Pone en peligro a las víctimas
Cuando se realiza una investigación de carácter judicial, en donde hay un demandante o víctima y un acusado, hay datos que deben de permanecer en secreto.
Es información que sólo la deben de conocer quienes exigen justicia o reparación del daño y las autoridades que investigan el caso, que tienen la obligación de guardar sigilo procesal. Es decir, no hacer públicos los datos del caso y mantener silencio hasta que el juez tenga la resolución.
“Sigilo es el nivel de secrecía (secreto/silencio) que debe de haber en ciertas actuaciones dentro de un procedimiento penal”, dijo Arturo Luis Cossío Zazueta, catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, a Cuestione.
Por ejemplo, cuando se gira una orden de aprehensión, es una orden o mandamiento que hace el ministerio público a un juez, sin que intervenga la defensa, por razones obvias. Si la defensa se entera de que hay una orden en contra del acusado, se podrá esconder, o huir.
Cossío Zazueta explicó que en derecho y en el sistema penal mexicano, cuando se gira una orden de arresto, el momento en el que se debe de enterar el acusado es cuando se ejecuta la orden, no antes. Esto quiere decir que no se manda una notificación ni se le adelanta nada.
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¿Qué tanto se hace en México? ¿Y qué objeto tiene?
En México, durante los últimos dos años, hemos visto diversos casos de investigaciones que son anunciadas o “adelantadas” por diversas dependencias como la Unidad de Inteligencia Financiera o la Secretaría de la Función Pública.
Estos adelantos, podrían considerarse como un problema para concluir el proceso judicial o la oportunidad de que la ciudadanía demande más resultados de la investigación, como anteriormente lo explicamos en esta nota.
Lo cierto es que, estos adelantos o quebrantos del sigilo, no son normales.
“Cuando a ciertos funcionarios se les pregunta sobre una investigación que les compete, no dan información porque te dicen que es una investigación en curso. Eso es lo correcto”, dijo el abogado Arturo Luis.
Santiago Nieto y Gertz Manero
El 10 de julio Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República, dijo que la Unidad de Inteligencia Financiera, viola la ley cuando congela cuentas y acusó a su titular, Santiago Nieto, de querer dar “show” a la prensa, en vez de resultados.
“Últimamente ha tenido mucho reflector el debate entre estos dos titulares, ahí podríamos hablar de que lo que nos han dado mucho son informes sobre algunas investigaciones, que han llevado a ciertos aseguramientos o congelamiento de cuentas, pero que no se han visto, segun lo que decía el fiscal, traducidos a procedimientos ya judicializados”, explicó el experto.
Lo que también se tiene que entender, agregó el abogado, es que la Unidad de Inteligencia Financiera no depende de la fiscalía, ni es la encargada de integrar una investigación por un delito. Ellos vigilan supuestamente comportamientos ilegales o irregulares en el sistema financiero. Y de ahí hacen la denuncia correspondiente.
Gertz Manero acusa de hacer anuncios a Santiago Nieto, pero el fiscal también revela sus filtraciones, incluso, podría estar rompiendo el sigilo procesal, como en el caso de Lydia Cacho.
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¿Falta de sensibilidad o de entendimiento?
El 14 de julio, la periodista Lydia Cacho explicó en el noticiero de Carmen Aristegui que el fiscal Gertz Manero rompió el sigilo de su juicio en contra del empresario textil, Kamel Nacif y el exgobernador de Puebla, Mario Marín.
Pero el argumento bajo el que respaldó la periodista esta afirmación, fue que Alejandro Gertz Manero no entendía el nuevo sistema de justicia penal procesal en México.
“¿Por qué digo esto?, porque insistentemente el fiscal da argumentos que ya no son válidos para el sistema de justicia penal mexicano. El primero es que insistía que los ministerios públicos son los que deben de llevar las pruebas. En realidad son las víctimas las que deben de presentar estas pruebas y lo hemos hecho a lo largo de los años”, dijo Lydia Cacho.
Días antes, Gertz Manero sostuvo una conversación con Eduardo Buscaglia, especialista en temas de delincuencia organizada, en la que “adelantó” que ya contaban con una orden de aprehensión en contra de un empresario de origen libanés. Después, medios de comunicación confirmaron que se trataba de Kamel Nacif, quien es buscado por las autoridades por los cargos de tortura y violación de derechos humanos contra Lydia Cacho.
Ante las declaraciones, la periodista publicó en sus redes sociales que ese hecho, más que ayudar al caso, había arruinado las negociaciones que ella, autoridades diplomáticas del país y libanesas, estaban realizando para hacer una extradición sin contar con un Tratado de Extradición.
“El hecho de que él (Gertz Manero) haya hablado de esta estrategia para la extradición fue lo más grave. Admitieron que había una estrategia de extradición. Están rompiendo las reglas del sigilo, de un caso tan delicado en contra de la delincuencia organizada, aunque siguen sin aceptar que lo es”, explicó Cacho en el noticiero de Carmen Aristegui.
¿Lydia Cacho está en peligro por lo que dijo Gertz Manero?
La autora del libro “Los demonios del Edén” se encuentra autoexiliada desde el 3 de agosto del 2019, luego de que ingresaron a su casa y mataron a sus perros, robaron partes del trabajo periodístico relacionado con el caso de Kamel Nacif y la trata de niños y niñas que ha documentado desde hace 20 años.
El autoexilio se debe a que los acusados en su proceso siguen libres. Pero desde su exilio ella continuaba trabajando en una negociación para lograr la extradición de Kamel Nacif al país.
“El proceso de extradición es sumamente complejo sin un tratado. Lo que señala que el fiscal Gertz Manero sí incurrió en una falta al sigilo, faltó prudencia en un debate en el que se enfrascó. No venía al caso que se mencionara”, señaló Leopoldo Maldonado, subdirector de Artículo 19.
Maldonado afirmó que esta falta al sigilo sí pone en aviso a los acusados y que debido a la influencia que tienen tanto Kamel Nacif, como sus cómplices en el país, el nivel de confidencialidad debe de ser mayor. Es por ello que el riesgo para la acusante (Lydia Cacho) es mayor.
Si las mismas autoridades ponen en riesgo los juicios y las demandas que la ciudadanía interpone, ¿a qué métodos tenemos que recurrir para que se ejerza el derecho como lo establecen las leyes?
