La lucha de una ONG contra Javier Duarte

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Imagina que alguien entra a robar a tu casa. Obviamente, la persona más interesada en encontrar los artículos robados y de detener a los responsables eres tú, la víctima. Ahora imagina que en lugar de robar tu casa, saquean al país o a una entidad (como lo hizo Javier Duarte), ¿quiénes se podrían presentar como víctimas ante el ministerio público?

Esta pregunta es la que ponen sobre la mesa Adriana Greaves Muñoz y Estefanía Medina Ruvalcaba, abogadas fundadoras de la organización civil Tojil, Estrategia contra la Impunidad que busca ser reconocida como víctima en el caso del exgobernador de Veracruz Javier Duarte, quien actualmente paga una sentencia de nueve años por asociación delictuosa en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México. 

Sin embargo, los delitos iniciales que se le imputaron a Duarte fueron delincuencia organizada y lavado de dinero. Luego fueron reclasificados. O eso dijo el propio Javier Duarte,  en 2018, a diferentes medios. 

Duarte le habría pagado a funcionarios de la entonces PGR (hoy Fiscalía General de la República) para que “dejara en paz” a su familia, cambiaran el delito de delincuencia organizada a asociación delictuosa, y así él se pudiera declararse culpable y obtener una pena menor. El procurador era Alberto Elías Beltrán, nombrado por Enrique Peña Nieto.

“Lo que creemos es que hubo un arreglo, un soborno por parte de los abogados de Duarte para  los fiscales”, dice Greaves en entrevista para Cuestione. Por estos hechos, la Visitaduría de la Fiscalía General de la República abrió la investigación FED/VG/UNAI/00000435/2018.

¿Por qué ser víctimas?

“Si a una persona le roban su celular, tiene derecho a una asesoría de víctimas. No puede ser que si a todos los mexicanos nos roban dinero por un acto de corrupción no pueda haber alguien considerado víctima”, dice Medina Ruvalcaba.

Greaves y Medina han visto, de primera mano, cómo cambia el proceso de una investigación, cuando las autoridades judiciales abren la puerta a la presentación de una víctima a través de una organización civil, pues ellas son las abogadas que llevan el caso contra una cadena de farmacias que tala de manera ilegal los árboles de la calle para que no tapen sus locales

En ese caso, el ministerio público también les negó el reconocimiento de víctima colectiva, pero el juez de control les dio la razón hace tres meses y ordenó que se les abriera acceso a la investigación.

“Del mes que se presentó la denuncia hasta que fuimos reconocidas como víctimas, la investigación no se había movido un ápice. En los siguientes meses todo se ha movido”, asegura Greaves. 

Y es que “las víctimas tienen una figura muy importante en el proceso que se llama coadyuvancia o colaboración y quiere decir que, cuando eres considerada víctima, puedes ayudar a la fiscalía y entre los dos van armando el caso”, dice Medina. 

Sin embargo, en los casos de corrupción se busca que no haya una víctima activa, apunta Greaves: “Traemos cargando una historia en la que los delitos de corrupción no se investigaban. Nos ven (a las víctimas) como un estorbo o quizá como un riesgo que se empiecen a desintegrar sus redes internas”. 

Otra vez el juez que es sobrino de Dolores Padierna

El artículo 4o de la Ley General de Víctimas advierte que también “son víctimas los grupos, comunidades u organizaciones sociales que hubieran sido afectadas en sus derechos, intereses o bienes jurídicos colectivos como resultado de la comisión de un delito o la violación de derechos”. 

Sin embargo, ese reconocimiento le fue negado a la organización Tojil, por el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna –sobrino de la senadora Dolores Padierna–. 

La organización ya logró un amparo -otorgado por el juez Juan Mateo Brieba de Castro– contra esta resolución de Delgadillo Padierna, el mismo juez que tiene en la cárcel a Rosario Robles y liberó a 27 detenidos en un operativo contra un presunto cártel del narcotráfico en la céntrica colonia Tepito de la Ciudad de México. 

Ahora, esperan que el Séptimo Tribunal Colegiado dé la última palabra antes de que termine noviembre. “Si nos lo niegan, iremos a instancias internacionales”, dice Greaves.

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