Se están peleaaaaando… otra vez. En esta ocasión, los bandos son la organización civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y el equipo del Tren Maya, quienes se metieron en una discusión sobre los procesos de contratación de este proyecto de infraestructura que tanto promueve y defiende el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
El pasado 9 de junio, la organización MCCI -que de acuerdo con su misión busca “contribuir de manera decisiva desde la ciudadanía a combatir la corrupción”- publicó en su portal una investigación sobre cómo 2020 está en camino a posicionarse como el año récord de las adjudicaciones directas, pues “78.2% de las contrataciones (de los cinco primeros meses de 2020) se han entregado a través de adjudicaciones directas”, es decir, sin competencia.
Revisando los contratos disponibles en la plataforma pública de Compranet, la organización civil señala que la dependencia encargada de la construcción del Tren Maya –Fonatur Tren Maya– ha sido una de las principales dependencias que ha utilizado el esquema de adjudicación directa, con el 92% de los contratos adjudicados en lo que va de 2020.
El contraataque del gobierno
El 12 de junio, tres días después de la revelación de MCCI, Fonatur Tren Maya publicó una nota aclaratoria en donde invitaba al equipo editorial de la asociación a consultar con la dependencia antes de publicar “una nota imprecisa”.
En el documento de cuatro páginas se puede leer que, por segunda ocasión en el año, Fonatur Tren Maya se veía “en la penosa necesidad de pedirle al equipo de MCCI que eleve sus estándares periodísticos o que tengan la gentileza” de consultar a la dependencia.
Para defenderse, la dependencia argumentó que el artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas les permite “contratar obras públicas o servicios relacionados con las mismas, sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, a través de los de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa, cuando el importe de cada contrato no exceda de los montos máximos que al efecto se establezcan en el Presupuesto de Egresos”.
De igual forma, publicaron una relación de los contratos por tipo de procedimiento y los montos que esta oficina gubernamental había hecho entre 2019 y 2020, donde muestran que se habrían asignado 70 contratos por adjudicación directa (90% de los 77 contratos celebrados) a diferencia del 92% que había mencionado MCCI.
Además incluyeron la suma de los montos de contratos donde se puede observar que, de los más de 336 millones de pesos gastados en los 76 contratos, solamente el 14% (casi 50 millones de pesos) se pagaron por adjudicación directa. El resto se reparte entre Licitación Pública (651 mil pesos) y contratos entre entes públicos (cerca de 286 millones de pesos).
¿Quién tiene la razón?
Todo parece indicar que ambas partes poseen argumentos válidos. Por una parte, la investigación de MCCI tenía el objetivo de mostrar que, a pesar de que el presidente estableció en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) que su administración iba a “prohibir las adjudicaciones directas”, el uso de estos procedimientos se sigue incrementando en el último año y medio.
Además, si se analiza la información de la plataforma Compranet al 19 de junio, podemos constatar que, en lo que va de 2020, Fonatur Tren Maya ha realizado 81 contrataciones por más de 354 millones de pesos.
De ellos, 75 contratos (92.6%) se adjudicaron directamente sumando poco más de 64 millones de pesos; seis (7.4%) se realizaron por contratos entre entes públicos los cuales sumaron casi 286 millones de pesos y solamente dos contratos (2.5%) a través de licitación pública que ascienden a un gasto de dos millones de pesos.
Por su parte, Fonatur Tren Maya tiene razón al señalar que la ley establece la posibilidad de utilizar la adjudicación directa, siempre y cuando, los montos asignados por esta vía no excedan el límite máximo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Además la Ley de Obras Públicas establece que la suma de los montos de los contratos que se realicen por esta vía “no podrá exceder del 30% del presupuesto autorizado a las dependencias y entidades para realizar obras públicas y servicios relacionados con las mismas en cada ejercicio presupuestario”.
Por lo tanto, al tomar en cuenta que el presupuesto autorizado para el Tren Maya que es de dos mil 500 millones de pesos, la suma de los contratos asignados sin competencia se encuentra aún lejos del 30% máximo que establece la ley.
Sin embargo, resulta preocupante que una dependencia del gobierno se tome atribuciones que no le corresponden para cuestionar la labor periodística de una organización y exigir estándares periodísticos específicos.
Parece que a algunos funcionarios se les olvida que sus argumentos se publican en medios y cuentas institucionales, no personales, y que deben estar abiertos al escrutinio y debate público sin juzgar y criticar a quienes los cuestionan.
