con lesiones causadas de forma intencional.

Las procuradurías de protección de la niñez, instaladas en los municipios del país, tienen que  ser capaces de rescatarles cuando sufren violencia por parte de sus padres, y ponerlos en manos de otros familiares, de acuerdo con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Pero en la práctica esto no sucede, lamenta Pérez: “Esto significa que si lo violentan sus padres biológicos, tienen abuelos, tíos u otros alternativas. También pueden ir a una institución como última opción. Pero, todo esto es papel. Esto no ocurre en la vida real, lo que tenemos son casos de violencia que llegan a lesiones y en algunos casos a homicidios”.  

Mientras tanto, niños y niñas siguen muriendo.



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