Mari realiza trabajo de limpieza una vez a la semana en la casa de Celia. Tras enterarse -por medio de una conocida- que desde el 2 de abril existía un programa piloto para convertir a las trabajadoras del hogar en derechohabientes, ambas acordaron registrarse en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), pero no lo lograron.
Mari trabaja para otras nueve casas. En total, recibe un salario mensual aproximado de seis mil pesos entre todos sus trabajos, en los que labora por hora.
La empleada necesita la seguridad social porque tiene un hijo con discapacidad auditiva y requiere de un costoso tratamiento médico.
Ella recibe 250 pesos por un día de trabajo a la semana en casa de Celia, lo que representa mil pesos al mes; por ello, el pago único de Celia no es suficiente para registrarse en el IMSS, ya que el tabulador salarial pide como mínimo tres mil 183 pesos mensuales de ingreso. Esto quiere decir que necesitaría ganar al menos 110 pesos cada día del mes.
A Celia, que es jubilada, no le alcanza para cubrir el 100% del salario que Mari recibe por trabajar para nueve casas distintas de lunes a sábado, por lo que contactó y solicitó a todas las empleadoras de Mari para que también contribuyeran -como lo permite el programa-, pero todas se negaron.
Al menos seis de las nueve empleadoras dijeron que no tenían el dinero suficiente para solventar el gasto, una más dijo que no quería “meterse en problemas” y que prefería pagar consultas médicas, y otra de las empleadoras no paga nada a Mari porque la deja vivir en su hogar.
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El rechazo por parte de quien emplea no es el único obstáculo. Laura, por ejemplo, es otra trabajadora doméstica. Está tan interesada en el programa que, incluso, ya buscó en internet todos los requisitos. Cuando encuentre el momento, le pedirá a sus tres empleadores que entre todos la incorporen al IMSS.
El problema para Laura es que aunque los tres acepten, su ingreso mensual total (dos mil 900) no sería suficiente para lograr su incorporación y gozar, como merece cualquier persona que trabaja, de todos los derechos establecidos en la Ley Federal del Trabajo.
Programa piloto, muy lejos de ser un éxito
El portal del Programa Piloto considera la situación que atraviesa Mari entre sus preguntas frecuentes. “¿Qué pasa si tengo 4 empleadores, pero 2 de ellos no quieren pagar la cuota para poder acceder a la seguridad social?”, plantea.
“La prueba piloto es voluntaria, por tanto no se puede obligar en este momento al empleador a cubrir la cuota”, responde el sitio web.
Para Martha Patricia Vélez Tapia, coordinadora del Centro de Apoyo a la Trabajadora Doméstica A.C. en Cuernavaca, Morelos, el principal reto que enfrenta el Programa Piloto es que sigue siendo voluntario.
“No hay mucha voluntad patronal para la incorporación y les han dicho que pueden renunciar si no les gustan las condiciones que actualmente tienen; por lo que las trabajadoras deciden no solicitar nada o no continuar”, señaló la activista.
“Mientras no haya obligatoriedad, pues nos vamos a estar encontrando con estas problemáticas, pero a la vez sí es importante monitorearlas y documentarlas porque se supone que para eso es el programa piloto, para recuperar los vacíos y deficiencias que se están viendo”, agregó Vélez Tapia para Cuestione.
Y el otro problema, de acuerdo con Vélez, es el sueldo que perciben las trabajadoras, por lo que se está empujando una propuesta salarial con la Comisión de Salarios Mínimos para aumentar el ingreso.
La también integrante de la Red Nacional de Trabajadoras del Hogar explicó que otras carencias en el funcionamiento del programa que han detectado, es que el formato en línea que se hizo para el registro no es accesible para este sector, ya que -al menos en las entidades en las que ellas trabajan- no siempre tienen acceso a internet o a una computadora.
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Otro obstáculo es la falta de difusión del programa en las entidades en comparación con lo que se ha hecho a nivel nacional, lo que hace que el proceso de incorporación de las trabajadoras a este programa sea lento.
De acuerdo con la activista, el gobierno de México podría hacer más en el tema de seguridad social, ya que en otros países esto es una realidad desde hace varios años.
Por ejemplo, el gobierno de Uruguay adoptó desde 2005 una ley que reconoce derechos para las trabajadoras del hogar, favoreció la negociación colectiva y creó un protocolo de buenas prácticas para empleadores.
Y Costa Rica logró garantizar inspecciones laborales a los centros de trabajo e incorporar a las trabajadoras a un régimen de protección social que, además, reconoce los derechos vinculados con la maternidad.
La especialista recordó que los avances que se han tenido con el programa son producto de una lucha histórica de las trabajadoras del hogar que se han organizado en México por estos derechos desde hace más de 30 años. Sin embargo, los obstáculos son consecuencia de haber ignorado y discriminado por años a este sector, principalmente en las entidades.
A julio de 2019, el IMSS reporta seis mil 600 trabajadoras del hogar que se sumaron al programa. Lo que significa 35% más que las cuatro mil 890 trabajadoras del hogar incorporadas en junio. Desde que inició el programa hasta mayo, se obtuvieron un total de seis mil registros, lo que da un total hasta julio de 17 mil 400 personas afiliadas aproximadamente.
Según el éxito del Programa Piloto, se espera que 18 meses después de su funcionamiento se inicie la reforma a la Ley de Seguridad Social para que, ahora sí, la seguridad social sea un derecho obligatorio para las más de 2.4 millones de, principalmente mujeres, que se dedican a esta actividad.
