La deuda de México con los migrantes sigue creciendo

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Frente a la oleada de caravanas migrantes el año pasado, el gobierno de México decidió que mantendría una política de “puertas abiertas”. Tan abiertas, que el número de tarjetas por razones humanitarias se duplicó de 2018 a 2019, al pasar de unas  17 mil a más de 36 mil, de acuerdo con la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación (Segob). 

La ley migratoria mexicana establece que esas tarjetas son para personas extranjeras que fueron víctimas o presenciaron un crimen en México, son solicitantes de asilo y que han padecido emergencias humanitarias (como podría ser un desastre natural, guerra u otra). Sin embargo, en 2019 las tarjetas por razones humanitarias se repartieron “a diestra y siniestra”, como parte de un plan emergente, dijo a Cuestione la abogada de derecho migratorio mexicano del Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI), Margarita Juárez. 

Con estas tarjetas las personas migrantes tendrían una Clave Única de Registro temporal y así podrían acceder a trabajo, salud y educación. “Fue una solución a medias” porque durante la entrega ni siquiera se les explicó la manera de renovar la tarjeta, tampoco sus derechos y obligaciones al obtenerla; y las tarjetas, que tienen un año de vigencia, están a punto de vencer. Nadie sabe a ciencia cierta si las personas migrantes obtuvieron todos estos beneficios, añadió Juárez.

Cuestione preguntó a las secretarías de Relaciones Exteriores, de Bienestar y de Gobernación sobre el seguimiento a las personas migrantes en nuestro país, sin embargo, ninguna de estas dependencias dio una respuesta clara. Por ejemplo, la Secretaría de Bienestar, que se encargaría de la atención social de estas personas, no pudo precisar datos como la nacionalidad o el número de personas beneficiadas de programas de apoyo.

Sin embargo, un informe de la dependencia detalló que mediante el Programa para el Bienestar de las Personas en Emergencia Social o Natural, atendería a las personas migrantes. De acuerdo con el informe de labores de la dependencia, se contabilizaron más de cuatro mil personas migrantes en esta situación, pero solo poco más de 500 habían sido integradas en actividades laborales.

Además, cada dependencia tuvo sus propios datos. Así, la Secretaría de Relaciones Exteriores refería que había entregado poco más de 13 mil tarjetas entre enero y febrero de 2019, cuando se realizó la distribución emergente de estos documentos migratorios. La Secretaría de Gobernación, por su parte, detalla que en esos mismos meses se entregaron más de 18 mil. 

De octubre de 2018 a octubre de 2019 se entregaron más de 45 mil tarjetas de visita humanitaria; más de 50% fueron para personas provenientes de Honduras; 38% fueron para salvadoreñosvenezolanos y guatemaltecos. Llama la atención que durante ese lapso también la solicitaron personas británicas y suizas. Lo anterior, de acuerdo con información de la Secretaría de Gobernación, solicitada por Cuestione, vía transparencia.

Presión de EU

En octubre de 2018, cuando comenzaron a arribar las primeras caravanas de personas centroamericanas, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador les prometía oportunidades de trabajo y apoyo para todos. No lo cumplió. 

Entre enero y febrero de 2019, ya como presidente, López Obrador ofreció la entrega de tarjetas de visita por razones humanitarias a las personas migrantes que lo solicitaron entre enero y febrero de ese año; luego, se dió por concluida la entrega emergente de estos documentos. 

La distribución de estas tarjetas disminuyó una vez que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump amenazó con subir aranceles si México no lograba detener el flujo migratorio.

Las presiones de Estados Unidos para detener el flujo de personas migrantes dieron paso a los Protocolos de Protección al Migrante, una iniciativa del presidente de ese país para que los solicitantes de asilo que entran a EU a través de México, permanezcan en México mientras avanza su proceso de solicitud.

La iniciativa estadounidense, que se conoce como “Quédate en México”, ha contabilizado a 51 mil 407 personas, entre finales de enero y octubre del año pasado, que seguían esperando una resolución de asilo por parte del gobierno de EU. 

Donald Trump pretendía que México fuera un “tercer país seguro”Pero México, que se ubica en el doceavo lugar de los países más violentos del mundo, según la Organización de las Naciones Unidas, está lejos de ser un país seguro, ni para sus propios habitantes, ni para las personas migrantes. 

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Perdidos en México

Estas personas, con todo y tarjetas de visita humanitaria no reciben acceso a programas de salud, educación, ni trabajo; además, son víctimas de discriminación: “hay reiterados casos de problemas en cuanto integración de niños y niñas migrantes a la escuela”, dijo a Cuestione la investigadora regional para Amnistía Internacional, Madeline Penman. 

El gobierno mexicano no ha mostrado capacidad de atender de manera integral a las poblaciones migrantes que atraviesan el país, añadió Penman. 

En 2019 fueron detenidas 179 mil personas migrantes en México que no pudieron acreditar su situación migratoria según la Secretaría de Gobernación. Casi la mitad de las 450 mil que se estima que cada año cruzan el país tratando de llegar a Estados Unidos. Ese mismo año, fueron repatriadas poco menos de 194 mil personas, de acuerdo con la Segob.

México no se ha caracterizado por ser un país hospitalario con las personas migrantes. Siempre les ha quedado mucho a deber, y este año, las deudas podrían incrementar, porque las personas centroamericanas siguen queriendo alcanzar como sea el sueño americano.

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