¿Por qué Andrés Manuel López Obrador agradeció a Carlos Slim, Carlos Salazar Lomelín, Antonio del Valle y Manuel Bartlett en su Primer Informe oficial de gobierno?
Gracias a ellos, dijo López Obrador, “se logró evitar los procesos legales que estaban por iniciar en tribunales internacionales”.
El pasado 26 de agosto, estos empresarios y el gobierno federal llegaron a un acuerdo que tiene que ver con los ductos para comercializar gas natural y los conflictos que estos enfrentan en comunidades, ejidos y municipios locales donde se ha señalado que se violaron distintos derechos humanos e indígenas para su construcción.
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El problema
Carso, IEnova y TC Energy son las empresas constructoras que -como se acordó antes de que llegara la actual administración- construirían los gasoductos por los que la Comisión Federal de Electricidad, dirigida por el exsecretario de Gobernación del priista Miguel de la Madrid, Manuel Bartlett, vendería gas natural en México.
Varios de esos ductos serían construidos en territorios de comunidades indígenas que tienen derecho a la autodeterminación, es decir, a determinar sus propias formas de gobierno y toma de decisiones, lo que obliga a las autoridades mexicanas a consultarles antes de iniciar cualquier proyecto en su territorio.
Esa consulta tiene que ser con anticipación, libertad y es obligación de los gobiernos darles toda la información que requieran para decidir sobre el uso de sus territorios.
Pero, las administraciones pasadas entregaron los proyectos a esas empresas e iniciaron su construcción sin la autorización de las comunidades. Además, el gobierno ofreció a esas empresas pagarles, incluso, si se frenaba la construcción de los gasoductos por “causa de fuerza mayor”.
Y claro que eso pasó… Por los conflictos con las comunidades y otros asuntos técnicos, distintas secretarías y dependencias de gobierno no pudieron entregar algunos permisos que se requieren para que los gasoductos iniciaran operaciones.
Las comunidades y personas afectadas por la construcción interpusieron amparos y realizaron protestas pacíficas para impedir la construcción de los ductos.
Hasta julio de 2019, al menos seis proyectos (la Laguna-Aguascalientes y Villa de Reyes-Guadalajara, a cargo de Fermaca; Tuxpan-Tula y Tula-Villa de Reyes, de TC Energy; y Samalayuca-Sásabe y Sur de Texas-Tuxpan) tenían retrasos de entre 302 y 514 días, de acuerdo con la Cuarta revisión del Plan Quinquenal del Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural 2019.
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El acuerdo
Desde febrero de 2019, Bartlett dijo que los contratos con esas empresas generaban daños a las arcas del Estado, ya que la CFE estaba obligada a pagar una pena “como si estuviera recibiendo el gas sin recibirlo”.
La empresa de electricidad presentó en julio una serie de acciones legales en tribunales franceses para que las empresas modificaran las cláusulas de los contratos. Por su parte, las constructoras también presentaron amparos en esos tribunales por los retrasos en la construcción u operación de los gasoductos.
Pero en julio, la administración federal se echó para atrás con los amparos y llamó a las empresas a negociar. El acuerdo final fue -según López Obrador y el propio Manuel Bartlett- que se reducirían las tarifas de servicio, de transporte de gas, fijas y otras. Una reducción de 12 mil a 7,500 millones de dólares.
Además, empresarios y gobierno se desistirían de las acciones legales; llegarían a “acuerdos equilibrados” sobre casos fortuitos y fuerza mayor; y reiniciarían la operación de los ductos detenidos.
¿Quién gana con este acuerdo?
Tras el anuncio, las acciones de Grupo Carso, aumentaron 2.11%, las de IEnova y TC Energía avanzaron en 1.66 y 0.94%, respectivamente. Bueno, hasta las acciones de Fibra CFE subieron 3.64%, según, El Financiero.
Éstas son las únicas ganancias que ya surtieron efecto; en contraste, el resto de los beneficios para la población mexicana quedó en especulaciones:
López Obrador dijo que se espera que la administración federal ahorre 4 mil 500 millones de dólares y que se dé certidumbre a las inversiones; también aseguró que permitirá la comercialización de 8 mil 200 millones de pies cúbicos de gas natural al día, con lo que garantiza el abasto de este insumo por los siguientes 20 años.
Y el empresario Carlos Slim -que acompañó al mandatario a explicar este acuerdo- destacó que con los gasoductos se accederá al “gas más barato del mundo”.
¿Quiénes pierden?
Bartlett aseguró que el primer ducto en entrar en operación será el Texas-Tuxpan con una capacidad de 2 mil 600 pies cúbicos diarios y que se llevará gas a 14 centrales de generación.
Pero desde 2018, este proyecto tuvo retrasos porque la Secretaría de Marina y la Secretaría de Comunicaciones y Transporte no presentaron los permisos necesarios; mientras que pobladores y pescadores rechazaron el proyecto por las afectaciones medioambientales que les traería la obra.
Luego de denunciarlo, ese mismo año el biólogo Henry Marqués Escudero, líder de los pescadores, fue raptado y liberado 36 horas después con signos de violencia, así lo reportó una investigación del medio CEO, especializado en negocios.
Este no es el único proyecto que enfrenta obstáculos. El 2 de julio, la comunidad de Amilcingo, Morelos consiguió un amparo para suspender definitivamente la construcción del gasoducto Morelos, ya que las autoridades de la Secretaría de Energía ocuparon ilegalmente tierras ejidales.
Por oponerse a la construcción de este gasoducto y una termoeléctrica, en febrero fue asesinado el activista Samir Flores. Pese a ello, AMLO llevó a cabo una consulta popular (que es distinta a la indígena) para la aprobar el proyecto mientras la comunidad aún velaba el cuerpo del activista.
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Al parecer la nueva administración ya resolvió el conflicto con las empresas. Ahora, la pregunta pendiente es: ¿cómo se arreglará con la población que no quiere estos proyectos por las violaciones a los derechos humanos que esto les ha traído?
