Crónica de una matanza anunciada
“Nunca se ha reprimido al pueblo ni hemos permitido masacres; se eliminó la tortura y otras violaciones a los derechos humanos que eran prácticas habituales”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en el mensaje del segundo aniversario de su gobierno.
Sin embargo, 10 días antes, la Guardia Nacional permitió una masacre de un grupo armado hacia pobladores de San Mateo del Mar, Oaxaca. Fueron asesinadas al menos 15 personas de la etnia ikoots, de acuerdo con el reporte de Pie de Página.
“Unas lapidadas, otras macheteadas y algunas calcinadas”, entre la noche del domingo 21 de junio y madrugada del lunes 22, según el mismo reporte.
Los ikoots son un grupo étnico de los alrededores de la Laguna Superior en la costa oaxaqueña del Istmo de Tehuantepec. Uno de sus principales municipios es San Mateo del Mar, a cinco horas en auto de la capital de Oaxaca.
El municipio lo gobierna oficialmente Bernardino Ponce Hinojosa, quien ganó unas elecciones controvertidas en 2019 que fueron avaladas por las autoridades electorales estatales.
San Mateo del Mar tiene además una dirigencia tradicional, elegida por rotación según sus usos y costumbres.
Las autoridades locales reconocidas por el Gobierno de Oaxaca se deslindaron de la matanza y culparon a gente que se negó a atender medidas de sanitización en un módulo de la carretera hacia Huazantlán, una agencia municipal de San Mateo.
“Esto molestó a los ocupantes de los vehículos quienes realizaron disparos de armas de fuego y arremetieron con palos y machetes contra la integridad física de varios hombres, mujeres y niños”, se lee en el comunicado.
La dirigencia tradicional de la Unión de Agencias y Comunidades Ikoots acusaron de la matanza al presidente municipal Ponce Hinojosa y al empresario Jorge Leoncio Arroyo.
“Encontramos sobre la carretera llantas incendiadas por doquier que nos impedían el paso (…) atrincherados entre las llamas, hombres con el rostro cubierto empezaron a accionar sus armas de fuego”, dice el comunicado.
Un día después, el presidente López Obrador dijo que la matanza se trataba de “una confrontación por el gobierno municipal, por un lado son pobladores de la cabecera municipal y pobladores de comunidades”.
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Pero el asunto es más complejo
En diciembre de 2017, el periodista Luis Hernández Navarro escribió que San Mateo del Mar “ha sufrido conflictos agrarios desde hace más de 60 años. A lo largo de la década anterior se han acentuado. Grandes compañías eólicas pretenden adueñarse de ese territorio”.
Una habitante de San Mateo del Mar declaró a Pie de Página que en el conflicto está de por medio el corredor interoceánico y los parques eólicos, a los cuales les conviene que haya una fractura entre las comunidades ikoots.
Según el podcast Así como suena, del 3 de marzo de este año, entre 2006 y 2007, un par de empresas de energía eólica les llevaron a los ikoots un proyecto de 102 aerogeneradores. Se negaron pero la propuesta afectó la relación entre las comunidades.
Respecto al tema electoral, “se han elegido autoridades pero no se ha respetado nuestro sistema de cargos”, dice una pobladora en el podcast.
En el pronunciamiento del 21 de junio firmado por más de 100 organizaciones, se describe una guerra entre el presidente municipal y la Alcaldía Único Constitucional, es decir, las autoridades tradicionales.
El comunicado también argumenta que desde 2017 el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) ha avalado procesos electorales violentos y con compra de votos.
“En el 2019 se volvió a repetir la receta, imponiendo el IEEPCO una elección por planillas, que niega la forma tradicional de elección en Asamblea, por rotación, de acuerdo con la división territorial del pueblo y sus agencias”, se lee en el comunicado.
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El papel de la Guardia Nacional
El 4 de mayo de este año, las autoridades tradicionales de San Mateo del Mar ya habían pedido la presencia de la Guardia Nacional (GN), después de que un operativo de encapuchados inició una balacera en el retén de Huazantlán.
En ese comunicado dijeron que no podían salir del municipio porque el comando armado de encapuchados seguía controlando la carretera.
Después de la masacre del 21 de junio, las autoridades tradicionales publicaron un nuevo comunicado en el que mencionaron que la Guardia Nacional acudió a protegerlos pero luego les dio la espalda.
En ese comunicado se narra que las autoridades ikoots iban de la cabecera municipal de San Mateo del Mar hacia Huazantlán del Río, para celebrar un acto ceremonial por la muerte del agente municipal, Filemón Villalobos, en la balacera del 3 de mayo.
“Cuando intentamos desalojar el paso de la carretera, comenzaron los disparos con armas de fuego, resultando lesionados seis ciudadanos, por lo que decidimos regresar a la cabecera (municipal) para dar atención a los heridos”, dice el comunicado.
Ahí comenzó a resguardarlos la Guardia Nacional. La Asamblea llevó a los lesionados a los hospitales y ya bajo la protección de la GN decidieron regresar a Huazantlán para continuar con la reunión programada.
Sin embargo, de regreso a esa localidad, la narración de la Asamblea indica que había personas que tenían tomada la agencia municipal. Comenzaron a disparar y provocaron un fuego cruzado entre ese grupo armado, la policía municipal y la Guardia Nacional.
En ese momento, las fuerzas federales, lejos de mantener el orden y la seguridad de las personas, se abrieron paso entre la gente que les pedía ayuda, “con golpes, gas lacrimógeno y detonaciones de armas”.
“Salieron del territorio municipal, dejando en la incertidumbre al pueblo y en medio de la violencia que protagonizó el grupo armado”, de acuerdo con la narración de la Asamblea.
Una semana después, las autoridades tradicionales lanzaron un nuevo comunicado, en el que se preguntaron, “¿por qué la noche del 21 de junio la Guardia Nacional abandonó al pueblo?, ¿por qué se retiraron del lugar?”
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A 22 años de Acteal
El 22 de diciembre de 1997, decenas de paramilitares vestidos de negro y con armas de alto calibre, entraron a Acteal, Chiapas, para acribillar a 45 personas tzotziles: 9 hombres, 21 mujeres y 15 niños.
El presidente Ernesto Zedillo, condenó el ataque y lo atribuyó a disputas entre grupos locales tras formarse el Concejo Municipal Autónomo de Polhó.
Cuatro días después, el periodista Luis Javier Garrido escribió que en la zona habían sido vistos al menos seis grupos paramilitares con armas restringidas, entrenados por militares y “a todas luces bajo la protección del Ejército Mexicano”.
Las víctimas pertenecían a la organización “Las abejas”, indígenas tzotziles del municipio de Chenalhó que tenían demandas parecidas a las de los zapatistas, y que habían sido desplazados a las montañas como parte de una estrategia para detener su influencia.
Jesús Ramírez Cuevas, ahora encargado de la comunicación del gobierno federal, publicó en 2007 que la matanza “fue consecuencia de la política oficial seguida para castigar y desarticular a los indígenas de San Pedro Chenalhó que adoptaron el camino de la resistencia y la construcción de un gobierno propio”.
El secretario de Gobernación de aquel entonces, Emilio Chuayfett, negó que el gobierno federal tuviera responsabilidad de la matanza, ni por acción ni por omisión. El 4 de enero de 1998 fue destituido.
El 7 de enero de 1998 renunció el gobernador de Chiapas, Julio César Ruiz Ferró, por razones personales, según el entonces flamante secretario de Gobernación federal, Francisco Labastida Ochoa.
¿Alguien rendirá cuentas por la matanza de San Mateo del Mar?
