Pero no la pela el Congreso de la capital
Ingrid Escamilla tenía 25 años. Amaba tanto viajar que decidió estudiar Administración de Empresas Turísticas en Puebla. Sus familiares la recuerdan como una mujer feliz y sociable. Pero todo lo borró un horrible crimen: su brutal feminicidio, el 9 de febrero de 2020, en Ciudad de México, a manos de su pareja.
Ya muerta, sin embargo, Ingrid siguió siendo victimizada, debido a la filtración de una imagen: la de su cuerpo despedazado a manos de su pareja. Su feminicidio horrorizó al país en febrero pasado.
Por sí sólo el crimen causaba terror, pero la filtración de las imágenes a medios de comunicación, presuntamente realizada por policías que acudieron a la escena del crimen, vulneraron a la víctima y a su familia, además profundizaron la rabia e indignación de la ciudadanía y colectivos feministas.
No solo habían asesinado a Ingrid, su cuerpo era exhibido como mercancía en las primeras planas de varios medios y redes sociales.
Esa misma semana, Ernestina Godoy, fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, presentó una iniciativa de reforma al Código Penal de la CDMX para que se castigue a las y los funcionarios públicos que filtren información, fotografías o videos de las víctimas, que las vulnere más o revictimice.
Esta iniciativa, conocida popularmente como Ley Ingrid contempla una pena de hasta ocho años de cárcel, por difundir este tipo de información, y el doble (16 años) si quienes lo hacen son funcionarios y funcionarias públicos.
Y aunque la iniciativa aún está en espera de ser discutida, en Colima ya fue aprobada una similar, mientras que otros estados, como Jalisco, Querétaro y Puebla, podrían tener la suya pronto.
Filtración de imágenes e información, un dolor constante
El caso de Ingrid no es el único. La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México ha emitido 27 recomendaciones, entre las cuales hubo casos de faltas por exhibición a medios y publicación de datos personales, entre 2003 y 2019, nos explicó Nashieli Ramírez Hernández, titular del organismo.
“En nuestro informe del año pasado, en el que hicimos un análisis sobre las quejas que recibimos, en términos de violencia de género y feminicidio, detectamos que cuatro de cada 10 denuncias eran sobre filtración de datos”, dijo Ramírez Hernández.
Actualmente, el Código Penal no considera ninguna pena contra estos funcionarios y funcionarias. Solo la Ley de Responsabilidad Administrativa de la CDMX la clasifica como una “falta administrativa no grave”.
“No se trata de sensibilizar a nadie, sino de lo que se tiene que hacer como servidores públicos. Esta ley hace una diferencia, ya que se castiga más allá de lo administrativo. Va a lo penal”, agregó Ramírez Hernández.
Ley Ingrid en Colima
En Colima ya puso en vigor su propia Ley Ingrid (una reforma similar en su Código Penal), que castiga hasta con seis años de prisión a quien difunda, entregue o publique cualquier tipo de información del lugar de los hechos o del hallazgo de un delito, así como de cadáveres o parte de ellos. La sentencia aumentará a ocho años si se trata de un servidor o servidora pública.
Ante esta situación reporteros y reporteras de Colima se manifestaron en contra, pues alegan que se atenta contra el libre ejercicio de su trabajo. Sin embargo, nos surge la pregunta ¿libertad de expresión o el derecho a la imagen propia y muerte digna?
“Claro que existe la libertad de expresión, pero no puede ser absoluta. Uno de sus límites más claros es el de no entorpecer las investigaciones, en especial las penales. No sólo atenta contra la persona que privaron de la vida, sino también contra los familiares y es por eso que se insiste en actuar con responsabilidad”, comenta Verónica Bérber, abogada del Círculo Feminista de Análisis Jurídico.
¿Esta ley puede cambiar el periodismo mexicano?
La constante revictimización contra Ingrid y su familia puso en la mira la forma en la que se hace periodismo en México, la filtración de las imágenes, los titulares y el manejo de la información hicieron visible algo que se había normalizado.
“El caso de Ingrid marcó un antes y un después de cómo se debe cubrir este tipo de noticias. La información, obviamente, vino de algún funcionario o funcionaria público y se filtró en diferentes chats de reporteros y reporteras, esto se potencializa mucho con la llegada de WhatsApp”, dice Mariano Vargas, periodista de nota roja desde hace seis años. Él, con todo, cree que el periodismo en México ha ido cambiando.
Sin embargo, “hay quienes se justifican diciendo que lo que hacen es mostrar la realidad de una manera más cruda, pero lo que están haciendo es lucrar con el morbo, porque la gente no necesita que le muestres esta crueldad, simplemente estás colaborando para que se siga perpetuando este daño a los derechos de las víctimas, revictimiza al momento de hacer esto”, dice Bérber.
Ambos, periodista y abogada, coinciden en que el periodismo mexicano debe buscar nuevas narrativas que incluyan la perspectiva de género, en las que se deje de revictimizar a las víctimas y se respeten sus derechos.
¿Qué pasó con las o los policías que filtraron las imágenes de Ingrid?
Dos días después del feminicidio y filtración de las fotos de Ingrid, comenzó una investigación contra seis funcionarios o funcionarias que pertenecen a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, como relató Nelly Montealegre Díaz, subprocuradora de Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad de la Fiscalía de Justicia de CDMX, en conferencia de prensa.
Han pasado cinco meses desde ese terrible suceso y no hay más noticias sobre los responsables de filtrar las imágenes, ni de la investigación.
Después de que le arrebataran la vida, Ingrid logró que las víctimas y sus familias tengan garantizada la dignidad, pues la reforma que inspiró su caso castigará a quien difunda indebidamente información sobre un delito; también es una oportunidad para repensar la manera en la que se hace el periodismo mexicano.
