¿En qué falló el gobierno con la consulta?
No habían pasado ni tres días del asesinato de Samir Flores, principal activista contra el proyecto de la termoeléctrica en Morelos, cuando el gobierno federal insistió en habilitar casillas y decidió que de todos modos la consulta ciudadana se realizaría los días 23 y 24 de febrero.
Te invitamos a leer: ¿Quién y por qué mataron a Samir Flores?
Sin embargo, esta termoeléctrica (una planta que produce energía eléctrica a base de agua) se instalará sobre territorio náhuatl, en Huexca, Morelos, y tendrá afectaciones a la población y a sus bienes naturales, como señaló Samir Flores, delegado del Consejo Nacional Indígena, asesinado a balazos afuera de su casa el pasado 20 de febrero.
También podría interesarte: Una consulta no tan pacífica
Por ello, al aplicar su consulta el Estado mexicano violó la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
Estos mandatos internacionales dicen que México debe consultar a los pueblos de manera libre, previa, informada, culturalmente adecuada y de buena fe antes de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus tierras o territorios y otros recursos, particularmente en relación con el desarrollo, la utilización o la explotación de recursos minerales, hídricos o de otro tipo. Cuestione te cuenta los errores de la consulta de Morelos:
Primer error: Si el mandatario federal quería preguntarle a alguien su opinión sobre el proyecto de Morelos, debió aplicar una consulta indígena –y no ciudadana–, para que fuera la comunidad directamente afectada la que decidiera primero.
Segundo error: Cualquier acto de inseguridad -como el asesinato de un líder social- viola el primer principio de “libre”, ya que la población ejercería su voto en un ambiente de intimidación y amenazas. Teresa Castellano Ruiz, otra habitante de Huexca, denunció que recibió amenazas por estar en contra de la termoeléctrica, en abril de 2017.
Tercer error: Sólo un día antes de esta consulta, las personas cercanas a Samir Flores –opositoras también al proyecto y quienes presumiblemente hubieran votado en contra– dividían sus energías entre velar al activista, denunciar judicialmente los hechos y volverse a organizar.
Cuarto error: El proceso tampoco fue previo, ya que López Obrador anticipó que de no llevarse a cabo la termoeléctrica, el país perdería 25 mil millones de pesos por los contratos que ya se tenían firmados, es decir, el gobierno federal ya había adquirido compromisos.
Quinto error: La consulta no cumple el criterio de “informada” porque ninguna institución de gobierno, ni la propia CFE, ha explicado a los habitantes más cercanos sobre las afectaciones (para bien y para mal) que traerá este proyecto, su viabilidad y su operación, como denunció el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala en una carta abierta.
La propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) urgió el 21 de febrero al Ejecutivo Federal a “reflexionar” sobre la consulta ciudadana y le pidió que la homologara a estándares internacionales; pero el mandatario insistió en hacer su consulta ciudadana en la que obtuvo un sí al proyecto por parte del 59.5% de 56 mil votantes de Tlaxcala, Puebla y Morelos, pero durante la cual hubo vallas policiales, casillas cerradas y urnas quemadas.
Como Samir, también se manifestaron representantes del Ejército de Liberación Nacional (EZLN), la Coordinadora de Mujeres Indígenas, la Asamblea Estatal de los Pueblos Indígenas, la propia población de Huexca y hasta el nieto de Emiliano Zapata.
Estos actores denuncian que la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a través de esta termoeléctrica, les dejaría sin el agua que requieren para el riego agrícola, contaminaría sus ríos, y traería inseguridad al pueblo por la presencia de personas ajenas.
Este conflicto con la comunidad no es de hoy, sino que la construcción de la termoeléctrica, así como todo el llamado Proyecto Integral Morelos (PIM), ha sido cuestionado desde hace una década por distintas organizaciones comunitarias, quienes incluso presentaron recursos legales e iniciaron protestas para evitar su construcción.
¿Qué sigue?
Tras los resultados de la consulta, el presidente López Obrador afirmó que el proyecto de la termoeléctrica sí iría; sin embargo, varias organizaciones civiles, indígenas y comunitarias rechazaron públicamente los resultados e insistieron en que no permitirán que se construya.
