Hace dos años se destapó la Estafa Maestra, un mecanismo de triangulación para desviar dinero público desde 11 dependencias federales –en particular Sedesol, Banobras y Pemex. El esquema tenía una característica particularmente perversa: la triangulación se hacía al utilizar a ocho universidades públicas.
Fuente: Observatorio de la Corrupción y la Impunidad de la UNAM
* No incluye el total de convenios, contratos o montos, únicamente los que fueron auditados por la ASF
¿Por qué universidades? La Ley Federal de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios permite al gobierno celebrar contratos con dependencias y universidades sin necesidad de realizar un proceso de licitación. La única condición es que, en caso de requerir celebrar otro contrato con terceros, que éste no supere el 49% del monto celebrado con el ente público.
Así, las universidades resultaron ser el mejor vehículo para desaparecer más de siete mil millones de pesos de la cuenta pública en 2013 y 2014, que supuestamente obtuvieron para realizar servicios que subcontrataron a través de 128 empresas fantasma.
Desde que salió a la luz investigación periodística Estafa Maestra, hecha por el portal Animal Político en septiembre de 2017, han pasado dos administraciones federales: la de Enrique Peña Nieto y la actual de Andrés Manuel López Obrador. En la cárcel solo se encuentra la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, por, presuntamente, haber sido alertada sobre el esquema de desvío de recursos y no haber hecho nada al respecto.
Pero ¿qué ha pasado con las universidades involucradas? En noviembre pasado, el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, dijo que ya habían órdenes de aprehensión contra exrectores y directivos de universidades e institutos tecnológicos vinculados. Aunque se rehusó a revelar nombres, “para no violar el debido proceso” y agregó que algunos han tramitado amparos para no ser detenidos.
Tabasco es donde hay más universidades relacionadas a la investigación: la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), Popular de la Chontalpa (UPCH), Politécnica del Golfo de México (UPGM) y Tecnológica de Tabasco (UTT), así como el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco (ITSC).
Respecto a la UPCH, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público le congeló 22 cuentas bancarias. También congeló las cuentas bancarias de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH).
En julio de 2019, el titular de la UIF, Santiago Nieto dijo que aún mantenían bloqueados 151 millones de dólares de la UAEH, que recibieron de Suiza, porque están verificando la procedencia lícita de los recursos.
Otras, como la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) cayeron en crisis. Esta institución, incluso, tuvo que pedir un apoyo extraordinario, por 390 millones de pesos, a la Secretaría de Educación Pública (SEP), para poder hacer frente a sus compromisos y pagar los aguinaldos de unos seis mil empleados y colaboradores este año.
Mientras tanto, Alejandro Vera, exrector de la UAEM y excandidato del partido Nueva Alianza a la gubernatura de Morelos, ha sido acusado por malos manejos de la institución, por lo que ha solicitado dos amparos para evitar ser arrestado. El primero se le negó y el segundo acaba de ser sobreseído (suspendido por falta de pruebas o continuidad en el proceso).
Otra institución involucrada en la Estafa Maestra a la que el panorama no le pinta nada bien es a la Universidad Autónoma del Carmen (Unacar), en Campeche. Hasta donde se ha hecho público no enfrenta denuncias penales.
Uno de los pocos funcionarios universitarios que enfrentan un proceso legal –que se haya hecho público– es Hugo Manuel del Pozzo Rodríguez, exapoderado legal de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex), quien firmó convenios de la Estafa Maestra en 2013. Sin embargo, el proceso que enfrenta es por otro hecho.
Pozzo Rodríguez está siendo investigado por peculado, en relación a un contrato de 2011 que incumplió la UAEMex con el gobierno de Oaxaca, por 56 millone de pesos. Un juez lo inhabilitó por 20 años, en 2016, y lo denunció ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, según Animal Político.
Y hay más…
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha interpuesto 36 denuncias relacionadas a la Estafa Maestra con un posible daño patrimonial de casi ocho mil millones de pesos, de la mano de la Fiscalía General de la República.
Tan solo este año, la ASF presentó seis nuevas denuncias penales contra dependencias federales y universidades, “que durante 2016 y 2017 replicaron el sistema de triangulación a través de una red de empresas fantasma. El monto total de esas querellas es de 2 mil 500 millones de pesos”, reveló la revista Proceso.
La ASF determinó que 20 universidades públicas estatales deberían reintegrar mil 315 millones de pesos que recibieron en 2017.
La Estafa Maestra mostró un esquema para desviar recursos que se ha reproducido por años, ¿será posible que después de su revelación este tipo de delitos paren o los criminales sencillamente encontrarán otro esquema para desviar dinero público?
