Discursos de odio, el límite de la libertad de expresión

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¿Pedir a alguien que no llame feminazi a una activista por los derechos de las mujeres es limitar su libertad de expresión? Definitivamente no. La libertad de expresión es un derecho, pero cuando se invita a agredir, lastimar, descalificar o discriminar a otras personas por las razones que sean, deja de serlo y a eso se le conoce como discursos de odio. 

“Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”, de acuerdo con lo que establece el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.  

Pero hay restricciones. La Convención Americana de los Derechos Humanos ha dicho que el ejercicio del derecho a la libertad de pensamiento y expresión no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades posteriores que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: 

  1. a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás.
  2. b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral pública. 

Esta declaración -cuyo cumplimiento es obligatorio para México- también dice que estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional. 

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¿Qué es un discurso de odio?

Son expresiones destinadas a intimidar, oprimir o incitar al odio o la violencia contra una persona o grupo por su raza, religión, nacionalidad, género, orientación sexual, discapacidad u otra característica grupal.

De acuerdo con la Organización de los Estados Americanos, hay registro de este tipo de discursos desde la Alemania nazi y el Ku Klux Klan en Estados Unidos, hasta Bosnia en los noventa y el genocidio de Ruanda en 1994

En esas épocas se emplearon expresiones de odio para acosar, perseguir o justificar privaciones de los derechos humanos y, en un extremo, los asesinatos masivos. 

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Tras el Holocausto alemán, y con el crecimiento de Internet y de otros medios modernos que facilitan la divulgación de expresiones de odio, muchos gobiernos y organismos han tratado de limitar los efectos negativos de este tipo de discurso.

Sin embargo, estos esfuerzos chocan naturalmente con el derecho a la libertad de expresión garantizado por numerosos tratados, constituciones nacionales y legislaciones internas, de acuerdo con la OEA.

En México

La Constitución mexicana también garantiza el derecho a la libertad de expresión en el Artículo 6, que establece que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa.

Se garantizará este derecho, dice la ley, salvo en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público.

La clave está sobre todo en no afectar los derechos de terceros. ¿Qué derechos se podrían ver afectados cuando una persona insulta a otra persona o a un grupo? Varios: 

  • Derecho a la no discriminación, protegido por la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.
  • Derecho a la vida libre de violencia, protegido por la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

Eso sí, otros Relatores sobre la Libertad de Expresión han dicho que nadie debe ser penado por decir la verdad; nadie debe ser penado por divulgar expresiones de odio a menos que se demuestre que las divulga con la intención de incitar a la discriminación, la hostilidad o la violencia; debe respetarse el derecho de los periodistas a decidir sobre la mejor forma de transmitir información y comunicar ideas al público. 

En particular cuando informan sobre racismo e intolerancia, nadie debe ser sometido a censura previa, y toda imposición de sanciones por la justicia debe estar en estricta conformidad con el principio de la proporcionalidad.

Las fronteras parecen estar claras: si usas expresiones ofensivas contra una persona o un grupo estás violando sus derechos. Pero hay casos en los que esto no se entiende así:

Por ejemplo, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, ha recibido varias llamadas de atención de la Oficina de las Naciones Unidas y de otras organizaciones sociales a favor de la libertad de expresión por usar descalificativos como “fifi” contra la prensa mexicana.

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Pero, el mandatario ha dicho que sólo ejerce su derecho a la libertad de expresión. 

“Nunca he utilizado un lenguaje que estigmatice a los periodistas, yo quiero estigmatizar a la corrupción. Aquí, lo que hay es siempre un diálogo circular. Antes, no se acostumbraba eso. La prensa estaba sometida, con honrosas excepciones. Ahora, hay libertades plenas, y lo único que se hace aquí es informar a los ciudadanos”, dijo recientemente ante la pregunta de una periodista. 

Incluso, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, lo ha defendido en estas expresiones: 

Cuestionado al respecto de la palabra “fifi” en una mañanera del pasado 25 de marzo, Encinas dijo que “el presidente está en su derecho de emitir su opinión en un debate sano con los medios de comunicación”. 

Sin embargo, las quejas del presidente contra la prensa desató el 31 de octubre que se volviera viral el hashtag #PrensaProstituida, muchos de ellos surgidos en cuentas falsas y otros de usuarios reales de las redes sociales. 

En un país en el que las agresiones y amenazas contra la prensa es una constante de casi todos los días, ¿las “descripciones” como “prensa fifi” o “hampa del periodismo” realmente abonan a un debate sano?

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