Congreso “tunea” a la Guardia Nacional

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¿Y ahora qué puede hacer AMLO?

Después de que el pleno del Senado de la República le dio una “manita de gato” a la Guardia Nacional y la aprobó con alguna que otra modificación, ahora nos surge una duda: ¿qué opciones tendría Andrés Manuel López Obrador para que este cuerpo de seguridad quede a su modo?

Y es que entre las idas y venidas de esa iniciativa, los legisladores la han “maquillado” y eso ha dejado a López Obrador un tanto insatisfecho. Por ejemplo, el pasado 17 de enero, el presidente dijo en su conferencia matutina: “prácticamente va a quedar igual, como si fuese una reedición de la Policía Federal, que ya sabemos que no funcionó (…) por eso estamos hablando de la Guardia Nacional, pero no es para cambiar de nombre”.

Recordemos que el pasado 19 de febrero, las Comisiones Unidas del Senado votaron a favor de un dictamen -éste sí al gusto de López Obrador- que no había sido plenamente avalado por todos los partidos políticos, ya que las bancadas opositoras al dictamen decidieron retirarse.

Sin embargo, este 21 de febrero se volvieron a reunir los grupos parlamentarios, le modificaron tres “detallitos” y llegaron a un acuerdo: la Guardia Nacional sería de carácter civil; estaría adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública; y las leyes complementarias que deben realizarse para su operación tendrían un plazo de 60 a 90 días para expedirse.

Lo primero que hay que tomar en cuenta es que la iniciativa original para crear la Guardia Nacional la presentó la bancada morenista, no así el Jefe del Ejecutivo Federal; si la hubiera presentado él directamente, la propuesta hubiera tenido, de entrada, mayor peso político para que sea discutida y aprobada en los Congresos.

Una de las opciones que tiene López Obrador para que quede, como a él le gusta, es que presente una iniciativa similar -no la misma- pero con carácter de urgente; esto podría hacerlo hasta el siguiente periodo ordinario de sesiones, que es en septiembre. El mandatario tendría que considerar que sólo puede presentar, por periodo, dos iniciativas con este carácter.

Al estilo de Donald Trump, otra alternativa sería hacer un decreto presidencial que -bajo el argumento de preservar la seguridad nacional, como dicta el artículo 89 de la Constitución mexicana- le otorgue funciones especiales al Ejército y a la policía federal para que participen conjuntamente en operativos de seguridad interior. Así lo hicieron los expresidentes Felipe Calderón Hinojosa Enrique Peña Nieto para sacar a los militares a las calles sin modificaciones legales.

En el sexenio pasado, el gobierno buscó una reforma legislativa parecida a la de López Obrador pero con la Ley de Seguridad Interior, cuyo propósito también fue crear un marco normativo que respaldara a las Fuerzas Armadas en su salida.

Tras varios debates legislativos, la Cámara de Diputados finalmente aprobó dicha reforma pero varios sectores de la sociedad decidieron impugnar y ampararse contra ésta, lo que derivó en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación la considerara inconstitucional y, por lo tanto, inoperante.

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¿Qué sigue?

Luego de ser aprobados los cambios en el Senado, la propuesta regresa a la Cámara de Diputados -de donde fue enviada- para que los nuevos cambios se sigan discutiendo en ese pleno.

Si los diputados quedan a gusto con las modificaciones, pasa a los Congresos locales para que, eventualmente, la aprueben.

Pero si no les gustan los cambios, la regresan con los senadores y ahí continúa el proceso legislativo.

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