La Ley de Educación de Puebla fue publicada el 18 de mayo en el Diario Oficial del Estado. Instituciones privadas de educación acusaron al gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta de ser arbitrario y querer apropiarse de sus inmuebles.
La polémica tomó fuerza. En el Senado, el líder de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, se subió al tema y lanzó un señalamiento:
La legislación “no refleja el espíritu legislativo de la Constitución General y de la Ley Nacional en materia educativa. Fue una mala armonización, desde mi punto de vista, por parte del Congreso de Puebla”.
Por su parte, los senadores del Partido Acción Nacional (PAN) acusaron que: “Morena no cree en la libertad y pretende adueñarse de la educación privada… El Estado no debe imponer su visión ni agredir la enseñanza”.
En la cuenta oficial de Twitter del Partido Revolucionario Institucional (PRI) se expuso que la llamada “Ley Barbosa”: “Quebranta el Estado de Derecho y tiene vacíos legales que generan incertidumbre jurídica”.
Pero, curiosamente, el coordinador de los priistas en el Congreso de Puebla, Nibardo Hernández Sánchez, fue uno de los 31 legisladores que votaron a favor de la Ley de Educación de Puebla (ocho lo hicieron en contra y hubo una abstención). Más curioso aún fue que el 24 de mayo compartió en Twitter, el oficio con el que buscaba modificar su voto… 10 días después de haberlo emitido.
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Polémica ventanea a legisladores
Al titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Esteban Moctezuma Barragán le tomó ocho días formular la defensa de la “Ley Barbosa” y el polémico Artículo 105 en que se lee:
“Los muebles e inmuebles destinados a la educación impartida por las autoridades educativas estatal y municipales y por los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios en el Estado de Puebla, así como los servicios e instalaciones necesarios para proporcionar educación, forman parte del Sistema Educativo Estatal…”.
Moctezuma Barragán rechazó que Miguel Barbosa intente apropiarse de los bienes de las escuelas privadas. “Es una polémica falsa”, señaló.
Solo que al titular de la SEP se le olvidó, entre sus argumentos, mencionar que el propósito de la “Ley Barbosa” fue armonizar -ajustar- el orden jurídico local con la Ley General de Educación que entró en vigor en el 2019.
Es decir, el polémico Artículo 105 de la norma educativa de Puebla, es una copia del Artículo 99 de la Ley General de Educación (LGE).
La polémica y discusión entre Miguel Barbosa , Ricardo Monreal, el PAN y el PRI mostraron el desconocimiento de la norma que se avaló y entró en vigor con la Ley General de Educación.
Además, en enero, se les dio a conocer la Ley Marco como parte de la Reforma Educativa emprendida por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En el Artículo 94 de ese “machote”, precisó el columnista Carlos Ornelas, se establece lo mismo que los artículos 105 y 99.
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¿Cuál es el reclamo de colegios privados?
A través de un desplegado, el Consorcio Universitario, integrado por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), Universidad Iberoamericana de Puebla (IBERO), Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), Universidad Anáhuac y Universidad Madero (UMAD), manifestó:
“La Ley de Educación del Estado de Puebla… presenta disposiciones de carácter general que no reconocen a los particulares ningún derecho, excepto el de impartir educación… Vulnera el derecho de autogestión y decisión sobre el destino de los recursos obtenidos lícitamente por las instituciones particulares…”.
Estas universidades han sido semillero de políticos panistas como la exgobernadora Martha Érika Alonso Hidalgo, egresada de la UDLAP; el exgobernador de Acción Nacional, Antonio Gali Fayad, de la UDLAP; y de priistas, como los exgobernadores Melquiades Morales Flores y Mario Marín Torres, de la BUAP; la militante del PRI y la exembajadora de México en Colombia, Blanca Alcalá Ruiz, de la UDLAP.
El Consorcio Universitario argumenta que la “Ley Barbosa” contiene medidas excesivas, como la del Artículo 112, que sugiere a las instituciones promover que los colores que se utilicen en los inmuebles destinados al servicio público educativo serán de color neutro (azul marino, gris y blanco).
“Las instituciones particulares también contamos con programas de compromiso social y trabajamos todos los días en favor de los principios de acceso, inclusión y equidad en la educación, por lo que es importante que sea considerado dicho esfuerzo”, se lee en el comunicado emitido por las universidades poblanas.
Mostraron también su inconformidad por la fiscalización de los colegios (Artículo 121). “Las instituciones públicas de educación superior colaborarán, de conformidad con la ley en la materia, con las instancias fiscalizadoras para verificar la aplicación de los recursos que se le destinen derivados de este artículo”.
Miguel Barbosa defiende su ley
El gobernador poblano expuso que el alcance de la ley no tiene que ver con apropiarse de los bienes muebles e inmuebles, “sino de que los mismos sirvan para los fines educativos a que son destinados”.
Además señaló que la ley defiende la educación: “No debe ser un negocio y nunca ser utilizada para lo que se utilizó en otros tiempos: la estafa maestra”.
La “Ley Barbosa” también va contra papitas, refrescos y escuelas “patito”…
Dentro de la “Ley Barbosa”, el Artículo 86 prohíbe la venta de comida procesada y con altos niveles de azúcar, así como las bebidas energizantes en planteles educativos privados. Lo cual puede ser un acierto para un estado en que ocho de cada 10 niños padecen sobrepeso u obesidad.
“Dentro de las escuelas queda prohibida la distribución y comercialización de los alimentos que no favorezcan la salud de las y los educandos, así como las bebidas energizantes”.
Sanciones a planteles sin reconocimiento. Las Fracciones XVII y XVIII -del Artículo 147- considera acreedores de sanciones a colegios que se publicitan como incorporados al Sistema Educativo Estatal sin estarlo; además de impartir la educación preescolar, primaria, secundaria, normal para la formación de docentes de educación básica, sin contar con la autorización correspondiente.
En tanto, en la Fracción XXI se contemplan multas a planteles privados por “retener documentos personales y académicos por falta de pago” que podrían alcanzar los 400 mil pesos, según una publicación de El Sol de Puebla.
Los partidos de la oposición dicen que irán hasta las últimas consecuencias contra la Ley de Educación. ¿Podrán lograr su objetivo?
