Decretos polémicos que se publicaron mientras estábamos en cuarentena

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“El autoritarismo no solo se expresa con tanques en las calles, también se ve en decretos que no siguen las normas ni los procesos correspondientes, y que se publican solo porque el presidente lo dijo”, nos contó Luis Enrique Pereda Trejo, profesor de Derecho Constitucional del ITAM.

¿Qué pasó en el país mientras todos teníamos la atención puesta en la salud y en evitar contagiarnos de COVID-19

De acuerdo con el entrevistado, algunos de los decretos oficiales publicados mientras estábamos en la Jornada Nacional de Sana Distancia, nos recuerdan a una época autoritaria, en la que nadie cuestionaba al presidente.

“Volvimos a ese terrible chiste. Cuando el presidente preguntaba a uno de sus empleados ¿qué hora es? El empleado tenía la obligación de contestar, la hora que usted diga, señor presidente”, dijo Pereda.

Según Pereda Trejo, mientras nuestra cabeza estaba en no enfermarnos, se hicieron oficiales varios decretos que “reflejan falta de pulcritud por parte del gobierno”.

“Algunos responden a incapacidad o improvisación para solucionar un problema. Otros quizá ya los tenían pensados y aprovecharon el momento para hacerlos oficiales. Hubo falta de cuidado en la legalidad, lo cual pone en riesgo la certeza jurídica”, dijo Pereda Trejo.

Esta es una pequeña colección de esos decretos polémicos que quizá pasaron desapercibidos…

Errores que generan incertidumbre

Para Pereda Trejo, mientras estábamos en cuarentena se publicaron decretos con errores, los cuales no se deben desdeñar por solo ser equivocaciones, ya que reflejan la falta de pulcritud del gobierno y pueden desembocar en incertidumbre jurídica.

Por ejemplo, el 13 de mayo se publicó por cuarta vez el Acuerdo por el que se modifican los lineamientos para la operación del Programa de Apoyo Financiero a Microempresas Familiares.

Ya se había publicado el 24 de abril, el 27 de abril y el 7 de mayo.

“Lo publicaron cuatro veces porque le encontraban errores y lo mejoraron”, dijo Pereda Trejo, lo cual suena lógico, “pero no se está anunciando cualquier cosa, se trata de instrumentos jurídicos para aprobar un programa de apoyos financieros”.

Más sobre el tema: Cuando los gobiernos capitalizan el miedo en tiempos del COVID-19

Según el entrevistado esto refleja que desde la primera vez que se publicó el acuerdo no era un documento bien trabajado y lo que se hizo fue utilizar el Diario Oficial de la Federación (DOF) para ensayar con prueba y error.

“Aquí la bronca es que, cuando se publica un decreto, al día siguiente ya es una norma vigente y las personas no tienen manera de saber si se va a enmendar otras tres veces o no”, dijo Pereda Trejo.

Para colmo, también “el 13 de mayo apareció en el Diario Oficial de la Federación, durante unas horas, una publicación que hablaba sobre la nueva estrategia de reapertura de las actividades después de COVID-19. Ese mismo 13 la bajaron”, contó Pereda Trejo.

Sin embargo, para el experto, en lugar de subir una fe de erratas, el 14 de mayo se publicó otro acuerdo, mismo que se modificó el 15 de mayo, en un tema tan trascendental como la forma en la que los trabajadores volverán a sus labores. 

“Esta falta de cuidado le cambia la jugada a la gente, completamente. ¿Cuál es el mandato bueno? No lo puedes saber”, dijo Pereda Trejo, “y, si cambia, ¿simplemente se borró el que yo vi que era el oficial?”.

Decisiones que atentan contra la democracia

Según Luis Enrique Pereda Trejo, mientras estábamos en cuarentena, ocurrió una reelección en el gobierno sin ningún fundamento legal. Esto sucedió en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

“Claro, el contraargumento es que, como tiene que haber siete consejeros y terminó el periodo de dos de ellos, y como el Senado no ha escogido a los dos nuevos, y la norma los obliga a juntar siete, entonces no encontraron otra solución más que la reelección”, dijo Pereda.

Para el experto en derecho, esto es como si el presidente de la República dijera “mira, la pandemia está muy canija, salir a la calle está muy cañón, ¿qué te parece si yo me quedo hasta que hagamos nuevas elecciones?”

De acuerdo con el entrevistado este es un ejemplo de que la falta de pulcritud del gobierno puede desencadenar procesos antidemocráticos.

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Decretos que brincan la ley

El 15 de mayo se publicó en el DOF el Acuerdo por el que se emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional.

“Este decreto no pasó por la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER), y estaba obligado a pasar por ahí para que emitieran un dictamen de impacto regulatorio”, dijo Luis Enrique Pereda Trejo.

