El 30 de septiembre de 2019 inició el proceso para desaparecer la Procuraduría General de Justicia de la CDMX (PGJCDMX) y cambiarla por una Fiscalía General de Justicia de la capital.
¿Qué significa este cambio y para qué se hizo? Como se tenía previsto desde 2018, cuando se elaboró la Constitución de la CDMX, los ministerios públicos ahora actuarán bajo un organismo totalmente autónomo del poder ejecutivo local; es decir, la jefe de Gobierno, Claudia Sheinbaum ya no será la jefa de los MP’s.
Esto les da personalidad jurídica, patrimonio y recursos propios a la nueva Fiscalía.
Para que sea un organismo autónomo, la persona que se convierta en titular de esta Fiscalía será elegida por el Congreso a propuesta de un Consejo Judicial Ciudadano, por lo que no se necesita la aprobación de la Jefa de Gobierno o del Presidente de la República, como sucedía anteriormente.
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Estos cambios tienen el objetivo de conseguir que los MP actúen con imparcialidad y tengan recursos propios para iniciar y llevar a cabo sus investigaciones. De hecho, la Fiscalía es la única autoridad que podrá dirigir los avances de los delitos.
Tendrá como misión la investigación exclusiva de los delitos, por lo que quedará bajo su mando inmediato la policía de investigación; también, deberá supervisar las medidas necesarias para proteger a víctimas y testigos de los diferentes crímenes que se cometen en la capital y que le corresponde investigar, es decir, los delitos del fuero común como: homicidios, lesiones, robos, violaciones, entre otros.
También deberá crear mecanismos institucionales y establecer registros, protocolos y controles para proteger y asegurar la detención y cadena de custodia (el resguardo de una prueba desde que se encuentra hasta su evaluación), para la utilización de mecanismos alternativos de solución de controversias (como pueden ser las conciliaciones) y para otras acciones encaminadas a garantizar justicia.
Estos son algunos de los cambios técnicos, pero los cambios de fondo que este cambio supone son más ambiciosos.
Según dijo Ana Laura Magaloni, integrante de la Comisión Técnica de Transición -al presentar el plan para la nueva Fiscalía- con este cambio se espera eliminar los trámites burocráticos para que las investigaciones sean más eficientes.
Además, se busca terminar con los tratos autoritarios y arbitrarios. “No importa quién sea, o cuánto dinero tenga, o de qué condición social sea, se tratará a todos por igual”, expresó.
¿Cuáles son los retos?
Tan sólo en el tema de violencia contra las mujeres, la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX (CDHCM) hizo cuatro recomendaciones a la Procuraduría por más de 200 expedientes en los que se negó u obstaculizó el acceso a la justicia a quienes denunciaron presuntos feminicidios, hostigamiento y acoso sexual, violencia en los hogares y violencia sexual.
En esas recomendaciones, la Comisión señaló que las autoridades judiciales no analizaron el contexto de los hechos desde la perspectiva de género; no iniciaron la investigación por feminicidio; retrasaron injustificadamente las investigaciones; y no asesoraron jurídicamente a las familias de las víctimas ni las protegieron.
Incluso, filtraron información de las investigaciones, dieron mala atención a las familias, hicieron pruebas periciales irregulares, investigaron deficientemente, culpabilizaron a la víctima y no atendieron psicológicamente a las familias.
Esto da como consecuencia la impunidad.
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Por ejemplo, en la CDMX sólo 21% de los asesinatos de mujeres se investigan como feminicidio, lo que ubica a la capital en el número 15 de las entidades que menos investigan las muertes violentas de mujeres como feminicidio.
Otra misión sería el uso eficiente de su dinero. Según el Índice de Impunidad Cero, la CDMX sobresale por los recursos que destina a la procuración de justicia (696 pesos per capita), pero está por debajo de la media en la resolución de investigaciones, presenta el menor grado de confianza en sus MP y muestra un incremento en el tiempo de espera para quienes quieren hacer una denuncia, pues pasó de 140 minutos en el 2105, a 196 minutos en el 2016.
El camino de la nueva fiscalía apenas comienza, pero claramente es uno muy largo por recorrer. ¿Tendrá el apoyo de las autoridades? ¿Cómo se evitará que en la nueva institución se filtren elementos corruptos?
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