En México hay cárceles construidas y manejadas por algunos de los empresarios más ricos y poderosos. Son prisiones tan caras, que cada reo puede llegar a costarle a nuestro país más que el propio presidente de la República.
Cuando Felipe Calderón llegó al poder en 2006 e inició su guerra contra el narcotráfico se dio cuenta de que no tenía dónde meter a las 50 mil personas que pensaba capturar y encarcelar.
Decidió entonces entregar la construcción y operación de nuevas cárceles a algunos empresarios, con la promesa de que serían menos corruptas, más seguras, y tratarían mejor a los presos. Sin embargo, terminó resultando un multimillonario negocio para unos cuantos.
En esta investigación especial de Cuestione, descubrimos que hoy nuestros impuestos mantienen a reos que nos cuestan tanto o más de lo que gana al mes Andrés Manuel López Obrador. El presidente gana 156 mil pesos con todo e impuestos. Sin embargo, en una de esas prisiones, la más cara, cada reo nos cuesta 245 mil pesos al mes.
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Algunos de los empresarios beneficiados con los contratos de concesión otorgados por el gobierno de Calderón son: Olegario Vázquez Raña (dueño de los hospitales Ángeles, los hoteles Camino Real y Real Inn, así como de Imagen Televisión), Hipólito Gerard Rivero (excuñado de Carlos Salinas de Gortari) y Carlos Slim, el hombre más rico de México, entre otros. Juntos, manejan un negocio de casi 12 mil millones de pesos al año.
Enrique Peña Nieto mantuvo el modelo de Calderón, y hasta ahora parece que Andrés Manuel López Obrador no piensa cambiarlo.
Los empresarios astutos
En total, son ocho los Centros Federales de Readaptación Social (Cefereso) que fueron construidos y son operados por empresarios. Su concesión es por 22 años.
Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública de Calderón, convocó en 2009 a 10 empresarios sin experiencia en operar cárceles, para que se dividieran “un pastel de 32 mil millones de pesos” y edificar las ocho prisiones federales en dos años, según un reporte del periódico La Jornada, en 2012.
Al final, solo seis se apuntaron. El único requisito de entrada era tener cuatro mil millones de pesos para construir el penal, según la misma publicación.
Las empresas que pasaron, de un día para otro, de la industria de la construcción al del manejo de cárceles, fueron: Prodemex (de Vázquez Raña), Tradeco (de Federico Martínez, uno de los empresarios consentidos de Calderón y Vicente Fox), GIA (de Hipólito Gerard Rivero), ICA (entonces de Bernardo Quintana) y Homex (de Eustaquio de Nicolás) junto con Arendal (de Adrián García Pons). Ninguna de ellas tenía experiencia en manejo de cárceles.
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En 2013, Homex enfrentaba la quiebra y una investigación por fraude en Estados Unidos, por lo que terminó vendiendo su participación en el penal de Chiapas y de Morelos, a IDEAL, de Carlos Slim.
Fuente: Privatización del Sistema Penitenciario en México y revisión hemerográfica.
De esta manera, Olegario Vázquez Raña tiene la concesión de los penales de Michoacán (que además es la cárcel con el contrato más caro) y Durango; Slim, Chiapas y el femenil de Morelos; Bernardo Quintana, Sonora y Guanajuato; Hipólito Gerard Rivero, Oaxaca y Federico Martínez, Coahuila.
Todos estos hombres de negocios han estado involucrados en distintas polémicas. Tal es el caso del excuñado de quien fuera presidente de México entre 1988 y 1994, Carlos Salinas de Gortari. Su nombre, Hipólito Gerard Rivero, uno de los empresarios que obtuvieron contratos para la construcción del aeropuerto de Texcoco pero que fue señalado de recibir contratos petroleros en el sexenio de Enrique Peña Nieto, justo cuando otro cuñado suyo, José Antonio González Anaya, era el director de Petróleos Mexicanos.
Otro de los empresarios con señalamientos es Federico Martínez, dueño de Grupo Tradeco, quien en los sexenios de Felipe Calderón (2006-2012) y Vicente Fox (2000-2006) obtuvo jugosos contratos de construcción de infraestructura (hasta 45 mil millones de pesos, según Reporte Índigo, aunque después cayó en desgracia hasta que fue sancionada por la Secretaría de la Función Pública en el sexenio de Peña Nieto.
El precio enorme de las cárceles concesionadas
El promedio del gasto por cada persona presa en estas cárceles es de tres mil 500 pesos diarios. O sea, tres veces más que el promedio de lo que cuestan los reos en las prisiones operadas por el gobierno federal.
Incluso, en algunos casos como la del penal de Michoacán, el costo se eleva hasta ocho mil pesos diarios. Esto, de acuerdo con un análisis que hizo Cuestione con información obtenida a través de transparencia.
De los casi 15 mil millones de pesos que el gobierno gastó en 2018 en pagar el sistema penitenciario, 80% cayó en manos de estos empresarios, aunque solo atendieron al 60% de los reos.
Pero esto no termina ahí. Este costo no incluye a los guardias de la prisión, uno de los servicios más caros para cualquier cárcel. Estos, los sigue pagando el gobierno.
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Total opacidad
Los contratos fueron asignados de manera directa. Además, fueron clasificados como confidenciales por 12 años, por supuestamente tratarse de materia de “seguridad nacional”.
Sin embargo, especialistas en justicia y derecho que hablaron con Cuestione coincidieron en que sería posible dar a conocer una versión pública, en donde se especifiquen las condiciones de los contratos.
