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Foto: Félix Márquez
No solo Elba Esther: en todos estos casos contra políticos, EPN quedó a deber
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No solo Elba Esther: en todos estos casos contra políticos, EPN quedó a deber
Mucho ruido, pocas sentencias
23 Abr | 2019
Por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa
Muy Cierto
No solo Elba Esther: en todos estos casos contra políticos, EPN quedó a deber
Mucho ruido, pocas sentencias
Abr 23, 2019
por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa
Muy Cierto
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La exoneración de Elba Esther Gordillo y el regreso de sus bienes exhibió la debilidad y torpeza con que la administración de Enrique Peña Nieto armó los casos contra once exgobernadores (dos interinos) y otros personajes políticos.

Estas investigaciones y juicios que promovió la pasada administración contra figuras políticas -incluso contra integrantes del propio Partido Revolucionario Institucional (PRI)- fueron por la presunta relación de personajes con actos de corrupción, delincuencia organizada y lavado de dinero… dinero que provenía nada más y nada menos que del erario público, es decir, de nuestro bolsillo.

La fragilidad de los expedientes y pruebas presentadas por la extinta Procuraduría General de la República (PGR) en contra de estos personajes -con riquezas millonarias pero empleos “modestos”- no llegaron a ningún puerto... o, como en el caso de la lideresa sindical, Elba Esther, si acaso al puerto del fracaso pues la maestra ya está en libertad y gozando de sus millonarias propiedades.

Durante la administración de Peña Nieto, los exgobernadores que se llevaron a juicio fueron: el de Quintana Roo, Roberto Borge (PRI); el veracruzano, Javier Duarte, y su interino, Flavino Ríos, (ambos del PRI); el sonorense Guillermo Padrés (PAN); el interino de Michoacán, Jesús Reyna (PRI); el chihuahuense César Duarte (PRI); Rodrigo Medina de la Cruz (PRI), de Nuevo León; Roberto Sandoval Castañeda (PRI) de Nayarit; Luis Armando Reynoso Femat, de Aguascalientes (PAN); el tamaulipeco Tomás Yarrington Ruvalcaba (PRI); el tabasqueño Andrés Granier Melo (PRI).

Pero de ellos, César Duarte sigue prófugo y con ficha de búsqueda por parte de la International Criminal Police Organization (Interpol), Padrés y Femat están libre bajo fianza; Yarrington fue requerido por autoridades de EU; sólo Javier Duarte ha sido sentenciado, y los juicios del resto siguen en proceso.

Pero no son los únicos:

- El Estado Mexicano vs. “La maestra”: fracaso

En 2013, la administración de Enrique Peña Nieto detuvo a la lideresa sindical, Elba Esther Gordillo por presunto desvíos de recursos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), lavado de dinero y delincuencia organizada. Su riqueza estaba valuada en millones de pesos. Tan sólo su mamá (que era maestra comunitaria), le heredó 373 millones de pesos en propiedades y obras de arte.

Nueve días después de la detención de Gordillo, la encuestadora Consulta Mitofsky informó que la popularidad del exmandatario Peña Nieto se había elevado al pasar de 53 a 59 puntos.

La maestra fue enviada al Reclusorio Femenil de Santa Martha Acatitla pero, por sus problemas de salud, en pocos días fue trasladada a la Torre Médica del penal de Tepepan y, después, sus abogados consiguieron que se le otorgara su reclusión domiciliaria.

Durante los cinco años que duró el proceso legal, Gordillo libró dos sentencias que fueron impugnadas por las fallas procesales que cometió la extinta PGR y, finalmente, quedó en libertad el 8 de agosto de 2018 porque la recabación de pruebas no se hizo con respeto a sus derechos y porque ningún docente presentó denuncias en su contra. 

Tras la resolución, el abogado de la exlíder sindical, Marco Antonio del Toro consiguió la cancelación del aseguramiento de bienes confiscados a Gordillo, de acuerdo con la sentencia del juicio de amparo 858/2018. Es decir: por eso le devolvieron autos de colección, depas, casas y obras de arte a la “humilde” profesora.

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¿Cuáles son esos bienes? 

La Fiscalía devolverá a Gordillo sus siete cuentas bancarias que permanecían congeladas, tres inmuebles: uno ubicado en la calle Galileo número 7, en Polanco, otro en el lote 29 del predio Prados de la Montaña del desarrollo inmobiliario Bosques de Santa Fe, en Cuajimalpa, y el tercero una bodega en la Colonia 7 de noviembre en la alcaldía Gustavo A. Madero.

- El Estado mexicano vs Javidú: “Me declaro culpable”... bueno, más o menos.

En 2017, el portal digital Animal Político reveló una red de corrupción que fincó el ahora exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, para enriquecerse a costa del presupuesto estatal. En el colmo de las denuncias y el rechazo popular en contra de Duarte, la desaparecida Procuraduría General de la República lo acusó de delincuencia organizada y operaciones con recursos ilícitos, y decidió ir tras él… pero cuando ya se había dado a la fuga.

Aún no se establece un monto oficial sobre la riqueza que hizo el exmandatario local y su esposa Karime Macías (que está libre y ahora vive en Londres, en un barrio cercano a la familia real) mientras administró la entidad; sin embargo, se le confiscó 41 propiedades, algunas de ellas con costo de hasta 45 millones de pesos.

En medio de críticas contra el gobierno priista, personal de la Interpol detuvo a Duarte en Guatemala y a través de la SRE se solicitó y consiguió su extradición a México. Un año después, y tras declararse culpable, se sentenció al político a nueve años de prisión y se le impuso una multa de 58 mil 890 pesos, así como el decomiso de sus bienes inmuebles que están a su nombre.

Sin embargo, el político ya se echó para atrás y declaró el pasado 27 de febrero en entrevista para Radio Fórmula que la entonces Procuraduría supuestamente le puso una pistola en la cabeza para que aceptara esa sentencia y que no conocía a varias de las personas que testificaron en su contra.

Pero en este caso, a Peña Nieto se “le escapó” de la justicia Karime Macías, contra quien se abrió una investigaciones, que no ha sido atenuante para aprehenderla, de ahí que presuma sus paseos por la capital de Inglaterra: Londres.

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El Estado mexicano vs Riqui Riquín Canayín: en suspenso

En el refilón de la contienda electoral por la presidencia en 2018, la Procuraduría General de la República anunció que recopilaba pruebas en contra del entonces candidato del Partido Acción Nacional, Ricardo Anaya, por presunto lavado de dinero y tráfico de influencias para la triangulación de 54 millones de pesos, a través de empresas fantasmas y depósitos en cuentas en el  extranjero.

La riqueza de Anaya y su familia política equivale a 308 millones de pesos, reveló en su momento una investigación del diario El Universal, aún cuando el político sólo ha trabajado como funcionario público. En toda la campaña, la Fiscalía no pudo concretar ninguna acusación formal contra el candidato.

¿Qué sigue?

La nueva administración federal deberá dar seguimiento a los procesos que continúan abiertos, ¿será que las fallas que cometió la PGR durante las investigaciones le sirva a más de uno como argumento para quedar libre?



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