Para 2020, siete partidos políticos gozarán de más de cinco mil millones de pesos para los gastos de sus campañas. ¿Por qué pagamos tanto dinero a los partidos políticos para sus contiendas electorales?
Cuestione tratará de explicar esta semana cuáles son los pendientes de México en términos de libertades políticas. En esta primera entrega te decimos por qué el gasto de los partidos políticos sale tan caro y de nuestros bolsillos.
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Institucionalizar y generar confianza
Para la Latin America Initiative, el problema no es que los partidos políticos tengan recursos públicos, ya que necesitan dinero para fortalecerse como instituciones y cumplir sus tareas de formación de derechos políticos.
Dejar a los partidos sin recursos públicos significaría que tendrían que buscarlo en el sector privado, pero en América Latina la recaudación de fondos, a través de entes privados, es tan compleja que se corre el riesgo de que narcotraficantes y, en general, el crimen organizado se infiltren en los órganos políticos.
El problema está -dice este análisis- en la desigualdad en la designación del recurso público por partido y en la falta de mecanismos para regular el gasto de los partidos.
Además, el presupuesto público que se da a los partidos tiene como fin elevar su nivel de competencia para consolidar la democracia y fortalecer sus instituciones, según el análisis El financiamiento de los partidos políticos y la confianza ciudadana en México, de Andrés Valdez Zepeda y Delia Amparo Huerta Franco, investigadores del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativa de la Universidad de Guadalajara.
Sin embargo, la falta de transparencia, el progresivo aumento del presupuesto y la desconfianza en los partidos han puesto en tela de juicio la necesidad de que las y los mexicanos paguemos asociaciones políticas para que los políticos ocupen un puesto público.
Presupuesto a la alza
Esto se debe a que el dinero que los gobiernos destinan a los partidos políticos no ha hecho más que crecer con el tiempo desde que se admitieron estas aportaciones:
Pero con ese recurso (que en 2020 representa 273 millones de pesos más que en 2019), el gobierno mexicano podrían financiar los costos de la gasolina, el suministro de medicamentos para personas enfermas de cáncer o aumentar el presupuesto de los refugios para mujeres víctimas de violencia.
Pero no siempre fue así
Según la investigación de Valdez Zepeda y Huerta Franco, originalmente los partidos políticos fueron definidos como organismos de carácter privado. Por ello, el financiamiento de las campañas provenía únicamente de fuentes privadas.
En Italia, desde 1947 se introdujo en su Constitución el reconocimiento a los partidos y la necesidad del apoyo económico para el sostenimiento de dichos institutos políticos. En América Latina, el primer país fue Uruguay, en 1928, le siguió Costa Rica en 1949 y Argentina en 1961.
Pero en 1977, tras la reforma Constitucional impulsada en el gobierno de José López Portillo, quedó establecido en la ley que los comicios electorales y los partidos debían recibir presupuesto público, aunque sin reglas claras de distribución. Los primeros apoyos fueron en especie a través de carteles y folletos. También tenían acceso a la radio y la televisión en los tiempos designados al gobierno.
En 1986, durante el gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado, hubo otra reforma a la Constitución. Con ella se modificó el Código Federal Electoral para fijar reglas de distribución del financiamiento público (por ejemplo que los partidos con 1.5% de votación pudieran acceder a él), fórmulas para calcular el monto total del financiamiento, un mecanismo de distribución y un calendario de las asignación del dinero.
En esta nueva organización electoral -señala la investigación- se contemplaba el financiamiento de los partidos políticos sólo como complementario a sus ingresos y se pedía que justificaran anualmente todos su gastos ante la Comisión Federal Electoral.
Con Carlos Salinas de Gortari hubo dos reformas electorales en esta materia.
La primera fue en 1989 para establecer que sólo los partidos con 2.5% de la votación y legalmente reconocidos tendrían derecho al financiamiento público por actividad electoral, actividades generales, por subrogación del Estado de las contribuciones que los diputados y senadores hicieran para el sostenimientos de sus partidos y por actividades específicas (educación y capacitación política, así como por tareas editoriales).
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¿Cuándo dejó de dar más dinero el sector privado?
En la segunda reforma electoral de Salinas (1993) se prohibió explícitamente que los entes públicos en los tres niveles de gobierno, las empresas de carácter mercantil, los extranjeros, los ministros y las iglesias realizaran aportaciones o donativos a los partidos en dinero o en especie. Ahí se establecieron además límites al financiamiento privado y a los gastos de campaña.
En 1996, durante el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León, hubo otra reforma electoral para que en el financiamiento de los partidos políticos fuera mayor el de origen público que el privado. También se estableció un mínimo de 2% de la votación para acceder a recursos públicos, se incrementó el presupuesto, se ampliaron las facultades para poder fiscalizar el uso de dichos recursos y se determinó el porcentaje de distribución que corresponde a cada partido.
En 2014, con Enrique Peña Nieto, hubo otra reforma electoral que aumentó el porcentaje a 3% para obtener el registro oficial y acceder a los recursos económicos del erario público y se creó la Ley General de Partidos Políticos y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
La investigación de la Universidad de Guadalajara explica que estas reformas incidieron para que hubiera una mayor equidad en la competencia política entre los diferentes partidos y se generará certidumbre y confianza entre los diferentes actores que participan en el proceso electoral.
Sin embargo, el aumento de dinero para el financiamiento a los partidos políticos también creció mucho como consecuencia de diferentes reformas electorales y de la presión que ejercieron los mismos partidos de oposición y un sector de la sociedad civil.
En América Latina actualmente sólo Venezuela no otorga ningún tipo de financiamiento a los partidos políticos, mientras que Chile y Perú lo hacen en montos muy reducidos.
¿Y esto sirvió de algo?
De acuerdo con la investigación, para el caso mexicano la institucionalización y el nivel de competencia y del sistema de partidos ha dependido más bien de otras variables que del monto presupuestal que reciben anualmente estos institutos políticos.
De hecho, el incremento del nivel de competencia de los partidos y la misma institucionalización del sistema de partidos políticos ha dado mayor equidad en materia de financiamiento de origen público para los partidos.
“Por lo que no es acertado señalar que el aumento en el presupuesto a los partidos fortaleció el sistema de partidos y su nivel de competitividad. Más bien, el aumento presupuestal ha sido un producto del proceso de transición”, de acuerdo con el texto.
A esto se suma que el incremento del financiamiento público no redujo el abstencionismo ni logró motivar la participación ciudadana, a pesar de que el dinero debe usarse para actividades de comunicación y persuasión política de los partidos y organismos electorales.
Todo este dinero tampoco ha servido para reforzar la confianza de la ciudadanía en los partidos políticos. Por el contrario los “partidos políticos” se mantienen en la parte más baja de aceptación en la tabla, junto a los senadores,los sindicatos y los diputados” con una calificación de 5.3, de acuerdo con una encuesta de Consulta Mitofsky de 2019.
Y tú qué piensas, ¿los partidos necesitarán más dinero del erario público o más reglas de fiscalización?