“Nadie está pidiendo que publiquen los planos de las cárceles, solo saber en qué consisten las condiciones de prestación de servicios. Hay mucha información allí (en los contratos) que podrían transparentar. Es un tema muy, muy sensible y no hay ninguna luz sobre esto”, dice Maissa Hubert, investigadora de la organización Documenta, especializada en materia de justicia.
“Estos contratos son una forma de expropiar la corrupción. Si bien, por un lado se elimina la corrupción poquitera, en la que se paga por cada servicio (cuotas por pase de lista, por ingresar a una visita); ahora esa corrupción se concentra en un contrato muy lucrativo, que conlleva vicios, como imponer mecanismos de seguridad excesivos, que no obedece a otra razón que a la necesidad de justificar la adquisición de equipo de seguridad para inflar los propios contratos”, considera Miguel Sarre, una de las voces más expertas del sistema penitenciario y catedrático del ITAM.
Como el gobierno federal le paga lo mismo a estos empresarios por tener 10 reclusos que dos mil en sus cárceles, esto se convierte en un incentivo perverso para hacer, cada vez más, traslados ilegales.
Crimen de Estado
El sistema penitenciario federal pasó de tener capacidad para recibir y atender a poco más de tres mil reclusos, en 2006, a 33 mil en la actualidad. Esto es un incremento de 1000%, en menos de 10 años.
Sin embargo, solo se usa la mitad de estos espacios, de acuerdo con una respuesta de información proporcionada a Cuestione vía transparencia, por parte del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS).
Esto representa un quebranto para las finanzas públicas y debería ser considerado un “crimen de Estado”, opina Sarre Iguíniz, quien también fue miembro del Subcomité para la Prevención de la Tortura de la ONU, entre 2006 y 2014.
El gasto desmedido en las cárceles concesionadas afecta también a la población en libertad, pues en lugar de dirigir estos recursos a cubrir necesidades de salud, educación, vivienda o infraestructura, se destinan “a alimentar a los monstruos mercantiles que operan los centros privatizados, para (a su vez) alimentar a intereses privados que se justifican en la prestación de un servicio público, pero que para hacerlo, primero hicieron grande a la criatura, en vez de hacer un centro chico y operable”, considera Sarre.
Las cárceles concesionadas son, en promedio, cuatro veces más grandes que las prisiones gubernamentales, lo cual, coincidieron los expertos, es una forma de justificar el excesivo gasto. Sin embargo, sus instalaciones suelen estar subutilizadas, pues no contratan al personal suficiente para usarlas en su totalidad, ya que su motivación está encaminada a ser rentables, no a ser operativamente eficientes, advierte Hubert.
En este punto, Sarre concuerda: “Cuando el Estado compromete una inversión tan fuerte, como la que ameritan las prisiones concesionadas, lo que está haciendo es sacrificar, por una generación, por 20, 25 o 30 años, la satisfacción de sus derechos sociales”.
Celdas vacías, reos encimados
Vázquez Raña, Slim y el excuñado de Salinas de Gortari, hacen un negocio redondo porque, además, al no utilizar los espacios en su totalidad, ahorran costos. Esto provoca que metan más presos en pocas celdas, en vez de meterlos en todas las que tienen disponibles.
El penal de Michoacán (el manejado por la empresa de Olegario Vázquez Raña) presentó un exceso de reos en las celdas en septiembre de 2017 –con menos de un año de abierto–, según documentó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Esto confirma que las instalaciones no estaban siendo utilizadas al 100% y la población de prisioneros, en ese momento, estaba confinada en un espacio reducido, o bien, que los servicios y suministros eran insuficientes, explica Hubert Chakour.
Es como si pagáramos por tener una escuela funcionando al máximo de su capacidad, pero con solo la mitad de los alumnos.
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Más violentas
Pero no solo eso. La investigación realizada por Cuestione descubrió que las cárceles privadas no solo son tres veces más caras que las operadas por el gobierno; también son más violentas.
Entre enero y julio de 2018 se registraron 155 peleas en las cárceles concesionadas, en las manejados por el gobierno hubo 60. Incluso, el único homicidio reportado en el sistema penitenciario federal, tuvo lugar justamente en la prisión de Michoacán.
En esa misma cárcel, la de Vázquez Raña, Jorge Ramírez, alías El Travolta, se convirtió en el primer recluso asesinado en una cárcel concesionada, de acuerdo con la estadística proporcionada vía transparencia por el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS).
Va para largo
El multimillonario negocio de estos empresarios va a durar –a menos de que la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador haga algo al respecto– hasta 2032, cuando vencen los contratos. Y aún así, seguimos sin derecho a conocer sus características y condiciones.
El gobierno le ha pagado hasta ahora (de 2012 a la fecha) a este grupo de empresarios unos 56 mil millones de pesos, según pudo constatar Cuestione vía transparencia. Para cuando se venzan los contratos, dentro de 13 años, los concesionarios se habrán embolsado 214 mil millones de pesos (sin considerar lo que aumentó por la inflación).
Lo que sí sabemos es que la promesa de mejores cárceles nos ha salido muy cara y no ha dado buenos resultados… salvo para, claro, Vázquez Raña, Slim y el excuñado de Carlos Salinas de Gortari, Hipólito Gerard y los demás empresarios constructores.
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Cuestione buscó a representantes de las empresas involucradas, a la OADPRS y a la CNDH para pedir su postura sobre este tema, sin que al momento de la publicación de este reportaje, hubiesen dado respuesta.
