“Le pido a las feministas que no nos pinten las puertas”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador el 14 de febrero -en medio de la crisis de feminicidios que entristece al país- y tres días después de las protestas de las mujeres en contra de la violencia de género.
En este mismo contexto, la secretaria general de Morena, Yeidckol Polevnsky, pidió que las manifestaciones fueran pacíficas y “ojalá sean cada vez con más creatividad”, con lo cual, entre líneas, insinuó que fueron violentas y que hay maneras correctas de manifestarse.
Sin embargo, es importante recordar que los ciudadanos tenemos derecho a protestar en las calles para reclamar una injusticia…
Te contamos por qué corre peligro este derecho cuando un gobierno criminaliza a los manifestantes y por qué considerar a los activistas como una amenaza para la sociedad es una estrategia para callar voces inconformes.
En México, el artículo 9 de la Constitución garantiza el derecho de asociación o reunión para opinar sobre los asuntos políticos del país o para presentar una protesta, siempre y cuando sean ciudadanos y ciudadanas mexicanas y sea sin armas.
Además, hay tratados internacionales que garantizan este derecho, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la cual está ratificada por México y, por lo tanto, está obligado a cumplir.
En su artículo 19, esta Declaración de la ONU estipula que “todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión”, y en el artículo 20 establece que “toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas”.
En entrevista para Cuestione, Leopoldo Maldonado, subdirector regional de Artículo 19 en México, explica que es importante garantizar estos derechos porque parten de la necesidad de que la ciudadanía ocupe el espacio público, “para poner demandas o exigencias que no han sido resueltas por las vías institucionales”.
Es un ejercicio legítimo, democrático, según Maldonado, “que fortalece y empuja hacia delante la concepción de una sociedad más justa, más abierta, más transparente y más igualitaria”.
En la posición de Amnistía Internacional (AI) sobre el Derecho a la Protesta Social, se lee que el Estado tiene la obligación de proteger el derecho a manifestarse, así como garantizar la seguridad de los ciudadanos que se manifiestan, “ya sea frente a posibles daños de terceros, y especialmente, ante abusos en que pueda incurrir el propio Estado”.
Es decir, las autoridades están obligadas a no usar la fuerza del Estado contra manifestantes. Por eso, según AI, las personas que protestan deben ser consideradas manifestantes, no delincuentes.
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La criminalización de la protesta
En este contexto, la postura de Amnistía Internacional concluye que el Estado debe resguardar el espacio para la protesta en lugar de presentar a los movimientos sociales como amenaza de la sociedad.
Ya que es imposible proteger el derecho a la protesta si se estigmatiza las manifestaciones públicas y se criminaliza a quienes se expresan.
Marcela Villalobos, presidenta de Amnistía Internacional en México, menciona en entrevista para Cuestione que la criminalización de la protesta es condenable porque atenta contra derechos elementales que “en cualquier democracia deben estar protegidos”.
Sin embargo, Villalobos agrega que también hay que condenar la demonización de las personas defensoras de los derechos de las mujeres y de cuestiones de género y sexualidad, las cuales son atacadas por políticos, líderes religiosos y grupos violentos, solo por ser quiénes son y por hacer lo que hacen.
Por eso, de acuerdo con Villalobos, es sumamente riesgoso que desde la presidencia se mande el mensaje de que “no está permitido protestar o de que hay maneras buenas o correctas, o moralmente válidas [de protestar]”.
Por otro lado, Leopoldo Maldonado opina que criminalizar la protesta no es una práctica nueva, “forma parte del ADN de nuestro sistema político, en donde el Estado tiende a tratar de inhibir el ejercicio legítimo de la protesta social”.
Esta práctica se da primero a través de una caracterización pública negativa de quienes protestan y después mediante ejercicios de represión policíaca, según Maldonado, como incriminar delitos por el ejercicio de la protesta.
Además, Maldonado agrega que hay que evitar esta criminalización porque ha costado varias generaciones conquistar las calles para lograr que el gobierno cumpla con la garantía y protección de derechos humanos, como el derecho a una vida libre de violencia para las mujeres.
