A partir del 1 de enero de este año, entró en funcionamiento el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), en sustitución del Seguro Popular.
Un proyecto ambicioso de cobertura universal que aún no se sabe si también cubrirá la salud mental, como lo hacía el Seguro Popular. De hecho, se especula que el Insabi no atenderá padecimientos mentales, según ha denunciado la Federación Nacional de Colegios, Sociedades y Asociaciones de Psicólogos de México A.C. (Fenapsime).
Esta Federación envió una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador, en la que deja clara su preocupación de que el Insabi no genera las condiciones “para que las y los mexicanos desfavorecidos económicamente cuenten con servicios públicos de salud mental suficientes, de calidad, incluyentes y éticos”.
Hablamos de un gran porcentaje de la población, ya que, según un comunicado conjunto de la Secretaría de Salud de México, el IMSS y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), uno de cada cuatro mexicanos entre 18 y 65 años, ha padecido algún trastorno mental como ansiedad, esquizofrenia, trastorno límite de la personalidad y depresión.
De hecho, un estudio de la Facultad de Psicología de la UNAM, señala que uno de cada cuatro adolescentes en México está en riesgo de padecer depresión debido a factores “como desempleo, pobreza y eventos estresantes; también se vincula a condiciones biológicas (genético y ambiental) y grupos sociales. Si hay antecedentes familiares se deben evitar los posibles detonantes, como comportamientos inadecuados y estresores”.
Un problema serio si tomamos en cuenta que la Organización Mundial de Salud (OMS) explica que un paciente con depresión no nada más presenta tristeza, falta de interés o baja autoestima, también puede presentar síntomas físicos sin causas orgánicas aparentes.
Además, la depresión es un asunto de salud pública porque la población que la padece también puede verse incapacitada para llevar a cabo actividades laborales o académicas y en casos extremos llegar al suicidio.
Es decir, los jóvenes mexicanos se enfrentan a un círculo vicioso. La misma depresión que les provoca la pobreza, podría ser el obstáculo que les impida salir de ella.
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Por esta combinación de trastorno mental y pobreza, el sistema de salud pública del país debería tener a la salud mental como una de sus prioridades, sobre todo si vemos que según estimaciones del diario El País, una consulta psiquiátrica privada en México cuesta entre 500 y 1,500 pesos, lo cual contrasta con los 123 pesos diarios de salario mínimo.
Es decir, la gran mayoría de quienes padecen una enfermedad mental no tienen para pagar a un especialista por lo cual se vuelve esencial recibir la atención del sistema público.
Como contexto, también El País publicó que, en 2018, el gobierno mexicano destinó cerca “del 2.2% del presupuesto en Salud a la Psiquiatría, menos de la mitad del mínimo que recomienda la OMS”. El 80% de este dinero se gasta en nóminas, operación y mantenimiento de hospitales y solo se tiene el 20% restante para poder ejecutar trabajos de investigación, así como campañas de prevención y de información.
Sin embargo, este no es una desatención solo de México, ya que a pesar de las recomendaciones de la OMS, el 40.5% de los gobiernos no tienen políticas públicas sobre salud mental y 33.3% ni siquiera cuenta con programas para contrarrestar los trastornos mentales.
Un asunto de bienestar nacional
De acuerdo con el Banco Mundial, “además del impacto en la vida personal, las enfermedades mentales también afectan el desarrollo de un país ya que son una de las mayores causas para discapacidad en el mundo”.
Por otro lado, concluye que la gente con menos recursos “no solamente tiene más riesgo de padecer de un trastorno mental como la depresión -porque enfrentan más dificultades en la vida-, pero también tienen menos acceso a un cuidado adecuado”.
Un círculo vicioso que se debe atacar si se pretende el bienestar de un país.
