Las empresas aportan en promedio cinco de cada 10 pesos que el gobierno recauda del Impuesto Sobre la Renta (ISR), uno de los principales ingresos del presupuesto federal para mejoras en las calles, nuevos programas sociales, estrategias de seguridad o acciones para el acceso a la justicia.
El ISR (pago por ingresos por comercialización y/o fabricación de bienes y servicios) es el impuesto que más dinero da al gasto social, ya que representa 53% del total de los ingresos tributarios que van a parar a las arcas del gobierno para el presupuesto público, con base en datos del Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública al Tercer Trimestre de 2019.
De enero a septiembre de 2019, el ISR ingresó a las arcas del gobierno 1 billón 298 mil millones de pesos, que representa una reducción de -1.2% respecto a lo observado en los mismos meses del 2018; mientras que, a través del IVA, el gobierno recaudó 399 mil millones de pesos, y el Impuesto Especial sobre Producción Servicios le significó 192 mil millones de pesos, según datos del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
¿Esto es mucho o poco?
En México el ISR corporativo es del 30%, una tasa muy alta e incluso mayor que el promedio de los países que integran la OCDE, que es de 24%, de acuerdo con el informe Estudios Económicos de la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico (de marzo de 2019).
Por ejemplo, Estados Unidos recortó su tasa ISR de 35 a 21% como incentivo fiscal para sus empresas en 2018.
Pero en nuestro país este impuesto es tan importante que, de hecho, la economía mexicana depende en gran medida de él. En 2019, la nueva administración federal pronosticó un aumento del presupuesto público de 4.9% y dijo que esto lo lograría con aumento estimado de 7.0% de los ingresos tributarios.
Recaudación, el gran lastre
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHP) estimó que para 2019 habría para las empresas “renuncias recaudatorias” (formas de evadir el pago de impuestos) de aproximadamente 123 mil 86 mdp.
Esto representa pérdidas para el ingreso tributario y, por lo tanto, para el dinero disponible para el gasto del gobierno federal en servicios y bienestar de la ciudadanía.
La baja recaudación fiscal se debe a diversos factores, entre ellos los pobres niveles de crecimiento económico, la incapacidad administrativa y técnica de la autoridad tributaria, así como la insuficiente legitimidad de los gobiernos, frente a sus contribuyentes y ciudadanos.
Estas condiciones propician conductas elusivas o de franca evasión del cumplimiento de las obligaciones fiscales, de acuerdo con el informe El Pago de Impuestos y la Evasión Fiscal en México del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP).
Por todo ello, los ingresos tributarios representan en promedio 13% del Producto Interno Bruto (PIB), cifra aún por debajo de los países de América Latina y de la OCDE, donde los ingresos tributarios son del orden del 15.5 y 23.1 por ciento del PIB en promedio, respectivamente.
Te invitamos a leer: Los más ricos de EU pagaron menos impuestos que los trabajadores en 2018
La informalidad, otro obstáculo
Pero uno de los obstáculos que impiden a México recaudar más dinero por medio del ISR es la informalidad, ya que miles de empresas evaden por esta vía el pago de impuestos.
Te recomendamos: Las razones por las que podría haber aumentado la economía informal en 2019
Según la OCDE, en México la economía informal, sector al que pertenece el 60% de las y los trabajadores, representa casi una cuarta parte del PIB de México.
Como un círculo vicioso, varias de las corporaciones eligen no registrarse ante el SAT y mantenerse en la informalidad por los altos costos que representa cumplir con las obligaciones fiscales.
Además de ahorrarse el pago de la tasa del 30%, tienen que invertir tiempo y dinero para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
De acuerdo con el Banco Mundial, se requieren cerca de 241 horas al año para que una empresa mexicana de tamaño mediano prepare y presente su declaración fiscal y pague sus impuestos y aportaciones a la seguridad social.
Además, los costos posteriores a la declaración de impuestos son también altos y abarcan el tiempo empleado para acreditar la devolución de saldos a favor del IVA, obtenerla, solicitar una corrección del impuesto sobre la renta de personas morales y completar el trámite.
Por ejemplo, se requieren 42 semanas para obtener una devolución de IVA. Facilitar a las empresas la labor de cumplir con sus obligaciones fiscales reduciría uno de los obstáculos administrativos para la formalización, dice el Banco Mundial.
Otro obstáculo, según la OCDE, son los elevados costos que implican para las corporaciones el pago de derechos por despidos formales.
¿La solución? En su informe de 2019 para México, la OCDE recomienda reducir la carga regulatoria para las empresas, mejorar las regulaciones de protección del empleo, bajar los impuestos sobre el trabajo, y supervisar y evaluar las iniciativas emprendidas para reducir la informalidad.
Te podría interesar: Venezuela endeudada con China; México, con Estados Unidos y Alemania
Esto debería importarnos porque sin estas aportaciones, los gobiernos tendrían más recursos para hacer frente al gasto público, cada vez mayor por el aumento de programas sociales.
Hacer crecer la economía del país y, al mismo tiempo, sostener la política social del gobierno para este año, podría hacer urgente el uso de nuevas cargas fiscales, pero ¿éstas deben ser para las empresas que ya cumplen con todas sus obligaciones o principalmente para aquellas que están en la informalidad?
