“Regresé a mi comunidad pensando que aquí no iba a estar en riesgo. Sin embargo, por el abuso de autoridad y violencia política contra las mujeres, ya no me siento segura aquí”, narra la defensora de Derechos Humanos Miriam Pascual, en entrevista con Cuestione.
Pascual es una reconocida activista, consejera del Observatorio Nacional de Feminicidio y defensora de los derechos indígenas. Salió de la Ciudad de México hace dos años, esperando que su experiencia pudiera ayudar a las comunidades de la Sierra Juárez, en Oaxaca. Así llegó a Guelatao, en junio de 2018.
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Su trabajo progresaba hasta que el COVID-19 llegó a México. Pascual intentó informar a los pobladores de las comunidades cercanas sobre los riesgos del virus y cómo prevenir su contagio.
Sin embargo, sus actividades chocaron con la agenda del presidente, Andrés Manuel López Obrador, quien el pasado 21 de marzo visitó el municipio para conmemorar el natalicio de Benito Juárez, a pesar de que para entonces las recomendaciones de salud pedían evitar participar en eventos multitudinarios.
“Las comunidades estaban preocupadas por la celebración de un torneo (de basquetbol) y la visita del presidente. Me pidieron información y les expliqué qué era el derecho a la salud, a la libre determinación y qué es el coronavirus. A partir de ahí, ellos sacaron su propio comunicado, en el cual pidieron que se pospusiera el torneo y se comenzó a difundir información sobre el COVID-19. Como respuesta recibieron la amenaza de no jugar (en el torneo) durante tres años si no se presentaban”, explica la activista.
Además, la reacción de la comunidad no le cayó bien al presidente municipal de Guelatao, Federico Hernández Ramírez. El 7 de abril a las 10 de la noche –dos semanas después de que AMLO visitara la comunidad–, tres policías municipales fueron a su casa para exigirle los libros del municipio que Pascual usaba en el programa comunitario Lecturas encantadas. La activista los entregó, pero cuando solicitó que le dieran un acuse de recibo, los uniformados se negaron y se fueron, no sin antes señalar que “eran órdenes del presidente municipal”, narró Pascual.
Luis Morales, fundador de Colectivo Bene Leahj, organizador de Lecturas encantadas y pareja de Pascual, llamó al presidente municipal de Guelatao para pedirle una explicación. El funcionario reconoció que el acto no iba en contra de Morales, pero respondió “su pareja estaba realizando comentarios y sugerencias que no van”.
Video proporcionado por Miriam Pascual
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Intimidación
Pascual fundó la asociación civil Yureni A.C., la cual produjo materiales radiofónicos educativos sobre el COVID-19. Sin embargo, el gobierno del municipio se negó a transmitirlos en la radio local. Fueron los propios pobladores de las comunidades quienes los difundieron a través de sus bocinas por perifoneo, incluso ellos comenzaron a hacer sus propios materiales.
A partir de esta pequeña campaña, los pobladores comenzaron a tomar medidas como el cierre de fronteras, filtros sanitarios y dar cubrebocas a los compradores en los mercados.
Después de esto, a finales de marzo, Gonzalo Méndez –una persona cercana al presidente municipal– se acercó a una familiar de Pacual para enviarle un mensaje intimidatorio: “Dile a la novia de tu hijo que se ande con cuidado con lo que está diciendo, y lo que está publicando en Facebook”.
El Observatorio Nacional del Feminicidio denunció que “no es la primera vez que Miriam Pascual y su equipo de trabajo son objetos de distintos incidentes de seguridad. Son diversos actores políticos que se ven afectados por la promoción de los derechos humanos, justicia ambiental y acciones comunitarias que se realizan en esta región indígena. Por lo que no solo en esta administración se han tenido actos de hostigamiento”.
Por su defensa contra las redes de trata y desaparición de personas, Pascual está dentro del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, por lo que cuenta con medidas de seguridad, que también se le han proporcionado a sus colaboradores.
“Siento que tengo derecho a estar aquí, para mí el irme implicaría un golpe a un proyecto personal de vida”, responde la activista.
En lo que va del sexenio de López Obrador han sido asesinados 26 activistas. En marzo de 2020 mataron a Paulina Gómez Palacio, Isaac Medardo Herrera, Karla Camarena y la periodista María Elena Ferral, posiblemente por asuntos relacionados con su labor.
A pesar de los cambios prometidos, en México, alzar la voz, defender las tierras, las comunidades indígenas, los bosques de las mariposas monarcas, el agua o los derechos humanos sigue siendo motivo para que las y los activistas vivan amedrentados o, peor, sean víctimas de distintos ataques.
