A Mariana Lima la encontró su mamá sin vida, tendida en una cama, en una casa de Chimalhuacán, Estado de México. Su pareja, un policía federal que la agredía física y sexualmente, dijo que la encontró colgada, que la recostó, intentó revivirla y hasta le besó los pies. Por lo que la primera versión era que su muerte había sido un suicidio.
Pero Irinea Buendía, madre de Mariana, no creyó esa versión. Mucho menos cuando vio que el cuerpo de su hija tenía golpes, que la cuerda con la que presuntamente se ahorcó era tan delgada que no podía sostener el cuerpo de su hija y que estaba recién bañada, como si alguien hubiera querido limpiar las evidencias. Un día antes, Mariana le contó que su pareja había amenazado con matarla.
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Las pistas existían pero la autoridad no las vio o no las quiso ver. Juzgados y policías del Estado de México declararon por años que Mariana se había suicidado, hasta que cinco años más tarde la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió reabrir el caso porque todo apuntaba a que se trató de un feminicidio y que las autoridades no hicieron la investigación debida.
Esto sucedió en 2010, pero en México tenemos más de una historia así, en la que los homicidios son investigados o declarados suicidios aunque, por las pruebas, esto sea totalmente improbable.
En 2016, a Joseline Peralta la encontraron sin vida y en la vía pública. Eran policías de Iztapalapa. Ellos aseguraron que no había pruebas que demostraran que Yoseline se había ahorcado y se negaron a investigar su muerte como feminicidio.
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Sin embargo, Clara Aguirre, mamá de Yoseline, dijo que la encontró envuelta en cobijas, sin uñas y con golpes por todos lados, además de que nunca había manifestado deseos ni signos de quitarse la vida. Luego de dos años de un largo proceso legal, la familia de Yoseline consiguió que las autoridades capitalinas rectificaran la investigación hacia la línea de feminicidio.
Esto no sólo pasa en casos de feminicidio.
En septiembre de 2018, Mario Alberto Esparza Navarrete, de 28 años, fue hallado sin vida en su departamento en Campeche. La Fiscalía General de Justicia de la entidad determinó que se había tratado de un suicidio y quiso cerrar el caso.
Sin embargo, la familia de Mario dudó de esta versión por las inconsistencias en los testimonios. Meses después, gracias a un peritaje independiente, la familia confirmó que se trató de un homicidio por estrangulamiento causado por su pareja, con quien había discutido previamente.
Según las pruebas encontradas, ambos estuvieron consumiendo alcohol y drogas, luego discutieron. La joven habría empujado a Mario, quien se golpeó la cabeza con una mesa y se desangró; ella lo ató a una cuerda para simular su suicidio.
Pero estos montajes ocurren desde años atrás. En 2001 ocurrió el extraño caso de la abogada y activista Digna Ochoa, quien luego de recibir amenazas fue encontrada muerta en su despacho.
Digna recibió cinco disparos, pero la Procuraduría General de Justicia de la CDMX determinó que se trató de un suicidio pero que, por su estado de salud mental, ella manipuló todo para hacerlo parecer un homicidio.
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El caso más reciente es el de la joven Lesvy Berlín, cuyo cuerpo fue encontrado colgado de una caseta telefónica en las instalaciones de Ciudad Universitaria, en 2017.
Tras la indignación que causó el hecho en redes sociales, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México informó que la joven se había suicidado luego de haber ingerido bebidas y drogas. Esto, de acuerdo con el testimonio de su novio, con quien había discutido esa misma noche.
La mamá de Lesvy no creyó los hechos. Dos años y cinco meses después, el Tribunal de Enjuiciamiento de la Sala 1 del Reclusorio Oriente determinó, con base en un peritaje independiente, que el lugar era tan reducido que era improbable que la joven lograra suspenderse lo necesario como para provocarse ella misma una asfixia.
¿Qué tienen en común estos casos? Respuesta: un homicida dispuesto a mentir para evitar ser castigado y una autoridad dispuesta a mantener la mentira del agresor.