“Sobre todo en un país donde no siempre encontramos como ciudadanas y ciudadanos una respuesta institucional eficaz y eficiente a las personas y a los grupos en situación de vulnerabilidad”, cierra Maldonado.
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Los límites de la protesta
De nuevo, de acuerdo con Amnistía Internacional, la participación del Estado en una protesta sólo se justifica para asegurar que las manifestaciones se desarrollen pacíficamente, y no para evitar que la población exprese su descontento.
Marcela Villalobos opina que no hay una manera correcta de protestar, “es una manifestación ante un enojo o problemática social. Si lo hace de manera pacífica no tendría porque ser más más o menos legítima”.
Se deben tener protocolos para acompañar a las manifestaciones, dice Villalobos, no para reprimirlas.
De acuerdo con Leopoldo Maldonado de Artículo 19, la participación del Estado se debe reducir a proteger a los manifestantes y a que el derecho a protestar armonice con el derecho al libre tránsito, al trabajo, y otros derechos que puedan verse afectados.
Esto significa que la ruptura de la normalidad es responsabilidad del Estado y no se le debe cargar quienes protestan.
Por otro lado, el especialista menciona que México es parte de varios tratados internacionales en los que está acordado que el Estado debe participar solo en casos extremos, como cuando hay personas o grupos que ponen en riesgo la vida de los demás, pero el uso de la fuerza no debe ser letal, debe ser gradual y como último recurso.
Por ejemplo, si se identifican grupos o personas violentas, el gobierno no debe cargar contra todo el contingente, sino aislar a estos grupos que pudieran causar problemas, “siempre y cuando no se caiga en excesos y la fuerza no se utilice de manera irracional y desproporcionada”.
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¿Se criminaliza la protesta en México?
Para Leopoldo Maldonado, el papel de las autoridades ha sido cuando menos preocupante en las recientes protestas de las mujeres en contra de las violencias de género.
Primero, el hecho de que se hayan utilizado equipamientos y dispositivos como gas pimienta para dispersar la protesta, “preocupa porque puede ir en escalada y lo único que genera son más tensiones”.
Además, las declaraciones del gobierno abonan a estas tensiones porque desestiman las causas y “estigmatizan a las manifestantes”, lo cual “va preparando un terreno propicio para la represión”, opina Maldonado.
Es decir, alarma que, en este contexto de violencia contra las mujeres, las declaraciones públicas pongan más énfasis en la caracterización negativa de pintar paredes y monumentos porque esto puede crear más descontento legítimo.
Para Marcela Villalobos es importante señalar que en días recientes ha habido un exceso de elementos de seguridad para proteger monumentos en las protestas.
Y, sin embargo, “no ha habido protección o implementación de políticas públicas para proteger la vida de las mujeres y de atender una violencia estructural que tiene muchísimos años padeciendo el país”, comentó la presidenta de AI México.
Es por eso que Villalobos asegura que es necesario hacer un llamado de atención. “El hecho de que un presidente de la república diga que no son formas de protestar o pedir que los reclamos sean legítimos, es no entender el problema claramente”.
Según la especialista, estas declaraciones no solamente muestran que no se ha entendido la crisis de violencia estructural, además polarizan a la sociedad.
“Lanzar gas o tener vallas completas de policías o hasta de elementos de la Guardia Nacional en una manifestación pacífica, claro que manda un mensaje de que pareciera que está mal hacer un reclamo social, lo cual va en contra de cualquier democracia”, asegura Villalobos.
Y cierra: “pareciera que este gobierno no tiene una agenda con perspectiva de género. Esperemos que se puedan sensibilizar pronto porque necesitamos una política de estado para combatir esta terrible crisis”.
La estigmatización de las manifestantes puede llevar a que la sociedad no escuche claramente las demandas. Por eso es importante abrir los oídos a sus reclamos, en lugar de quedarnos con las imágenes.
