Derechos Humanos, el gran pendiente
En México se resuelven sólo 1.14% de los delitos que se denuncian; en 2017 el país encabezó en América Latina la lista de países con más impunidad, de acuerdo con el Índice Global de Impunidad (IGI-2017).
A pesar de la urgencia que esto representa, el proceso de transición para conformar la Fiscalía General de la República (FGR), que traería un nuevo modelo de justicia (con mayor autonomía con respecto al Ejecutivo federal), presenta retrasos e irregularidades porque el actual gobierno federal no ha designado a fiscales claves ni ha podido garantizar el cumplimiento de esta norma.
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Luego de debatir en el Congreso distintos modelos de justicia desde 2014, se publicó en diciembre pasado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Ley Orgánica de la FGR (que reglamenta el funcionamiento de esa institución), pero estos son los temas en los que aún prevalecen pendientes:
-Faltan nombramientos
El gobierno actual recibió a un país en crisis de Derechos Humanos (DH) por casos de tortura, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, y otras violaciones, según han declarado distintos procedimientos de las Naciones Unidas.
Sin embargo, el nuevo gobierno federal no ha designado a nadie para que ocupe el cargo de Fiscal de DH, cuya designación tendrá que darse a más tardar el 19 de julio, de acuerdo con los transitorios de la Ley Orgánica.
Según un pronunciamiento del colectivo #FiscalíaQueSirva (formado por organismos de la sociedad civil), éste sería uno de los cambios fundamentales en la creación de la nueva FGR porque es la primera vez que el país tiene una área con esa especialización.
Además, la fiscalía de DH fue una exigencia de la ciudadanía frente a las más de 40 mil personas desaparecidas, 26 mil cuerpos sin identificar y al menos 10 feminicidios por día, según datos de Amnistía Internacional.
¿Quién debe encabezar la fiscalía de DH?
La ley orgánica exige a alguien con trayectoria en la administración y procuración de justicia, con un historial sin corrupción, conflictos de interés, violaciones a DH o algún otro tipo de delito; además, debe garantizar que trabajará con víctimas y con grupos vulnerables, y que habrá objetividad y autonomía de las investigaciones.
Apenas el pasado 15 de julio, la FGR publicó en el DOF la instalación de esa Fiscalía. Aún debe realizar un perfil de las y los candidatos, hacerlo público, lanzar una convocatoria y escuchar la opinión de las víctimas y la ciudadanía.
De la misma forma, el gobierno federal no ha designado a la o el titular del Centro de Formación y Servicio Profesional de Carrera. Según #FiscalíaQueSirva, esta designación es clave para implementar el Servicio Profesional de Carrera, es decir, el sistema a partir del cual se tendrían que realizar las contrataciones del personal de la Fiscalía.
México tiene 8.4 fiscales por cada 100 mil habitantes, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Sin embargo, la organización Impunidad Cero establece que, por lo menos deberían contar con 13 fiscales por cada 100 mil habitantes.
-Incumplimiento de normativa
La FGR ya inició el nombramiento de titulares de otras fiscalías especializadas.
Sin embargo, de acuerdo con el colectivo #FiscalíaQueSirva no respetó el procedimiento establecido en los artículos 102 de la Constitución y los artículos 22, 23 y 24 de la Ley Orgánica, que establecen nombramientos con base a méritos y capacidades para ejercer el cargo; también señala que Fiscal General debe enviar al Senado de la República una comunicación en la que exponga las razones que sustentan la designación.
Las organizaciones de la sociedad civil también denunciaron que se crearon nuevas estructuras orgánicas pero sin una estrategia para su diseño y activación, como pide la ley que se haga.
– Corrupción
El colectivo #FiscalíaQueSirva dijo estar especialmente preocupado por el caso Odebrecht (una investigación en México y otras partes del mundo por corrupción que involucra a altos funcionarios y la empresa brasileña), ya que “se debe prevenir cualquier duda sobre el actuar imparcial y ético por parte de la justicia mexicana”.
Pero, el pasado 27 de junio, Animal Político y Quinto Elemento revelaron que el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, y Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, han utilizado los servicios del mismo abogado: Javier Coello Trejo.
Coello representa a Gertz Manero por la muerte de su hermano Federico Gertz Manero (que habría sido asesinado), y a Lozoya por presunto lavado de dinero.
Por ello, las organizaciones exigen que el Fiscal General: 1) haga pública su declaración de interés y transparente los alcances de su vínculo con el abogado Coello; 2) revoque el poder otorgado al mismo abogado; 3) dé vista a las autoridades competentes para realizar la investigación que corresponda sobre el actuar de personas que siendo servidores públicos de la Fiscalía hubieran continuado con actividades profesionales incompatibles con su cargo.
¿Por qué debería importarnos?
La nueva FGR tiene como fines la investigación de los delitos y el esclarecimiento de los hechos; otorgar una procuración de justicia eficaz, efectiva, apegada a derecho, que contribuya a combatir la inseguridad y disminuirla; la prevención del delito; fortalecer el Estado de derecho en México y procurar que el culpable no quede impune.
Así como promover, proteger, respetar y garantizar los derechos de verdad, reparación integral y de no repetición de las víctimas, ofendidos en particular y de la sociedad en general.
