La prevención funciona para bajar los delitos, pero no se aplica

Compartir:

No hay diagnósticos

Por Scarlett Lindero y Raquel Prior

Cada 14 minutos, una persona es asesinada en MéxicoSi bien la espiral de violencia empezó hace más de una década con la denominada guerra contra el narco, emprendida por el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), los gobiernos que han seguido poco han podido hacer para contenerla. 

Sin embargo, es importante recordar que en 2013, con la creación del Programa Nacional de Prevención del Delito (Pronapred), por primera vez el gobierno federal tuvo una estrategia real para prevenir el delito, recuerda David Ramírez de Garay, coordinador del Programa de Seguridad de México Evalúa. Con esto hubo avances en identificar las problemáticas que padecían algunos grupos sociales.

El Pronapred identificó algunos de los problemas sociales que hacían a una persona más fácil de ser captada por las redes criminales, como la deserción escolar, el desempleo, la prevención de adicciones o la marginación. Para combatirlos, se pusieron en marcha programas sociales.

En los dos primeros años del Pronapred, la incidencia de homicidios logró disminuir 35%, de acuerdo con Eunice Rendón,exsubsecretaria de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación (Segob).

Sin embargo, el Pronapred no recibió recursos en 2017 y un año después, en 2018, obtuvo solo 300 millones (después de que en sus primeros años su presupuesto anual superaba los dos mil millones de pesos), lo cual hizo que este programa prácticamente desapareciera. 

Y aunque tuvo buenos resultados, algunos de los programas sociales que puso en marcha el Pronapred estuvieron mal focalizados. Esto significa que, como no se hicieron análisis previos para conocer las necesidades de las comunidades, no se destinaron al 100% los recursos para quienes más necesitaban los apoyos, como documentó la organización México Evalúa.

Con la llegada del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la estrategia de prevención del delito ha quedado en el olvido, apostando por el fortalecimiento del cuerpo policiaco a través de la Guardia Nacional y de la creación de programas sociales de transferencia directa, de acuerdo con Ramírez de Garay.

Para comprender qué se está haciendo en este gobierno para prevenir el delito, consultamos a varios expertos. Esto fue lo que nos dijeron:

1.-Más gasto en combate al crimen, pero poco para la prevención del delito

Del total del gasto de seguridad que destinó el gobierno de López Obrador en el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) en 2019, sólo 14% de los recursos han sido destinados a la prevención del delito, de acuerdo con un reporte elaborado por el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) y el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).

Estos recursos representan 12% menos que en 2018, cuando se destinó el 27% del gasto de seguridad pública para la prevención de los delitos.

El gobierno ha preferido concentrar los recursos para combatir el crimen, porque sus estrategias de seguridad han sido punitivas, es decir, tiende a fortalecer a las corporaciones policiales y no a la prevención, dejando de lado la atención a los grupos vulnerables, nos dice Sergio Martínez, investigador del Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde).

De hecho, son las Fuerzas Armadas (es decir, el Ejército, la Secretaría de Marina y la Fuerza Aérea) las que se llevan más del 80% de la bolsa destinada al combate al crimen, de acuerdo con el informe del Observatorio Nacional Ciudadano.

La estrategia de seguridad de Andrés Manuel López Obrador también contempla que sea la Guardia Nacional la que se encargue de la prevención de los delitos, un plan similar al que desplegó el expresidente, Felipe Calderón Hinojosa, que buscaba darle a los cuerpos policiales la misión de pacificar al país, de acuerdo con Sergio Martínez. 

2.- Los programas sociales 

Una de las prioridades del gobierno de Andrés Manuel López Obrador fue la creación de programas sociales, como Jóvenes Construyendo el Futuro y las Becas Benito Juárez –con presupuestos de más de 25 mil millones de pesos y 7,776 millones de pesos, respectivamente, para 2020–, que pretenden estar enfocados a prevenir el delito, al centrarse en los jóvenes de zonas marginadas, según dijo el presidente cuando presentó el proyecto

El problema con estos programas es que no dan detalles sobre el proceso de selección, las características de los beneficiarios o su posible impacto. Así, la falta de transparencia podría significar que no cuentan con los componentes ni estudios necesarios de una política de prevención, como aseguró el investigador Alan López de México Evalúa, en Nexos.  

“Estos programas en los que directamente se les da el dinero a los beneficiarios dicen que van a atender las causas que originan la violencia, pero no tienen ningún estudio (…) que ayuda a reducir la misma, pues no hay un diagnóstico elaborado para que estos apoyos lleguen a las comunidades más vulnerables que realmente lo necesiten”, nos dice David Ramírez.

3.-La deuda con los jóvenes

La violencia que se vive en el país, la falta de acceso a la educación y la pobreza extrema son algunos de los factores que permiten que existan casos como el de el adolescente Juanito Pistolas, quien con tan sólo 13 años fue reclutado por el Cártel del Noreste, y a los 16 años fue ejecutado en medio de un enfrentamiento con las políticas estatales, en Nuevo Laredo, Tamaulipas.   

Los niños, niñas y jóvenes son uno de los sectores con más peligro de ser reclutados por el crimen organizado. En México, 30 milmenores de edad han sido cooptados por grupos delictivos durante el 2019, de acuerdo con el Balance Anual 2019 de la  Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim). 

El informe documenta que los niños, niñas y adolescentes son usados como informantes de las fuerzas armadas o grupos armados. Además, el crimen organizado involucra a los menores de edad en delitos graves, como homicidios, extorsiones y secuestro

Los niños y niñas que son reclutados por el crimen organizado son víctimas de abusos y explotación, lo que les deja consecuencias graves físicas y emocionales, de acuerdo con Redim. 

Te puede interesar leer: Otras víctimas de feminicidio: niños y niñas que se quedan sin su mamá

“El Estado tiene la responsabilidad de dotar a las niñas, niños y adolescentes de herramientas educativas y sociales, para prevenir que caigan o sean cooptados por grupos delictivos; sin embargo, ha fallado en crear oportunidades para ellos”, explica Juan Martín Pérez, director de la Redim. 

En México, 3.7 millones de niñas, niños y adolescentes viven en pobreza extrema, lo que los lleva a tener que trabajar para poder sobrevivir, en muchas ocasiones, abandonando la escuela, de acuerdo con el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI)

Si el gobierno quiere “pacificar el país” su estrategia debe de ir más allá de los “abrazos y no balazos”, pues se requiere de un plan que detenga la violencia desde las comunidades más vulnerables y no con programas sociales que no toman en cuenta los problemas sociales que padece cada población.

SUSCRÍBETE A NUESTRO NEWSLETTER

Recibe las noticias más relevantes de México cada mañana, inicia tu día informado.