El 2 de junio, Jaime Bonilla Valdez, ganó la elección a la gubernatura de Baja California como candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, con Morena a la cabeza. Fue votado para el periodo 2019-2021, con la intención de que la próxima elección local se realizara al mismo tiempo que los comicios federales.
Un mes después, el Congreso de Baja California, de mayoría morenista, aprobó modificaciones a la Constitución estatal para ampliar de dos a cinco años el mandato de Jaime Bonilla, lo que generó una avalancha de críticas.
El Congreso local no se dio por vencido y convocó a una consulta ciudadana el 13 de octubre para someter a consideración de los bajacalifornianos la ampliación del mandato de Jaime Bonilla. Los resultados no avalan su legalidad.
La mayoría votó por a favor de extender de dos a cinco años el próximo gobierno, una mayoría que apenas representó el 1.89% de los votantes inscritos en el la lista nominal de Baja California, es decir, 53 mil electores de un universo de 2 millones 811 mil.
Sin embargo, la Ley de Participación Ciudadana del estado dice, en su artículo 73 Bis 2, que una consulta sólo es vinculante (legal) cuando la participación corresponde, al menos, al 20% de los electores que aparecen en la lista nominal. Algo que no ocurrió.
Ello, sin contar las irregularidades que se denunciaron, como el hecho de que no había tinta indeleble en las mesas receptoras ni se solicitaba identificación a los participantes, de acuerdo con el diario Reforma.
Tribunales dan revés a Ley Bonilla
El asunto llegó al Tribunal de Justicia Electoral de Baja California (TJEBC) y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que validaron a principios de octubre la elección a gobernador por un periodo de dos años.
Un robo en despoblado
En entrevista para Cuestione, el profesor en derecho constitucional del ITAM, Luis Enrique Pereda, afirmó que la consulta del domingo 13 de octubre es inconstitucional y no legitima la ampliación del mandato de Bonilla.
“También viola los principios fundamentales de la democracia sobre los que deberían estar construidos nuestros procesos electorales y también viola varios tratados internacionales en materia de democracia, por lo que también es inconvencional. Es, en pocas palabras: un robo en despoblado”.
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Pereda Trejo señaló que las consultas ciudadanas deben cumplir con lo estipulado en el artículo 35 de la Carta Magna, donde se establece que deben ser convocadas por el Congreso de la Unión a pedido del presidente de la República. “Lo que sucedió el domingo es una simulación para intentar avalar algo ilegal”, sostuvo.
El pasado 26 de septiembre, la secretaria de Gobernación y ministra en retiro de la Suprema Corte, Olga Sánchez Cordero, reconoció que la llamada Ley Bonilla, aprobada por el Congreso bajacaliforniano, es improcedente.
“Mi opinión personal como abogada (es que) la reforma o la llamada Ley Bonilla es inconstitucional. No he cambiado de opinión, la sostengo”, dijo Sánchez Cordero al comparecer ante la Cámara de Senadores.
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Hay Estado de Derecho: AMLO
El pasado fin de semana, en gira de trabajo por Baja California y horas antes del inicio de la consulta ciudadana sobre la extensión de mandato de Jaime Bonilla, el presidente López Obrador se declaró en “huelga de entrevistas”. Sin embargo, en su cuenta de Twitter afirmó que será la SCJN la que decida sobre el tema.
A sus críticos, los “conservadores”, el presidente dijo que hay que enviarles un fax o correo electrónico para que sepan que “esto ya cambió”.
Invocar a la Corte, una trampa
El abogado Luis Enrique Pereda advirtió que hasta el momento ningún recurso contra la Ley Bonilla ha sido admitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por la sencilla razón de que el decreto del Congreso de Baja California no ha sido publicado en la Gaceta Oficial del estado, aunque el 15 de octubre el Congreso lo envió al gobernador para su publicación.
“En estricto sentido: no ha cobrado vida jurídica y por lo tanto la SCJN no puede pronunciarse respecto algo que no existe. Ahora, cuando se publique dicho decreto podrá combatirse ante la Corte a través de un amparo indirecto o una controversia constitucional o una acción de inconstitucionalidad”, dijo Pereda a Cuestione.
En el mismo sentido, el exsenador panista, Roberto Gil Zuarth, advirtió que, salvo que la Corte dé trámite preferente a los eventuales recursos contra la ampliación de mandato de Bonilla, “lo que es prácticamente imposible en menos de 15 días”, el gobernador electo tomará posesión el próximo 1 de noviembre.
“Entonces, y ahí viene la triquiñuela procesal. El Congreso local toma la protesta por cinco años, conforme al transitorio vigente al momento: la Ley Bonilla”, publicó Gil Zuarth en su cuenta de Twitter.
Ley de Cuates, antecedente de la Ley Bonilla
En junio de 2017, la SCJN declaró constitucional la reforma aprobada por el Congreso de la Unión para ampliar el periodo de cuatro magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), de tres a seis años y de seis a ocho años, conocido como “Ley de Cuates”.
Un año antes, en octubre de 2016, el Senado tomó protesta a los magistrados y el 3 de noviembre, el Congreso de la Unión emitió un decreto que modificó el artículo transitorio cuarto constitucional para cambiar la duración en el cargo de los magistrados.
Más tiempo en la política de EU que en México
Jaime Bonilla Valdez nació en Tijuana, Baja California, pero tiene doble nacionalidad: mexicana y estadounidense.
De acuerdo con la revista Forbes, se integró al Partido Republicano en Estados Unidos (el mismo que postuló a la presidencia a Donald Trump) en el 2000. De hecho compitió y ganó el puesto de director del Distrito de Agua de Otay, en Chula Vista, California, condado vecino a Tijuana. Desempeñó ese cargo por 11 años.
De vuelta en México, ganó en 2012 una diputación federal por el Partido del Trabajo y en 2015 se sumó a las filas del recién creado partido Morena, de Andrés Manuel López Obrador.
Ese es el personaje que busca gobernar Baja California hasta 2024, cuando los votantes lo eligieron únicamente por dos años. ¿Se impondrá la ley o las ambiciones políticas?
