Organizaciones civiles alertan por el peligro que corre la libertad de expresión

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¿Pagar 10 millones de pesos por expresar su opinión en una columna que se publicó en un periódico? Parecería un absurdo, pero esa fue la resolución de jueces y magistrados a la demanda que interpuso el exgobernador priista de Coahuila, Humberto Moreira contra el académico Sergio Aguayo. Por eso, organizaciones civiles como Fundar y Artículo 19 cierran filas en apoyo al columnista.

A través de un comunicado, Fundar se solidarizó con su fundador, Aguayo Quezada. La organización que busca mejorar la democracia en México, afirmó que el dictamen de magistrados y jueces “representa no sólo un ataque a la libertad de expresión del periodista y académico, sino que vulneran el derecho a la información de toda la sociedad mexicana e inhibe la labor de las y los periodistas que vigilan y cuestionan el ejercicio del poder político lo cual es un pilar fundamental de la democracia”.

Para Fundar, ”la emisión de sentencias regresivas, desproporcionadas y violatorias de derechos humanos como la dictada en contra de Sergio Aguayo, pone en evidencia un sistema de justicia que actúa como un mecanismo de control político en lugar de garantizar derechos fundamentales”.

Por ello, exigió a las autoridades federales y de la Ciudad de México el cese al acoso judicial en contra del académico y la adopción de medidas preventivas y de protección para evitar que se ponga en riesgo su libertad de expresión e integridad.

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En este contexto, Ana Cristina Ruelas, directora de Artículo 19 para México y Centroamérica, estimó que la sentencia contra el articulista de Reforma, “es una forma de amenaza jurídica, una forma de acoso judicial, un uso pernicioso del aparato del Estado para perseguir periodistas y para tratar de inhibir y cancelar el debate público”.

“Este tipo de demandas tienen la intención de cansar a los periodistas y generar un mecanismo intimidatorio tremendo en donde el periodista se siente solo”, dijo Ruelas en entrevista para Cuestione.

Todo empezó cuando el exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira demandó en julio de 2016 a Aguayo por daño moral. Uno de los magistrados que lleva el caso tiene conflicto de interés por su cercanía con el exdirigente del PRI y, por lo que articulista fue sentenciado a pagar 10 millones de pesos por ejercer su libertad expresión.

El columnista escribió la editorial Hay que esperar el 20 de enero de 2016, en la que refiere que Humberto Moreira destilaba un “hedor corrupto”. 

“Humberto Moreira, se enfrenta, finalmente, a una justicia: la española, que con ese acto muestra que las instituciones mexicanas son virtuosas en la protección de los corruptos”, se lee en la publicación.

Además, dijo que ”Moreira es un político que desprende el hedor corrupto; que en el mejor de los escenarios fue omiso ante terribles violaciones a los derechos humanos cometidos en Coahuila, y que, finalmente, es un abanderado de la renombrada impunidad mexicana”.

“Aquí lo que quiere Moreira es mandarle un mensaje de silencio a Sergio, y lo que no está bien del Tribunal es que está siendo ese instrumento. Lo que está haciendo el Tribunal es un mecanismo que se reconoce a nivel internacional que se llama acoso judicial”, apuntó Ruelas.

El conflicto de interés entre Magistrado y familia Moreira

La particularidad del caso de Aguayo es que se trata de una opinión, señaló Ana Cristina Ruelas: “Es una columna de opinión. Normalmente lo que se juzga es la información y en este caso, es algo preocupante porque la opinión es por la libertad de pensamiento de cada una de las personas y de pensar lo que quiere. Y aquí Moreira se está sintiendo atacado por una opinión, y eso es algo que de acuerdo a los estándares internacionales no es procedente”. 

Sobre el posible conflicto de interés, la directora de Artículo 19 expusó que “el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México tiene que dar atención a la queja que presentó la defensa de Sergio Aguayo, en la que precisamente uno de los argumentos que se presentan en esta queja es el posible conflicto de interés de uno de los magistrados de la Sexta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia, porque precisamente se alude al posible conflicto de interés en relación con la familia Moreira y el magistrado, Francisco Huber Olea tienen” -El hermano del Magistrado habría recibido una notaría por parte de Rubén Moreira, hermano del demandante.

En abril del 2007, los delitos de difamación, calumnia e injuria fueron eliminados del Código Penal y despenalizados en diversos estados. Diversos organismos de las Naciones Unidas han pedido al Estado Mexicano generar un entorno libre de amenazas, intimidación y represalias.

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Ana Cristina Ruelas hizo un llamado al gremio periodístico para que pidan al Congreso de la Unión una reforma al código civil, a fin de que los jueces puedan estudiar los méritos del caso previo a la determinación de su procedencia y “que  identifiquen si la demanda lo que busca es inhibir el debate público y la participación cívica o si tiene elementos para proceder, porque de lo contrario vamos a seguir viendo este tipo de casos y los periodistas se tienen que enfrentar al poder y a los poderosos”.

Sergio Aguayo presentó un recurso para frenar la sentencia del juez de embargar sus bienes si no cumplía con el pago de 10 millones de pesos a favor del exgobernador Humberto Moreira. Por lo que tuvo que hacer un depósito de 450 mil pesos.

 A continuación la Carta abierta al Consejo de la Judicatura para protestar por el acoso judicial a Sergio Aguayo: 

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