Trata de personas encubierta, el fondo
En 2006, la periodista Lydia Cacho presentó una denuncia por tortura y violaciones a sus derechos humanos en contra de cuatro empresarios y autoridades, incluyendo el exgobernador de Puebla, Mario Marín y el empresario Kamel Nacif Borge.
A 15 años del caso sólo hay una persona en la cárcel y una red de trata de personas y pornografía infantil que no han sido investigadas a fondo.
¿Por qué ha durado tanto este proceso judicial? ¿Por qué hay tan pocos resultados?
Para conocer las respuestas, preguntamos a Artículo 19, la organización que ha representado y apoyado a Lydia Cacho en su paso por los juzgados en México para exigir justicia y más avances.
“Las investigaciones no han arrojado absolutamente nada. Y eso la mantiene en peligro. Hay reportes de que Mario Marin se pasea por Puebla sin que nadie lo detenga y Kamel Nacif tiene un enorme poder corruptor en México”, explicó Leopoldo Maldonado, subdirector de Artículo 19.
Al poder y a la influencia que tienen los acusados por la periodista, se suma también la falta de voluntad política, según describe Arturo Elías Cossío, abogado y académico de la Universidad Nacional Autónoma de México.
“Aparentemente, las cosas estaban claras desde un principio. Desde que se denunció la manera en la que fue detenida y trasladada. En aquel tiempo estaba involucrado el gobernador de Puebla y a lo mejor fueron intereses políticos”, nos advierte Elías Cossío.
Este año, el caso volvió a ser noticia debido a que Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República, declaró en una entrevista a Radio Fórmula que ya había solicitado la extradición del empresario textilero Kamel Nacif Borge, con el fin de que enfrentara la justicia mexicana por la tortura a Cacho.
“Cuando nosotros llegamos, ese era un asunto que era muy doloroso y que volvimos a retomar porque se había perdido”, dijo Gertz Manero el 9 de julio.
Pero Leopoldo Maldonado, de Artículo 19, negó que el caso se hubiera perdido, que estuviera detenido o que hablar de una extradición fuera un favor de la actual administración.
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No es ninguna “graciosa” concesión de este gobierno
La denuncia que Lydia Cacho presentó en contra de quienes ejercieron tortura en contra de ella, fue realizada dos o tres meses después de que fue arrestada en Quintana Roo y trasladada hasta Puebla por agentes judiciales del mismo estado.
El documento señala como autores intelectuales de este hecho al gobernador de Puebla, Mario Marín, al empresario Kamel Nacif Borge; a Hugo Adolfo Beltrán, exdirector de la entonces Policía Judicial del estado de Puebla y a Juan Sánchez Moreno, excomandante para el cumplimiento de Mandamientos Judiciales de la entonces Procuraduría General de Justicia de Puebla.
Pero fue hasta el 11 de abril de 2019 cuando un juez en Quintana Roo liberó las órdenes de aprehensión en contra de los autores intelectuales, como resultado de que la periodista y una red de apoyo -compuesta por organizaciones nacionales e internacionales- insistieron por todas las vías legales, para que procedieran en contra de los culpables en el caso.
“Se ha presentado la información de que el caso se reactivó cuando llegó el fiscal Gertz Manero, pero no es así, el caso se mantiene vigente gracias a la lucha y a la búsqueda de justicia de Lydia Cacho. Gracias al trabajo de redes de apoyo de organizaciones feministas, de protección a la infancia, de Artículo 19, que defendemos la libertad de expresión”, dijo Leopoldo Maldonado.
El subdirector de Artículo 19, aclaró que el caso tuvo un gran avance en 2018, cuando el Comité de Derechos Humanos de la Organización Nacional de las Naciones Unidas, señaló que el Estado mexicano era responsable por violaciones a los derechos humanos de Lydia Cacho.
“Ahí fue cuando se reactivó la investigación”, afirmó Leopoldo Maldonado.
El pronunciamiento del Comité fue contundente: “es inaceptable que los primeros procesados lo hayan sido desde hace siete años”, agrega Maldonado.
“Resulta preocupante que ahora se pretenda presentar como que es un favor, como que es una concesión graciosa el hecho de que el caso, dicen ellos, se reabrió, en realidad, formalmente, nunca se cerró”.
El caso nunca se detuvo
Después del dictamen de la Organización Nacional de las Naciones Unidas, el 27 de noviembre del 2018, tres días antes de que concluyera el gobierno de Enrique Peña Nieto, un juez de Quintana Roo ordenó el arresto de Mario Marín, Kamel Nacif, Juan Sánchez Moreno, Adolfo Karam y cuatro policías más.
Pero un Juez de Distrito de esa entidad negó las órdenes de aprehensión dirigidas a los autores intelectuales.
En abril de 2019, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración; y la secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, reconocieron que el Estado mexicano había fallado en el caso y ofrecieron una disculpa pública.
Después de este anuncio, el Primer Tribunal Unitario Federal de Cancún, revocó la decisión y giró las órdenes de aprehensión.
“Ahora son prófugos”, dijo Leopoldo Maldonado.
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El caso de trata no atendido
Desde que Lydia Cacho presentó la denuncia por tortura en 2006, el caso judicial que buscaba resolver, resarcir y castigar a los culpables de los crímenes en su contra, tuvo diversas trabas.
En opinión de Leopoldo Maldonado, subdirector de Artículo 19, esto se debe a que los involucrados no sólo son políticos, sino que forman parte de redes criminales.
El primer tropiezo fue que la Suprema Corte, en ese entonces, no se pronunció sobre las redes de trata y de explotación infantil que la periodista dio a conocer en el libro “Los demonios del Edén”.
La publicación de este texto contribuyó a la sentencia en contra de Jean Succar Kuri, el empresario arrestado por múltiples demandas de menores que sufrieron abusos por parte de él y su red de cómplices. La sentencia final fue de 112 años de prisión por los delitos de pornografía infantil y corrupción de menores.
“No ha habido mayor avance. El trasfondo del caso de Lydia Cacho es justo lo que publicó. En este caso, quisieron acabar con la mensajera, pero el mensaje es brutal: las redes que existen en México de trata de niñas, niños y adolescentes”, agregó el subdirector de Artículo 19.
Para Arturo Elias Cossío, académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, la tardanza en avanzar y resolver este caso “no es normal”.
Elias Cossío explica que existen muchos casos, con mayor complejidad (en el sentido de la obtención de pruebas y localización de culpables), que se resuelven de forma muy rápida.
“Además debieron de haber sido más complejos en la investigación, es diferente el sistema acusatorio (el sistema judicial vigente en México), que el sistema anterior, también hay que decirlo, aunque no podemos establecer una regla para decir cuánto pueden tardar”, explicó el abogado.
Otra de las noticias que ensombrece el avance del caso de Lyda Cacho y esta red de pornografía infantil en el país, es la revisión de la sentencia de 112 años de prisión en contra de Jean Succar Kuri.
El fallo no lo deja en libertad, pero a raíz de un amparo solicitado por el acusado, un tribunal colegiado ordenó la revisión del aumento de la condena en enero de 2020. Este fallo exige que se justifique jurídicamente el aumento de la pena recibida en el 2016.
¿Será que esta administración resuelva por fin este caso?, ¿o será más grande el poder corruptor de los prófugos?
