¿Una persona que no es periodista puede solicitar información a las dependencias de gobierno o a los Congresos sobre, por ejemplo, los permisos para construir una nueva carretera, los contratos del gobierno con una empresa o en qué se gastó el presupuesto para su municipio?
Sí, porque todas las personas en México gozamos del derecho a la información; es decir, de la libertad de buscar y recibir información que está en manos de entidades públicas, especialmente si es sobre una actividad que traerá afectaciones a nuestra vida o entorno.
Este derecho es fundamental porque la información es clave para el ejercicio de otros derechos.
Te podría interesar: Verdades y mentiras del primer informe de actividades de Claudia Sheinbaum
Por ejemplo, tenemos derecho a la educación pero no podríamos hacer uso de los servicios de la educación pública gratuita si no sabemos cómo inscribirnos o a qué plantel acudir. Ejercer el derecho a la información permite saber, por ejemplo, si un alcalde está usando el dinero que sale de nuestros bolsillos para mejora de obra pública o para su enriquecimiento personal.
Por ello, el ejercicio pleno de este derecho también contribuye al desarrollo de una sociedad democrática y transparente, y un ejercicio vital para la rendición de cuentas de las autoridades, de acuerdo con el Instituto Interamericano de Derechos Humanos.
¿Qué se puede solicitar y qué no?
Toda la información en poder de los gobiernos y las instituciones gubernamentales es, en principio, pública y sólo podrá ser reservada si existen razones legítimas para no divulgarla, como suelen ser la privacidad y la seguridad, de acuerdo con las Naciones Unidas.
Las únicas reservas en México son que la información que se solicite contenga datos personales (como nombres, números de teléfonos o direcciones particulares); el otro motivo es cuando está clasificada como secreto de estado o de acceso restringido por la Constitución y/o por alguna ley.
Pero el resto de la información que involucre la actuación del gobierno y sus funcionarios, afecte a la ciudadanía o involucre recursos públicos, debe ser transparente y de fácil acceso.
Te invitamos a leer: 2019: las mujeres se expresaron con fuerza en las calles y las redes sociales
De hecho, dar y recibir información es complementario a la libertad de expresión y de pensamiento, un derecho reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
¿Quién protege el derecho a la información en México?
En México, este derecho está protegido en el artículo 6 de la Constitución mexicana, que establece, entre otros criterios, que la información debe ser plural y oportuna, y que el Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet.
La Constitución también dice que toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de éstos.
Otras leyes que protegen este derecho en México son la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las leyes locales.
Existe una dependencia específica que vigila particularmente el cumplimiento de este derecho: el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), que es un organismo autónomo e independiente del Presidente y de otras oficinas de gobierno.
Su función es garantizar que cualquier autoridad en el ámbito federal, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos, fondos públicos y sindicato; o cualquier persona física, moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad entregue la información pública que la ciudadanía solicita.
También garantiza el uso adecuado de los datos personales, así como el ejercicio y tutela de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que toda persona tiene con respecto a su información.
Entre los mecanismos establecidos para ejercer este derecho están la plataforma de transparencia (en la que envías solicitudes específicas de información por escrito a una o varias dependencias) o las entrevistas y solicitudes de información vía telefónica a las dependencias (las cuales son canalizadas a la unidad y funcionario competente).
Aunque es un derecho universal, no todos los países protegen esta libertad. De acuerdo con Naciones Unidas, hasta 2018 había más de 80 leyes aprobadas en la materia en países de todo el mundo y hay otras 20 o 30 que se están estudiando en otros países.
Te recomendamos: Con AMLO regresó la publicidad del Gobierno a Proceso
Esta es la primera entrega de un serial especial sobre el derecho a la información que preparamos en Cuestione para saber más sobre en qué consiste este derecho y qué tanto se cumple y protege en nuestro país.
Te invitamos a estar al pendiente de nuestra siguiente entrega sobre el control de la información que hacen los gobiernos y las empresas en México.
