El allanamiento a la casa de la periodista Lydia Cacho es sólo la más reciente agresión de todas las que ha vivido la también activista desde 2005, cuando reveló por primera vez la existencia de una red de pederastia que implicaba al mayor empresario de mezclilla en México, Kamel Nacif y al entonces gobernador de Puebla, Mario Marín, actualmente buscados por la Interpol.
La casa de Lydia Cacho, en Quintana Roo, fue allanada la tarde del domingo 21 de julio. Dos hombres hasta ahora desconocidos rompieron los cables de las cámaras de seguridad, desactivaron la alarma, robaron equipo de trabajo y material periodístico altamente sensible. También mataron y envenenaron a sus dos perras.
Además del robo de información, desordenaron su recamara y destrozaron fotografías familiares y ropa interior de la periodista. Se trata de un acto de represalia por su ejercicio de defensa de derechos humanos y de su libertad de expresión, denunció la organización Artículo 19.
Pero detrás de este nuevo ataque, hay mucho de fondo…
Te recomendamos leer: En el actual sexenio, acelera ritmo de asesinatos de periodistas
Cronología del caso
En abril de 2005, Lydia Cacho publicó el libro “Los demonios del Edén”, en el que reveló una red de pederastia en diferentes entidades del país y que involucró a empresarios y más de un político mexicano.
En diciembre de ese mismo año, la periodista fue detenida en Cancún por la policía judicial poblana, ya que el exgobernador Mario Marín la acusó de calumnia. Cacho denunció que antes de ser llevada por la policía, nunca recibió un solo citatorio por la denuncia en su contra y que fue torturada y vejada sexualmente durante un traslado por tierra de mil 500 kilómetros.
La periodista pasó 30 horas en prisión y fue puesta en libertad tras pagar una multa de 70 mil pesos. Cuatro años después, Cacho fue exonerada de los cargos por los que se le acusó pero aún no obtiene justicia.
Desde el día de su detención, Lydia Cacho interpuso tres demandas en tres instancias diferentes: contra el gobernador de Puebla, Mario Marín; la procuradora estatal Blanca Alicia Villeda y otros funcionarios, por tráfico de influencias, abuso de autoridad y diferentes formas de tortura, de acuerdo con el recuento del informe Libertad secuestrada. Lydia Cacho vista en los medios poblanos.
El 3 de agosto del 2006, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) denunció el robo del expediente del caso Lydia Cacho. Un año después, en 2007, la periodista sufrió un nuevo atentado en la camioneta en la que viajaba (propiedad de la Procuraduría General de la República); según las autoridades, alguien habría hecho un montaje para provocar la volcadura del auto y simular un accidente.
Te invitamos a leer: Héctor de Mauleón y la libertad de prensa
La Jornada documentó entonces que desde noviembre de 2003, cuando Cacho ya había escrito sus primeros reportajes sobre la red de pederastia, el empresario, hoy en prisión, Jean Succar Kuri (acusado de pornografía infantil y abuso sexual de niñas) la habría amenazado varias veces. Estos hechos también quedaron consignados en denuncias ante diferentes instancias federales.
En 2006, se hicieron públicos los audios de una llamada entre Mario Marín y Kamel Nacif. En ellos se evidenciaba que juntos habían orquestado, como forma de represalia, la detención de la periodista. “Tu eres el héroe de esta película, papá”, se oye a Nacif decirle al gobernador de Puebla, a quien también llama: “góber precioso”.
Por si fuera poco, las denuncias de Cacho contra las distintas autoridades que participaron en su detención no prosperaron en los tribunales; finalmente, también en 2007, cuando la hoy secretaria de gobernación Olga Sánchez Cordero era ministra, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que no se habrían violado las garantías individuales de la periodista.
En junio de 2008, el juez segundo de lo Penal de Quintana Roo, Benjamín Navarrete, se negó a girar las órdenes de aprehensión contra cuatro de los policías implicados en el caso; y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión desechó el caso.
Hasta el 2017 fue cuando el Juzgado Segundo de Distrito en Puebla condenó a más de cinco años de prisión a José Montaño, uno de los policías estatales responsables de la tortura física y psicológica contra ella.
Esto obligó a Lydia a presentar su caso ante instancias internacionales, lo que dio como resultado que en 2018 el Comité de Derechos Humanos (CDH) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) declarase a México responsable por la violación a sus derechos humanos, por la tortura a la que fue sujeta y por la falta de debida diligencia en la investigación.
En enero pasado, el Estado mexicano -en voz de Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración- ofreció una disculpa pública en que se reconocieron las violaciones a los derechos humanos de la periodista y se comprometió a lograr una reparación integral del daño y todas las medidas para garantizar su vida, integridad y libertad de expresión.
El 11 de abril, 14 años después de los hechos, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) giró órdenes de aprehensión contra Mario Marín (que reapareció públicamente durante las últimas elecciones poblanas,apoyando a candidatos de Morena), Kamel Nacif, Juan Sánchez Moreno y Hugo Adolfo Karam, por su probable responsabilidad como autores intelectuales por los hechos de tortura en contra de la periodista.
Sin que el gobierno federal haya logrado capturar a los agresores, los atentados contra la periodista se repitieron este 21 de julio. De acuerdo con Artículo 19, personas expertas en seguridad consultadas por la periodista después del allanamiento, aseguraron que “iban por ella” y que, afortunadamente, no se encontraba en su hogar.
Tras el hecho, Lydia Cacho respondió en sus redes sociales:
