¿Quién construirá el nuevo aeropuerto?
El 20 de diciembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sería la encargada de la construcción de dos pistas y terminal del aeropuerto de Santa Lucía.
Esta decisión ha sido catalogada como un retroceso por expertos en transparencia y, en Cuestione, te decimos por qué.
Las contrataciones para el proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco (el de Enrique Peña Nieto, pues) se hicieron mediante “compras abiertas”, en la que se hacen públicos los contratos. Entre marzo de 2016 y noviembre de 2017, 321 procedimientos de contratos y convenios de la obra –que iban a costar 140 mil millones de pesos– fueron publicados en internet.
“Era un estándar superior (Estándar de Datos para las Contrataciones Abiertas). Lo mínimo que le podríamos pedir a la Sedena, si el argumento es que había corrupción, es que adoptara un enfoque justamente del modelo de compras abiertas”, dijo a Cuestione, Alejandro González Arreola, presidente de la mesa directiva de la asociación civil Gestión Social y Cooperación (Gesoc).
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Sin aún celebrar un contrato, López Obrador anunció que la Sedena será la encargada de la construcción del aeropuerto en Santa Lucía.
Una decisión que ha sido catalogada como un riesgo, si queremos saber cómo se manejarán los 70 mil millones de pesos de la obra, ya que las secretarías de la Defensa Nacional y de la Marina Armada de México, pueden ocultar la información de las compras que hacen sin incumplir ninguna ley, argumentando “seguridad nacional”, dijo González.
El Ejército tiene una larga historia de reservas de información alegando seguridad nacional, coincidieron expertos. Sin embargo, la Ley de Transparencia exige una “prueba de daño”, una justificación que debe dar la autoridad para sostener que dar a conocer una información produce más daño que beneficios. En el caso del futuro aeropuerto de Santa Lucía difícil encontrar una razón para no dar la información, coincidieron expertos.
“El problema que podemos tener es que el Ejército tiene muchas más justificaciones para reservar información por seguridad nacional, pero una cosa es que lo intenten y otra cosa es que tengan derecho a hacerlo, no tienen derecho a hacerlo”, dijo María Marván Laborde, presidenta del Consejo Rector de Transparencia Mexicana.
De las dos mil 574 solicitudes de información que recibió la Sedena el año pasado, sólo seis fueron reservadas o confidenciales; por otro lado, la institución armada clasificó 171 documentos en su índice de expedientes para no dar información en 2018.
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Será inevitable que la dependencia, bajo el general Luis Crescencio Sandoval, contrate a otras empresas para poder cumplir con la tarea titánica de adecuar la base militar para el recibimiento de 60 millones de pasajeros al año, con la construcción de dos pistas y una terminal, consideró la experta.
“El problema más grave es que se le está asignando al Ejército para no hacer una licitación pública. Las licitaciones públicas deben ser parte del proceso de prevención de la corrupción, para eso existen, y para eso todos los documentos que suponen la licitación deben ser públicos”, dijo Marván.
Por el contrario, Ernesto Villanueva, experto en transparencia de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), sostuvo que no hay problema en que la adjudicación se haya hecho directamente a la Sedena, ya que se trata de una institución pública. Lo que aún deja la puerta abierta para que realicen procesos de licitación si llegan a necesitar a empresas privadas para cumplir con el trabajo de construcción.
López Obrador ha defendido la futura responsabilidad del Ejército desde su anuncio, argumentando que “ellos tienen capacidad para hacerlo”. No es la primera vez que se toma una decisión así en México, dijo el presidente: “Muchos desconocen que se emitió un decreto presidencial en 1978 para que esta base militar funcionara como aeropuerto civil”
El acuerdo, que permitía la llegada de aeronaves civiles nacionales y extranjeras, aclaraba que la base no se consideraría una aeropuerto internacional, aunque podía atender las llegadas de aviones.
Son pocos los ejemplos en Latinoamérica en los que el Ejército ha quedado a cargo de de construir una obra aeroportuaria para fines civiles. En Bolivia, el presidente Evo Morales firmó un contrato en julio de 2012 con la Empresa de Construcción del Ejército (boliviano), para construir de un pequeño aeropuerto llamado Tito Yupanqui, en la ciudad de Copacabana.
“Como militares disciplinados, como soldados estamos dando la tarea que construyan el camino, se firmó para un año, deben entregarnos esta pista para Copacabana y La Paz”, dijo Morales entonces. Sin embargo, la empresa militar quebró en el transcurso de la construcción y la obra fue parada e inaugurada hasta en 2018.
¿Será el Ejército mexicano transparente con la construcción de Santa Lucía?
