Irma Sandoval tiene unos datos y la Secretaría que dirige, otros

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Hace unos días la titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval, presumió que en los siete meses de la nueva administración de Andrés Manuel López Obrador se abrieron 17 mil investigaciones por corrupción en el servicio público y se sancionaron a más de mil 426 burócratas. Pero en Cuestione encontramos otros datos.

Según el reporte de Servidores públicos sancionados de la misma SFP –actualizado al 16 de julio– en lo que va del sexenio de López Obrador sólo hay cinco servidores públicos sancionados –y no los mil 426 que mencionó Sandoval– por la dependencia, tres de ellos, incluso, comenzaron a ser investigados en 2016, de acuerdo con sus números de expediente. 

La titular de la SFP dio otros datos esta semana en una entrevista, en donde aseguró que están en curso mil 985 investigaciones por presuntos actos de corrupción y que, además, ya se fincaron 123 sanciones económicas y 502 inhabilitaciones a personas en el servicio público. Es decir, presentó otros datos a los que ya había dado hace apenas una semana.

La SFP sí ha sancionado a un total de mil 281 burócratas, pero desde 2013 a abril de 2019, según el reporte antes citado. Cuestione solicitó una entrevista con la SFP para conocer el origen de los datos de la secretaria Sandoval, sin que hasta el momento de esta publicación haya obtenido una respuesta.

Entre las causas por las que una persona en el servicio público puede ser sancionada por faltas administrativas están: abuso de funciones, conflicto de interés, tráfico de influencias, contratación indebida y soborno, de acuerdo con Ley General de Responsabilidades Administrativas, y es la SFP la encargada de ejecutar estas sanciones.

¿Cuándo se convierte una sanción en un delito?

Cuando se trata de un delito, como peculado, desvío de recursos, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, la SFP da parte a la Fiscalía General de la República (FGR), para que investigue y, en caso necesario, se procese penalmente. 

Desde que la SFP levanta una investigación por una presunta falta administrativa pueden pasar años para que se llegue a una sanción, lo mismo pasa cuando se turna a la FGR para que se investigue como un probable delito, explicó a Cuestione Marco Cancino, politólogo de organización ciudadana Inteligencia Pública.

Lo malo es cuando pasa todo este tiempo y, al final, no se sanciona a nadie: ”Después de años…  los funcionarios públicos no son sancionados, no porque no sean responsables, sino porque la investigación y el expediente fueron integrados de manera inadecuada”, considera Cancino. 

El combate a la corrupción es uno de los objetivos principales de la administración de López Obrador y para ello contará con el Sistema Nacional Anticorrupción (impulsado en el sexenio pasado) para vigilar que se cumplan las sanciones a las y los servidores públicos que cometan ilícitos. 

¿Cuántas de estas sanciones realmente se castigarán?

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