La primera vez que se habló en México de personas desaparecidas fue en 1970, en la época en la que el Ejército y la policía perseguía a líderes sociales organizados en guerrillas.
Casi medio siglo después, esa palabra no sólo sigue sonando, sino que ahora resuena en la voz de miles de familias más que no encuentran sus seres queridos.
Pero entre las personas desaparecidas ya no sólo hay mujeres y hombres posiblemente involucrados en la guerrilla, sino que en nuestro país desaparecen diariamente cuatro niñas, niños y adolescentes (según datos de la Red por los Derechos de la Infancia en México); mujeres jóvenes; policías federales y estatales; migrantes; activistas, periodistas y otros para los que no hay cifras oficiales.
¿Cómo ha cambiado el movimiento de familias que buscan a sus seres queridos desaparecidos?
“Señor presidente Andrés Manuel López Obrador, querido y respetado amigo, no permitas que la violencia y la perversidad de los gobiernos anteriores siga acechando y actuando desde las tinieblas de la impunidad y la ignominia. No quiero que mi lucha quede inconclusa”.
“Es por eso que dejo en tus manos la custodia de tan preciado reconocimiento y te pido que me la devuelvas junto con la verdad sobre el paradero de nuestros queridos y añorados hijos y familiares, y con la certeza de que la justicia anhelada por fin los ha cubierto con su velo protector”, este fue el mensaje de Rosario Ibarra de Piedra al presidente de México cuando el mandatario quiso premiarla con la medalla Belisario Domínguez (máxima condecoración del Senado a “ciudadanos eminentes”).
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Ibarra de Piedra se convirtió en los años 70 en un emblema mexicano de las madres que buscan a sus hijas e hijos desaparecidos en el contexto de la llamada guerra sucia. Jesús Ibarra, su hijo de 21 años que participaba en la Liga 23 de Septiembre, desapareció en 1973, luego de que lo capturara la policía federal y lo torturara. Fue una de las primeras mujeres en levantar la voz sobre este delito.
Pero Rosario no estaba sola. En 1978, por ejemplo, protestó en el atrio de la Catedral metropolitana (donde estaba prohibido) junto con 83 mujeres de al menos seis entidades del país. Todas exigían al entonces presidente José López Portillo que entregaran a sus hijos con vida.
Ellas no eran ni fueron las únicas buscadoras. Tita Radilla es otra mujer reconocida entre las familias de personas desaparecidas. Su padre, el líder social Rosendo Radilla Pacheco, desapareció en 1974 a manos del ejército en Atoyac, Guerrero.
Tita denunció el caso, acompañó a otras familias en las mismas circunstancias y consiguió que en 2014 la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableciera que los militares que cometan abusos contra civiles -sólo en caso de violencia sexual, tortura y desaparición forzada- fueran juzgados en tribunales civiles y no en instancias militares que les protejan.
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Rosario Ibarra de Piedra se hizo conocida porque organizó marchas, mítines y se encaró públicamente con las autoridades, fue cofundadora del Comité Eureka y en 1983, ella misma buscó concursar por la presidencia del país, pero el paradero de su hijo aún se desconoce.
Desde entonces, en México han pasado siete presidentes y tres partidos distintos en el gobierno federal y la situación de las familias desaparecidas sólo empeoró en todo el país:
Si bien se dio fin a la persecución militar contra las personas que participaron en la guerrilla, no se pudo erradicar la desaparición de personas. De acuerdo con el registro de las propias familias, la Secretaría de Gobernación estima que actualmente hay más de 40 mil víctimas de desaparición en México.
Actualmente, las personas que buscan a un ser querido desaparecido son tantas que incluso están articuladas en colectivos por localidades, municipios, entidades y hasta en un Movimiento Nacional de Personas Desaparecidas, conformado por más de 70 colectivos y organizaciones de familiares de víctimas de desaparición.
En México, hay mujeres como María Herrera que busca desde hace 10 años no a uno sino a hasta cuatro hijos desaparecidos.
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A esto se suma que actualmente, los probables perpetradores de la desaparición ya no son sólo militares, sino integrantes del crimen organizado, dividido entre tratantes y narcotraficantes.
Pero mientras el problema de desaparición de personas crece en México, el gobierno no ha desarrollado mecanismos que vayan a la altura del problema.
¿Por qué lo decimos? Se estima que actualmente hay al menos 25 mil cuerpos sin identificar, según declaró en agosto pasado Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración.
Además han sido las mismas familias -en especial las madres- quienes se han tenido que organizar pero no sólo para exigir justicia sino incluso para buscar a sus seres queridos en fosas y montañas.
La petición que hace Rosario Ibarra a López Obrador no es menor, se trata de una deuda histórica contra miles de familias mexicanas que hasta ahora ningún presidente ha sabido resolver.
