Sin apoyo internacional es imposible
Las investigaciones más grandes sobre violaciones a derechos humanos en México siempre se han llevado a cabo con la colaboración de uno o varios organismos internacionales.
Investigaciones como la de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa estuvieron coordinadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Este grupo fue creado por expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para brindar asistencia técnica internacional, desde la perspectiva de los derechos humanos, en la investigación de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.
Esto daba más autonomía política a las investigaciones y las dotaba de imparcialidad.
Para Daniel Vazquez, este mismo soporte es el que necesitaría el combate para acabar con las redes de macrocriminalidad que operan en el país desde hace 60 años.
Como lo explicamos en esta nota, la macrocriminalidad está integrada por tres estructuras: la criminal, la empresarial y la política; que crean, financian y encubren constantes violaciones a los derechos humanos contra la población en general, los cuales incluyen venta de drogas, armas, trata de personas, entre otros.
“Es importante que el mecanismo sea internacional, precisamente para dotarlo de la autonomía política que no tienen las fiscalías en México, para evitar las omisiones y desvíos de las investigaciones producto de la politización de la justicia”, nos dijo Luis Daniel Vázquez, autor de Captura del Estado, macrocriminalidad y derechos humanos.
El profesor del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales señaló que una de las propuestas que él ha realizado para comenzar a eliminar las redes de macrocriminalidad es un mecanismo internacional contra la Impunidad.
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Este mecanismo debilitaría las alianzas políticas que propician la corrupción y facilitaría el proceso de liberación de instituciones jurídicas y de justicia para combatir la impunidad.
“Lo que nosotros propusimos (en 2019), fue un mecanismo internacional contra la impunidad que estuviera anclado a la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Pero el gobierno no está interesado en avanzar en este tipo de agenda. Entre otras cosas, porque ellos siguen haciendo un uso político de la justicia como lo hacían en el viejo régimen”, explicó el investigador.
La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos fue creada en 1993, es la oficina que las Naciones Unidas designó para promover y proteger los derechos humanos en el mundo.
Entre las funciones del Alto Comisionado se encuentra la prevención en temas de tráfico de personas y tiene autoridad moral para representar a las víctimas de violaciones a derechos humanos a nivel global.
Lo de siempre, falta de voluntad
Si el gobierno no tiene interés para combatir la impunidad y desmantelar las redes de macrocriminalidad en el país, es muy difícil que algún organismo pueda contribuir con esta tarea.
“Entre otras cosas, porque para un gobierno es muy difícil someter a juicio a los expresidentes, a exsecretarios, incluso a generales del ejército, que seguramente tendrían que ser juzgados por su participación en el narco”, asegura Luis Daniel Vázquez.
El académico nos explicó que debe de haber un interés por ir 60 años atrás para conocer y destruir las raíces de las formaciones de estas redes de macrocriminalidad.
Además, para hacerlo, la institución y los encargados de estas investigaciones deberían de contar con total autonomía de cualquier organismo gubernamental. Así, en caso que hubiera acusaciones de venganza política se puede argumentar el respaldo de un organismo gubernamental.
“Poder decir, ‘mira, no soy yo, son las Naciones Unidas’, y si las Naciones Unidas no tienen legitimidad para hacer esto, no me imagino quien pueda tenerla”, señaló Vázquez.
Además de la Oficina del Alta Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Corte Penal internacional también podría ser una de las instituciones externas que nos podría ayudar a combatir las redes de macrocriminalidad en el país.
“El otro organismo que podría ser de mucha ayuda, es la Corte Penal Internacional. El problema es que tiene muchas especificaciones. La Corte Penal Internacional enjuicia a las personas en concreto, evidentemente, si hay una sanción sólo se da a conocer cuando acaba el proceso. Lo que es una limitación”, explicó el investigador de FLACSO y la UNAM.
La Corte Internacional de Justicia es el organismo judicial de las Naciones Unidas y su principal función es arreglar las controversias de los Estados a través del Derecho Internacional.
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Otra de las limitaciones, dijo Vázquez, es que sólo consideran los casos relacionados con delitos de lesa humanidad, como las matanzas en masa.
“Pero para México, la buena y la mala noticia, es que distintos organismos de las Nacionaes Unidas ya establecieron que tanto la tortura como la desaparicion son prácticas generalizadas. Es decir que ya ellos lo califican como un delito de lesa humanidad”, agregó.
Daniel Vázquez considera que también la Corte Penal Internacional tendría la competencia para intervenir en este tipo de casos, así como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es el organismo autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), encargado de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano.
Cuando llegue un gobierno dispuesto a desmantelar estas redes de macrocriminalidad, ¿aún existirán estos organismos internacionales?
