Gonzalo Hernández Licona recibió un aviso en la oficina en la que había permanecido durante 13 años consecutivos, desde donde evaluó las políticas públicas durante dos sexenios. El economista José Nabor Cruz lo sustituye como titular del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
El mismo presidente, Andrés Manuel López Obrador, lo había ordenado así mediante un oficio. La nueva secretaria de Bienestar, María Luisa Albores, fue quien hizo la propuesta de su reemplazo. El anuncio tal vez cambiaría la dirección de un aspecto central del país: la forma en la que se mide la pobreza de la población y el impacto de la política social del país.
El aviso
Cinco días antes de recibir la noticia, el exfuncionario escribió en su columna semanal de Animal Político una crítica a los actuales ajustes presupuestales. En el texto advirtió que los recortes resultarían, en las próximas semanas, en el fin del funcionamiento del Coneval.
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El 24 de julio, un día después de la destitución, López Obrador fue cuestionado por los medios de comunicación al respecto. El mandatario respondió: “Terminó su ciclo. Me planteó la secretaria de Bienestar que consideraba que ya era tiempo de que se hicieran los cambios ahí. Le dije que sí, que lo fuese viendo, (…) No es cierto que haya sido porque escribió en contra de la austeridad”, sentenció.
¿Y fueron así las cosas? Hernández Licona coincidió con el presidente en diversas entrevistas al decir que su despido estaba previsto antes de que saliera su columna pero, aclaró, la razón no fue su longevidad al frente de la institución sino las tensiones que ya había entre él y el gobierno federal por los recortes al presupuesto.
Hernández Licona aseguró a El País: “Lo venía diciendo desde hace dos meses (…) Los recortes pueden afectar gravemente a la institución”. Ahí también declaró que durante ese tiempo, el funcionario intentó reunirse con la secretaria de Bienestar para tratar el problema presupuestario, pero no obtuvo respuesta.
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Adiós, Coneval
En su carta de despedida, declaró: “El trabajo en Coneval quizás ha sido el mejor de mi vida (…) de lo que sí me puedo quejar es que el Coneval no tenga herramientas para seguir su labor en el futuro. Que el Secretario Ejecutivo se vaya no tiene mucha relevancia, pero los procesos presupuestales e institucionales sí la tienen”.
En el último respiro como secretario Ejecutivo, el exfuncionario insistió en que aplicar un recorte del 20% del costo de la estructura, eliminar las Direcciones Generales Adjuntas y reducir el presupuesto de Estudios e Investigaciones, afectaría “gravemente” a la institución.
Para rematar, dijo que el Coneval no se niega a la austeridad, pero que ésta debe ser diferente.
¿Cómo sería? Entre sus últimas acciones el ex secretario general de este organismo publicó el documento Consideraciones para el Proceso Presupuestario 2020, en el que analiza y hace una serie de recomendaciones sobre distintos programas sociales que han sido afectados con los recortes.
En su carta, Hernández Licona también celebró que a pesar de que él deja el cargo, continuarían trabajando las seis personas del Sistema Nacional de Investigadores que integran el Comité Directivo, quienes sólo pueden ser removidas por el Congreso de la Unión y son quienes toman las decisiones técnicas y administrativas.
“El Secretario Ejecutivo puede cambiar 100 veces, pero la ruta la marcan los consejeros académicos. Ellos sí son el pilar de la institución. Ellos son el escudo que permite la independencia y la autonomía técnica y de gestión”, señaló el exfuncionario.
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Entonces…
La mañana de este 25 de julio, el presidente respondió -a pregunta expresa- que no descarta desaparecer el Coneval, “porque la verdad abusaron con la creación de estos organismos, crearon aparatos onerosos sin beneficio, llenaron de oficinas, de instituciones supuestamente autónomas e independientes”.
El Coneval es un organismo público, con autonomía y capacidad técnica para generar información objetiva sobre la situación de la política social y la medición de la pobreza en México. Con base en sus datos, las instituciones de gobierno toman decisiones para el desarrollo de la política pública.
Su función es normar y coordinar la evaluación de la Política Nacional de Desarrollo Social y las políticas, programas y acciones que ejecuten las dependencias públicas; y establece los lineamientos y criterios para la definición, identificación y medición de la pobreza, garantizando la transparencia, objetividad y rigor técnico en dicha actividad.
