México
Foto: SRE
Destinan 15 millones de dólares para evitar penas de muerte de mexicanos en EU
México
Destinan 15 millones de dólares para evitar penas de muerte de mexicanos en EU
El costo legal de 61 sentenciados
08 Jun | 2019
Por: Juan Luis García
Muy Cierto
Destinan 15 millones de dólares para evitar penas de muerte de mexicanos en EU
El costo legal de 61 sentenciados
Jun 08, 2019
por: Juan Luis García
Muy Cierto
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Fue el último mexicano en ser ejecutado por el gobierno en Estados Unidos. Se trata del mexicano Roberto Moreno Ramos, de Aguascalientes. Vivió en Texas, Estados Unidos, por 48 años; los últimos 26 en la cárcel. En 1993 fue sentenciado a la pena de muerte por el homicidio de Leticia, su esposa, y sus dos hijos: Abigail de siete, y Jonathan, de tres. En noviembre del año pasado, tras una inyección letal, fue ejecutado Moreno por las autoridades de ese estado.

Días antes de la ejecución, Gregory J. Kuykendall, el abogado responsable de su defensa, pagado por el gobierno de México, se mostró derrotado. “La avenida legal para dar esperanzas es bastante estrecha", dijo a los medios.  

México paga al bufete de Kuykendall en Tucson, Arizona, 15.8 millones de dólares, a través de un contrato del que Cuestione tiene copia, para la defensoría legal de mexicanos en Estados Unidos. El contrato cubre el periodo de septiembre 2017 a mayo 2020.

Es decir, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ha gastado 179 mil pesos mensuales, en promedio, para tratar de evitar que cada uno de los 61 mexicanos condenados a la pena de muerte sean ejecutados en Estados Unidos.

El contrato entre la SRE y el abogado de Tucson es de 15 millones 800 mil dólares en un plazo de 32 meses, entre septiembre 2017 y mayo 2024. Y de acuerdo con el calendario de ministraciones, se le han asignado ya 10 millones 300 mil.

Foto: Especial

Estos contratos, entre la SRE y el bufete Kuykendall, se han refrendado desde al menos 2007. Entre ese año y hasta la fecha han sido ejecutados seis mexicanos: José Ernesto Medellín (2008), Humberto Leal (2011), Edgar Tamayo Arias (2014), Ramiro Hernández (2014), Rubén Cárdenas (2017) y Moreno Ramos (2018). La SRE no mide la efectividad del bufete con el que parece estar casada desde hace más de 10 años, y la dependencia ha dejado de publicar el número de casos en el que se evitó una sentencia de muerte.

“Sin duda que mantener un servicio legal, sin una evaluación rigurosa de los resultados siempre puede ser una mala decisión. El servicio, al paso del tiempo, puede ir decayendo”, dijo a Cuestione Édgar Cortez, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD).

El bufete cobra por sus servicios independientemente de si tiene éxito o no, “porque lo que se cobra es todo el trabajo que se lleva a cabo durante el proceso… El abogado va a cobrar de cualquier manera”, explicó Gilberto Santa Rita, experto en materia penal internacional de la Universidad Iberoamericana.

Proveedor ¿director del Programa de la SRE?

Aunque el abogado Kuykendall es un proveedor de la SRE, el propio contrato celebrado con esta dependencia lo define como “director” del Programa de Asistencia Jurídica a Casos de Pena Capital en Estados Unidos, es decir, dirige el mismo programa que lo emplea.

En el contrato previo, celebrado con el mismo bufete (2014-2017),  el Órgano Interno de Control de la SRE detectó, a través de la auditoría 2018001, de 2018, que el abogado reintegró 98 mil dólares, entre 2016 y 2017, a la cuenta del Programa (que él mismo dirigía), en vez de hacerlo al Consulado de México en Tucson, como correspondía, lo que constituyó una anomalía.

¿Por qué es necesario un programa?

México ha reclamado sobre las penas de muerte a su vecino país. El problema de los sentenciados llegó hasta a la Corte Internacional de Justicia de las Naciones Unidas, luego de que diversas irregularidades no fueran escuchadas por EU.

En el 2004, la Corte resolvió que 51 de los 54 mexicanos que estaban condenados a muerte en los EU carecieron de atención consular. Pese a que la Corte mandó a revisar las condenas, las autoridades de ese país han hecho oídos sordos a la resolución.

Pena de muerte a la baja

El número de ejecuciones por pena de muerte en EU, en general, se han reducido casi a la mitad en la última década: pasaron de 52 en 2009, a 25 en 2018. El 2019 parece continuar con esta tendencia, pues en los primeros cinco meses del año, sólo nueve personas había sido ejecutadas, de acuerdo con la organización Death Penalty Information Center. Ninguno de los programados es mexicano.

Desde el año 2000, nueve mexicanos han sido ejecutados en Estados Unidos, de acuerdo con un recuento hemerográfico hecho por Cuestione.

La pena de muerte no debería de existir, agregó Cortez, el especialista en Derechos Humanos consultado por Cuestione. ¿Por qué? Los procesos de justicia fallan en ocasiones, condenando a personas inocentes. Además, siempre es posible reintegrar a una persona a la sociedad, después de sufrir algún tipo de sanción, argumentó.

El Gobernador de California Gavin Newsom confesó a la prensa que no podía dormir al pensar que personas inocentes podrían morir bajo la pena de muerte. Así, a mediados de marzo suspendió las penas. A pesar de que ese estado aún contempla en sus leyes este castigo, el mandatario puede negarse a firmar ejecuciones y cambiarlas por sentencias de cadena perpetua, explicó a la agencia de noticias Reuters, el experto Ellen Kreitzberg de la Universidad de Santa Clara en California.

El número de condenados de muerte en el mundo disminuye cada año, a medida que más países se suman a abolirla de sus códigos penales (hasta el momento 142 de 193, reconocidos por las Naciones Unidas, lo han hecho, según Amnistía Internacional). México eliminó la pena de muerte de la Constitución en 2005, durante el sexenio de Vicente Fox (2000-2006) aunque, en la práctica, ya no se ejercía.  

México tiene la obligación legal (de acuerdo el artículo dos de la ley del Servicio Exterior Mexicano) de seguir defendiendo a sus ciudadanos, estén donde estén y sin importar de qué crímenes estén acusados.

¿Es correcto que México gaste tanto dinero en un solo despacho? ¿México debe defender a condenados a muerte?



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