“El gobierno mexicano sabía tanto como nosotros, si no es que más (respecto a los vínculos de Genaro García Luna con el Cártel de Sinaloa), y nunca tomó acciones en su momento y por ello encuentro un poco ingenuo culpar a Estados Unidos por no tomar medidas”, dijo Roberta Jacobson, exembajadora de Estados Unidos en México, en entrevista con el periodista Jesús Esquivel de la revista Proceso.
Jacobson no es ninguna improvisada sobre temas entre México y Estados Unidos. Desde 2002 (en el gobierno de Vicente Fox) y hasta 2018 (con Enrique Peña Nieto) fue un eslabón importante entre las dos naciones: estuvo al frente del “Mexican Desk”, del Departamento de Estado; instrumentó la Iniciativa Mérida; entre otras ocho posiciones relacionadas con nuestro país.
El expresidente Felipe Calderón Hinojosa, quien no termina de deslindarse de quien fuera su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, arrestado en Estados Unidos por presuntamente dar protección al Cártel de Sinaloa hizo llegar una carta a Proceso –que también compartió en Twitter– con cinco “precisiones”.
Una de estas precisiones señala: “La embajadora no provee información nueva, sino que corrobora lo que hemos dicho: que había rumores o información que nunca fueron confirmados”.
Después de la respuesta de Calderón, Jacobson tuiteó el domingo por la noche que para “ser claros” sobre lo que había dicho, aunque no era información corroborada, “en cualquier ambiente con tantos rumores, uno siempre debe ser precavido para trabajar con oficiales”.
“Culpar a Estados Unidos por datos que poseía y sugerir que el gobierno de México no tenía la misma información sobre la corrupción o problemas de un funcionario, probablemente es tan inocente y peor, francamente, que una duplicidad”, agregó Jacobson en la entrevista.
Lo que dejan claro, tanto la entrevista a Jacobson como la carta de Calderón, es que ambos países –Estados Unidos y México– sabían de los indicios sobre la relación entre el “zar antidroga” mexicano y el Cártel de Sinaloa, liderado por Joaquín El Chapo Guzmán.
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Los rumores
García Luna fue señalado de sus vínculos con la delincuencia organizada por diferentes personas, desde la periodista Anabel Hernández, el entonces diputado Gerardo Fernández Noroña hasta por el narcotraficante La Barbie. Acá un recuento:
La periodista Anabel Hernández ha dado seguimiento a García Luna por años, actividad que puso en peligro su vida, pues fue objeto de amenazas y hostigamiento. De acuerdo con una declaración hecha a Carmen Aristegui, el exfuncionario había planeado asesinar a Hernández.
Respecto a si Calderón estaba al tanto de las actividades de García Luna, Hernández tiene dudas: “La información que yo tengo es que (Calderón) sí lo sabía”.
Como diputado del Partido del Trabajo (2009-2012), Gerardo Fernández Noroña exhibió en diferentes ocasiones la presunto relación entre García Luna y el narcotráfico. Aquí, solo una de ellas:
Edgar Valdez Villarreal, mejor conocido como La Barbie, un narcotraficante ligado al Cártel de los Beltrán Leyva (rival de El Chapo) detenido en agosto de 2010, dio a conocer que García Luna recibía dinero de la delincuencia organizada, desde que era titular de la Agencia Federal de Investigación, en 2002, durante el sexenio de Vicente Fox. Y que su detención se debía a que se había negado a participar en un acuerdo con el gobierno de Calderón Hinojosa.
Pero así como hubo quién lo atacó, también quienes lo defendieron, entre ellos: Alejandro Poire, entonces secretario de Gobernación de Calderón, y Javier Lozano, secretario de Trabajo y Previsión social.
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Del hashtag a la investigación “a fondo”
Las revelaciones de la embajadora Jacobson dieron origen al hashtag #CalderónSíSabía, el cual acumuló más de 350 mil tuits y se convirtió en tendencia durante el pasado fin de semana.
Mientras que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que “es muy lamentable que un secretario de Seguridad Pública esté al servicio de un grupo de la delincuencia organizada. Que eso fue terrible, independientemente si había complicidad hacia arriba o no. ¡Imagínense! el secretario de Seguridad Pública, en el tiempo en el que se decide declarar la guerra al narcotráfico, defendiendo o protegiendo a uno de los grupos para perseguir a otros”.
Pero el problema no es únicamente si Calderón sabía o debía investigar, sino que todo el sistema político falló para hacerlo, apunta Ernesto López Portillo, coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana, en entrevista con Cuestione.
“García Luna es el ejemplo de una caja negra que no permite saber qué está pasando con los poderes políticos, porque así lo necesita el poder político. Tú no puedes tener una policía limpia donde no hay un sistema político limpio. (…) La contradicción es evidente: si la policía funciona con apego a la ley, va a ir en contra de la clase política”, dijo López Portillo.
Y si bien Calderón era jefe de ese sistema político, también existían otras instituciones que pudieron investigar y sopesar el poder del superpolicía García Luna, si el sistema hubiera funcionado, como la Procuraduría General de la República, las comisiones especiales de las cámaras de Diputados y Senadores, o incluso la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). “Es un compendio de entidades cuyos poderes de control están colapsados”, advierte el experto en seguridad.
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Las cuentas pendientes de García Luna en México
Si bien García Luna ya enfrenta la justicia estadounidense, en la sala del juez Brian Cogan –el mismo que condujo el juicio de El Chapo–, en México también tiene cuentas pendientes.
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, dijo el 27 de diciembre pasado que había identificación “una triangulación” de 2,623 millones de pesos de la Secretaría de Gobernación a la empresa Nunva (ubicada en Panamá, cuya página de internet solo consiste en una breve descripción y un formato de contacto), que después trasladaría a GLAC, una consultora fundada por García Luna.
“La triangulación de recursos a la empresa de la familia García Luna y, sobre todo, que esta empresa panameña termina pagando el estilo de vida del señor García Luna en Miami. Esta denuncia se ha presentado ante la Fiscalía General de la República el 24 de diciembre de 2019. Estamos preparando la vista ante la Secretaría de la Función Pública”, dijo Nieto.
Cuando García Luna fue arrestado, López Obrador dijo que su gobierno cooperaría con las investigaciones que Estados Unidos.
¿Pero sabes cuál es la pésima noticia? Que aunque García Luna se retiró de la vida pública hace casi 10 años, el sistema político no ha cambiado. Así lo demostró el Culiacanazo (cuando el 17 de octubre de 2019, las Fuerzas Armadas detuvieron a Ovidio Guzmán, hijo de El Chapo, y lo tuvieron que soltar momentos más tarde, al verse rebasados por el crimen organizado).
“El Culiacanazo es una versión igual o más grave al colapso de los sistemas de control. Los sistemas tienen que institucionalizarse porque si no están secuestrados por las personas”, advierte López Portillo.
A dos sexenios de distancia de que García Luna fuera el amo de la seguridad en México, aún no existen los candados para prevenir que los funcionarios y las policías sean corrompidas para el propio sistema para el que trabajan.