Este visto bueno es importante, de acuerdo con consejero de la Barra Mexicana de Abogados, porque señala el impacto que tendría esta nueva norma en el resto del sistema jurídico mexicano.

“No querían que pasara por ahí. El director de la CONAMER renunció como una medida de protesta. Se publicó así en el DOF, sin el visto bueno de CONAMER”, dijo el experto, “a mí me parece que ya lo tenían pensado y aprovecharon el momento para pasar el decreto”.

Esta política decretada en el DOF generó incluso un llamado del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) para ser revocada, al no “respetar procesos legales y normativos”

“Esto representa un ataque frontal a la certeza jurídica de las inversiones en México, causando graves consecuencias para el país como la pérdida de empleos, de confianza de inversionistas, y afectaciones para los proyectos eléctricos”, se lee en el comunicado.

El comunicado añade que esos proyectos están en 18 estados y “representan inversiones por más de 30,000 millones de dólares”.

Otro decreto que se publicó por encima de la ley, es el que estableció las medidas de austeridad del 23 de abril, como respuesta a la emergencia económica provocada por las medidas para evitar el contagio de COVID-19.

De acuerdo con Pereda Trejo, en este decreto “le quitaron el 25% del salario y el aguinaldo a los funcionarios públicos, y un recorte del 75% del presupuesto en las dependencias de entidades”. Lo primero es una violación a los derechos laborales y lo segundo es una injusticia presupuestaria.

También atenta contra la salud pública, según el experto, “ya que en la fracción 3 dice que el 1 de agosto será la suspensión de labores. ¿Eso como lo puedes saber en abril? Hoy estamos en junio y el semáforo está en rojo”.

Y agregó: “dice que se van a cortar 10 subsecretarías pero no dice cuáles. Es es un problema de ilegalidad. Dice que se posponen las acciones y el gasto del gobierno, excepto 38 programas, que son los que decidió el presidente”.

Para el experto este fue el decreto que disminuyó al Conacyt y otros organismos fundamentales como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), la cual perdió gran parte de su presupuesto. 

De acuerdo con Animal Político, el CEAV despedirá al 60% de su personal por esta situación, y ya no existirá sitio para atender a más de 7 mil 200 víctimas que se reciben mensualmente, ni para tramitar apoyos y se perderá el Registro Nacional de Víctimas con los datos personales de más de 34 mil personas.

Para Enrique Pereda, “este decreto es la cereza de un pastel de ocurrencias, de falta de pulcritud, de falta de atención a la legalidad”.

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Todo un catálogo de decisiones cuestionables

Para seguir estos temas de cerca, la Revista Nexos publicó una lista de decisiones polémicas que tomó el actual gobierno federal mientras estaba la cuarentena, la cual fue elaborada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.

“La discusión pública está concentrada en la emergencia sanitaria y económica (…) Son tiempos propicios para que las autoridades estén menos vigiladas y puedan invocar la emergencia para justificar sus decisiones, las ilegales incluidas”, se lee en el artículo.

Omisiones:

Tardía convocatoria del Consejo de Salubridad General.
Adquisición de medicamentos y equipo médico.
Falta de apoyo a migrantes.
Transparencia y manejo de recursos públicos.

Acciones ilegales o de dudosa legalidad:

El origen y destino de los recursos para enfrentar la emergencia.
Discrecionalidad aplicada en el decreto sobre las actividades clasificadas como “esenciales”.
Contratación de profesionales de la salud.
Decretos al margen de la ley. Por ejemplo las “medidas de austeridad” que se publicaron el 23 de abril.
La supuesta cesión de tiempos fiscales a la radio y la televisión.
La persistencia en las adjudicaciones directas.
La promoción de programas sociales por parte del presidente.

Corrupción:

Convocatorias fantasma.
Adjudicaciones millonarias.
Contrataciones con empresas bajo investigación.

El costo 

De acuerdo con Luis Enrique Pereda Trejo, “algunos de estos decretos se quedarán ahí y se nos olvidaran, como el del INAI, y nadie lo va a combatir pues porque hay otras mil cosas que hacer”.

Sin embargo, para el experto, “otros decretos van a generar muchísimos amparos y controversias, como el de las medidas de austeridad y el del sistema eléctrico”.

Y agregó: “van a generar muchísimos problemas que se van a combatir vía juicios de nulidad, recursos administrativos, juicios de amparo, controversias constitucionales e  impactos económicos”.

Pero lo preocupante para el profesor de Derecho Constitucional es que estas decisiones son el culto a una persona, son un reflejo de autoritarismo. Por eso no se siguen ni los procesos ni se atienden las normas y eso va a provocar políticas mal logradas.

“El presidente lo dijo y se hace”, concluyó Pereda Trejo.

¿Esta manera de decretar medidas por parte del gobierno será temporal? ¿O nos iremos acostumbrando a decretos con errores y que se brinquen procesos y normas?

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