El secuestro golpea a toda la sociedad, no solo a los ricos

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COVID-19 es lo único que lo detiene

Solo la epidemia de COVID-19 logró disminuir el número de secuestros en el país. De enero a mayo de este año, al menos dos personas fueron secuestradas, en promedio, cada día. 

Eso es la mitad de las cuatro que fueron víctimas de este delito en el mismo periodo de los últimos dos años, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNP).

Esto demuestra que no sólo secuestran “al que tiene”, como dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador a mediados de junio. 

Si bien en los años 80 y 90 del siglo pasado, las víctimas de secuestro solían ser personas de alto poder adquisitivo, este delito se ha venido reconfigurando y, ahora, el rescate exigido puede ser de tan solo unos pocos miles de pesos, explicó Pablo Carstens, consultor en seguridad y manejo de crisis en secuestros, en entrevista con Cuestione.

“El perfil de las víctimas ha bajado, los cobros de rescate son mucho menores, no secuestran a los que tienen más dinero y ahora los secuestros se dan hasta en el transporte público. El mensaje del presidente minimiza este delito. Es como si no estuviera dispuesto a combatirlo, además culpa a las víctimas porque ‘quien les manda ser ricos’; también justifica que delincuentes sigan secuestrando personas solo por tener más recursos económicos”, abundó el especialista en secuestro.

¿Bajó el secuestro?

En 2019, el primer año completo de la nueva administración federal, se contabilizaron 1,619 víctimas de secuestro, 60 más que en 2018, de acuerdo con cifras oficiales del SESNSP. Sin embargo, el panorama podría ser mucho peor. 

Se estima que para el delito de secuestro, la cifra negra es de 91.2%, es decir, que por cada 10 secuestros, solo uno es denunciado, explicó Pablo Carstens. 

Lo anterior parece reafirmarse con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), que arroja 79,315 secuestros, en 2018; 77,756 casos más que las contabilizadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNP) en ese mismo año.

Las víctimas directas (quienes son secuestrados) y las indirectas (sus familiares) no acuden a denunciar por la poca confianza en el sistema judicial, lo que es respaldado por el bajo número de sentencias condenatorias por el delito de secuestro. Así lo explicó José Antonio Álvarez, investigador de seguridad de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 

La Ley General para Prevenir y Sancionar el Delito del Secuestro (vigente desde hace 10 años) establece los tipos y penas para perseguir este delito en todo el país. Sin embargo, cada estado decide la manera en la que lo previene e investiga.

Morelos, Zacatecas, Aguascalientes, Quintana Roo y Veracruz,  son los estados con las tasas más altas de secuestros, de acuerdo con el SESNP.

La falta de investigación, seguimiento y persecución de este ilícito impide que disminuyan los indicadores de secuestro, y las investigaciones terminan cuando la víctima es recuperada y las familias, por miedo, ya no quieren denunciar. Las personas dedicadas al secuestro siguen en la calle, añadió Álvarez.

Pobres y secuestrables

Seis de cada 10 secuestros se realizan en modalidad exprés. Este tipo de secuestro se caracteriza porque el criminal busca obtener su pago en el menor tiempo posible, por lo que los montos de rescate suelen ser menores a los 20 mil pesos, o incluso, conformarse con lo que puede obtener en un par de horas directamente de la víctima (llevándola a cajeros bancarios a retirar dinero de sus tarjetas), explicó Carstens. 

Desde hace 30 años, el secuestro ha cambiado de forma y las víctimas pueden ser cualquier persona. Además, ahora los delincuentes son más violentos, añade Carstens.

Entre las diferentes modalidades de secuestro se encuentran las siguientes:

El endurecimiento de las penas, que van desde los 40 hasta los 100 años en prisión, tampoco ha logrado disminuir la sustracción de personas, coincidieron Álvarez y Carstens. Así, en los últimos cinco años han secuestrado a más de siete mil personas (casi la misma capacidad del Auditorio Nacional), según datos del SESNP.

“Repito, no secuestran a un pobre, secuestran al que tiene”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, el 12 de junio pasado al anunciar una gira de trabajo por Veracruz, Tlaxcala, Puebla, Pachuca y Morelos, que irónicamente, y con excepción de Puebla, están entre los 10 estados que más secuestros registran en México.

Por el momento,  la pandemia logró lo que no han podido las estrategias de combate a este delito: bajar el número de plagios. Pero con la crisis económica que viene después del COVID-19, ricos y pobres podríamos ser secuestrados.

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