Contra migrantes, la mayoría de los casos
Alrededor de 50 migrantes centroamericanos se manifestaban en el patio de la Estación Migratoria de Tapachula, en Chiapas, el 23 de marzo pasado. Ante el temor de ser contagiados de COVID-19, exigían que los regresaran a sus países de origen.
Como respuesta, elementos de la Guardia Nacional (GN), los golpearon, lanzaron gas lacrimógeno, y aplicaron descargas eléctricas en sus cuerpos. Después, los subieron a un autobús y se los llevaron con rumbo desconocido.
Los hechos fueron documentados por el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano, el cual confirmó a Cuestione que sólo después del seguimiento que hicieron del caso, estas personas finalmente fueron deportadas a sus países.
No fue un caso aislado. La Guardia Nacional arrastra ya 111 quejas por violaciones a derechos humanos, entre ellas: tortura, desaparición forazada, detenciones arbitrarias, tratos crueles e inhumanos, intimidaciones. forzada, detenciones arbitrarias, tratos crueles e inhumanos, intimidaciones, entre otros documentados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), entre el 28 de febrero de 2019 y el 30 de marzo de 2020, de acuerdo con información obtenida vía transparencia por Cuestione.
A un año de su creación, la Guardia Nacional ya aparece en la lista de las 10 principales autoridades con quejas en los primeros cuatro meses del 2020, según lo que reporta el Sistema Nacional de Alerta de Violación a los Derechos Humanos.
Esto, a pesar de que la dependencia reporta que la Guardia Nacional ha recibido capacitación en derechos humanos y uso legítimo de la fuerza.
Por todo ello, Cuestione solicitó una entrevista con Antonio Soto, vocero de la Guardia Nacional, sin que hasta el momento de la publicación de esta nota haya obtenido respuesta.
Cambia el rostro pero no la impunidad
La Guardia Nacional, creada en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y conformada por elementos de la Policía Federal, la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar), tiene la misión de “pacificar al país”.
Para ello –de acuerdo con el gobierno– tienen capacidades de prevención, investigación y control migratorio. Además, el presidente Andrés Manuel López Obrador, reiteradamente, ha asegurado que en su gobierno no habría ni represión ni violaciones a los derechos humanos.
Pero lo que tenemos es una guardia militar y no civil, haciendo tareas de seguridad pública, sin estar capacitados para ello; por eso es común que hayan abusos de la fuerza pública. En nueve de cada 10 detenciones que realiza la Guardia Nacional hay golpes, maltratos y tortura, explica Catalina Pérez Correa, especialista en seguridad e investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), a Cuestione.
El problema con la conformación de la GN es que tiene una cultura organizacional corrupta, pues sus integrantes han dado prioridad a realizar más detenciones (y obtener ganancias económicas por ello por el pago en sus fianzas o liberaciones), que a tener un sistema de justicia eficaz, dice Daniel Vázquez, experto en Derechos Humanos e investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).
“Hay un sistema de normalización del uso de la tortura y la violencia; no se investiga a los elementos que cometen violaciones a los derechos humanos, lo que les permite seguir cometiendo estos actos”, explica Vázquez.
Pero además, si llegan a cometer una violación a los derechos humanos o un crimen, “tienen menos del 1% de probabilidades de que, algún día, vayan a recibir una sentencia condenatoria”, dice Lucía Chávez, Coordinadora del Área de Investigación de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).
Esta Comisión ha documentado que 130 civiles han muerto en enfrentamientos con los elementos de la GN contra nueve elementos de la corporación, desde su creación en marzo de 2019, hasta los primeros cuatro meses de este 2020.
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Migrantes, los más agredidos
Del total de los 111 expedientes iniciados por alguna presunta violación de derechos humanos, 23 han sido por “acciones y omisiones que transgreden a los migrantes y sus familias”, de acuerdo con la CNDH.
La Ley de la Guardia Nacional, publicada en 2019, dice que sus elementos tienen la facultad de detener e inspeccionar a las personas migrantes, lo que ha dado pie a que realicen detenciones arbitrarias, pues no están capacitados para ello, dice Gretchen Kuhner, directora del Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi) en entrevista con Cuestione.
“Hemos documentado que los mismos integrantes de la GN les dicen a los migrantes que no tienen derecho a tener asilo, ni a tener abogados (cuando es lo contrario) y los obligan a firmar solicitudes de deportación. Se les trata como si fueran criminales, con el mismo nivel de peligrosidad que un narcotraficante y uso desmedido de la fuerza”, coincide Daniela Reyes, coordinadora del Área de Solicitantes de Asilo de la CMDPDH.
La Comisión también ha registrado casos de abuso sexual por parte de la GN en contra de mujeres migrantes en Hermosillo, Sonora, y Chetumal, Quintana Roo, pues éstos entran sin restricciones a las áreas de dormitorios de las estaciones migratorias para hacer revisiones.
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¿Hay solución?
Especialistas en derechos humanos y seguridad consultados por Cuestione coinciden en que además de las capacitaciones en derechos humanos, la Guardia debería tener mecanismos autónomos e independientes al gobierno federal que vigilen la actuación de estos elementos de seguridad y se dé seguimiento real a los casos.
Así como diagnósticos estatales para vigilar y fiscalizar sus tareas cada año y la creación de comisiones de la verdad y mecanismos de reparación para las víctimas de los abusos de autoridad.
Estos abusos se dan en el contexto reciente de las detenciones arbitrarias que se han registrado en el país por parte de los cuerpos policiales, sin embargo, aún falta hacer una revisión de las denuncias que carga el principal cuerpo de seguridad pública del país, el cual fue la promesa para erradicar la violencia en el país, por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
