¿Ya hay avances?
En México más de un millón 133 mil 41 personas tuvieron que dejar el lugar en donde vivían entre el 2017 y el 2018, a causa de la violencia y los conflictos que sufren sus comunidades.
Esta es la última cifra que tiene el Gobierno de México y fue presentada el 22 de abril del 2019, junto con el libro “La violencia como causa de desplazamiento interno forzado. Aproximaciones a su análisis de México”, editado por la Secretaría de Gobernación, el Consejo Nacional de Población y el Fondo de Población de las Naciones Unidas.
Para Brenda Pérez, coordinadora del área de Desplazamiento Interno Forzado de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, esta publicación es una de las grandes acciones de las autoridades a favor de la población desplazada por la violencia en el país.
“Prácticamente hasta el año pasado, en abril del 2019, tuvimos un reconocimiento a nivel federal en el tema de desplazamiento, ya con la nueva administración”, dijo Pérez a Cuestione.
Respecto a lo que han hecho los últimos tres gobiernos para enfrentar y solucionar el problema de la migración interna forzada por motivos de delincuencia, la coordinadora explicó que hay pocas acciones que mencionar.
“Hubo una completa negación, omisión y resistencia durante los años anteriores previo al 2019”, agregó la experta.
Este fue el motivo que hizo que la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, afirmara que el libro presentado en 2019 por las autoridades, es el “esperado reconocimiento oficial del desplazamiento interno forzado causado por la violencia en México”.
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2018, crece el desastre
El Observatorio de Desplazamiento Interno, parte del Consejo Noruego para los Refugiados, señaló en el informe correspondiente a 2019 sobre desplazamiento forzado en el mundo, que en México había un subregistro de desplazados por violencia en el país, debido a que carece de cifras oficiales y de un registro oficial al respecto.
Para obtener la cifra actualizada, la Secretaría de Gobernación utilizó los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), realizada en el 2018.
La estimación es que un millón 133 mil 41 personas cambiaron de domicilio para protegerse de la delincuencia entre 2017 y 2018.
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos dice que en los dos años anteriores, este registro había sido de 915,893 y de un millón 155 mil 518 personas, respectivamente.
Estas fechas también han sido señaladas por el Observatorio de Desplazamiento Interno, que indicó, en su informe del año pasado, que entre el 2017 y el 2018, hubo al menos 11 mil nuevos desplazamientos en México. Los estados que más fueron abandonados por violencia son Chiapas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Sinaloa.
En 2018, el panorama de desplazamiento forzado en el país estaba dominado por los cárteles y grupos del crimen organizado sobre diversas áreas del territorio. Donde se registran prácticas como el reclutamiento y el trabajo forzado, así como extorsiones y cobros de cuotas de piso.
Esto lo explica la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos en el reporte que analiza el 2017 y el 2018.
“De enero a diciembre de 2018, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos registró un total de 25 episodios de desplazamiento interno forzado masivo en México, los cuales se estima que han afectado a 11,491 personas”, detalla el documento.
No había acciones gubernamentales ni estatales para resolver estos movimientos masivos.
“Sí ha habido respuestas, pero son aisladas. Desde hace muchos años se esperaba un reconocimiento del Estado sobre este problema, para que las respuestas a nivel federal fueran replicadas por los estados también”, dijo la entrevistada.
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Los “avances”
Brenda Pérez, quien lleva casi 20 años involucrada en el tema, considera que es difícil valorar lo que hicieron los últimos tres presidentes sobre este problema, sin embargo nos compartió los principales avances:
- 2001-2002
La Relatoría Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas de la Organización de las Naciones Unidas realizó una visita a México y calificó la situación de “grave”. Sobre todo al sur de Chiapas, en Guerrero, Oaxaca e Hidalgo.
- 2004
Se organiza el Seminario Regional de Desplazamiento en las Américas para analizar a las personas emplazadas en la región. El evento le da mayor visibilidad al problema a nivel internacional.
- 2006-2012 (presidencia de Felipe Calderón Hinojosa)
“Hay un gran avance en cuanto a “visualización” del problema. A lo largo del sexenio la delegación mexicana (de la representación de Naciones Unidas), patrocinó proyectos de resolución sobre el desplazamiento interno en escenarios multilaterales”, nos cuenta Pérez.
“Es más una participación de protagonismo y en el que se presenta un proyecto de resolución, en el que se adoptan recomendaciones, como la atención a la población vulnerable y la población desplazada”, agregó.
- 2011
Ante el aumento de la violencia en el país se crea Províctima, el programa de Atención a Víctimas del Delito, que de acuerdo con la especialista, incluye la protección a las víctimas del desplazamiento, aunque no sea nombrado como tal el problema.
- 2012-2018 (presidencia de Enrique Peña Nieto)
- 2013
Se crea la Ley General de Víctimas.En opinión de la coordinadora del área de Desplazamiento Interno Forzado de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, no beneficiaba en nada a las víctimas por desplazamiento, que tampoco podían ser atendidas en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
- 2014
“A nivel internacional, México ya tenía protagonismo, pero esto no se traducía en lo doméstico. Hay un silencio absoluto en 2014. Ese año documentamos el desplazamiento masivo al Ejecutivo a través de un oficio”, dice Brenda Pérez.
- 2015
Se genera un grupo de trabajo derivado del documento que, Brenda Pérez y el área que encabeza, compartieron al gobierno. Lo encabeza la Unidad de Políticas Públicas en la Secretaría de Gobernación.
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El año siguiente, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos son llamados por el gobierno en turno para atender el problema.
“No queremos que esto nos explote en la cara también, dijo la entonces unidad de políticas públicas de derechos humanos, de la Secretaría de Gobernación”, reveló Brenda Pérez.
- 2016
“La Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó su informe. Sólo eso, no había voluntad política para darle seguimiento”.
- 2017
Hay reformas a la Ley General de Víctimas.
- 2018-2024 (presidencia de Andrés Manuel López Obrador)
Brenda Pérez nos aclara que, sin ninguna inclinación partidista o política, en este sexenio ha habido un avance importante.
- 2019
Una sentencia indica el reconocimiento de las familias víctimas de violaciones a sus derechos humanos, y que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas tiene la facultad de poder hacer un reconocimiento a las víctimas de violaciones, sin esperar el reconocimiento de instituciones de derechos humanos.
En abril de 2019, llega finalmente el reconocimiento de las víctimas de desplazamiento en el país.
Brenda Pérez nos compartió que la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos está buscando colaboración internacional para que avance el tratamiento a este problema.
¿Podrá el gobierno de AMLO ser constante en la atención de este problema?
