Desde 2002, todas las dependencias de gobierno están obligadas por leyes especiales a rendir información oportuna y veraz a la ciudadanía. Sin embargo, muchas de ellas ponen trabas, hacen simulaciones, dan datos sesgados o ponen una serie de obstáculos para que las personas no ejerzamos plenamente nuestro derecho a la información.
¿Por qué?
La ciudadanía tiene derecho y la obligación de saber en qué se gasta el dinero público, cuál es el desempeño de las y los funcionarios, y cómo podrían verse afectadas por una decisión de gobierno. Es un derecho protegido en la Constitución mexicana desde 1994, y otras leyes especiales desde 2002.
Sin embargo, la transparencia gubernamental ha sido un proceso que ha caminado a paso lento en nuestro país y que todavía no está plenamente garantizada.
¿Los obstáculos? Las artimañas gubernamentales para evadir dar información que pudiera comprometer a estos actores gubernamentales en su carrera política o en actos ilegales que lleven a cabo en contubernio con el sector privado.
Por ejemplo, en julio pasado El Universal solicitó al gobierno información sobre los expedientes que obtuvo el CISEN, ahora Centro Nacional de Inteligencia (CNI), sobre Morena, el partido fundado por el presidente Andrés Manuel López Obrador; pero el gobierno ordenó reservar estos expedientes por cinco años, es decir, hasta 2024, cuando el Presidente acabe su mandato.
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El argumento fue que dar a conocer esta información expondría a la población a “potenciales riesgos” y “comprometería a la seguridad nacional”. Aunque, meses antes, López Obrador ordenó abrir todos los archivos de espionaje del gobierno de México. ¿Por qué no aplica esta orden por igual para todos los sujetos obligados?
Otro caso en el que las leyes de transparencia funcionaron a modo, fue cuando la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) pretendió reservar hasta el final del sexenio de López Obrador, las grabaciones de la comunicación de radio entre la torre de control y el helicóptero en el que viajaban la gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso, y su esposo, el senador Rafael Moreno Valle.
Al final los videos (con ninguna información que comprometiera al gobierno) tuvieron que ser revelados por orden del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI).
Pero el argumento de seguridad nacional ha sido el recurso más usado para negar información desde administraciones pasadas, como lo demuestran los siguientes casos.
La Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos aprobada en 2015 estableció que todos los datos sobre el funcionamiento de las operaciones, instalaciones, actividades, movimientos del personal o vehículos de asignatarios, contratistas o permisionarios es considerada de Seguridad Nacional.
Pero incluir esta disposición vulnera el principio de máxima publicidad (información pública, completa, oportuna y accesible) establecido en el artículo 6 de la Constitución. También es contraria a la legislación en la materia, ya que la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública señala que la reserva de la información debe ser excepcional y valorarse caso por caso.
Además, debe incluir una prueba del daño que su publicación tendría para el interés público, según el análisis Transparencia y Acceso a la Información, del Centro de Análisis e Investigación, Fundar.
“El hecho de que esta disposición siga vigente al día de hoy es una muestra de que aún existe resistencia desde el sector público a transparentar la actividad petrolera y gasífera y de que deben ponerse límites al uso del argumento de ‘seguridad nacional’, que ha sido utilizado para limitar el acceso a la información”, explicó la organización.
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En su informe, Fundar advierte que la misma opacidad aplica en el sector minero y para la fiscalización del sector privado.
De hecho, el 30 de septiembre de 2019 Fundar ganó un litigio legal que duró cuatro años para que el INAI ordenara al Sistema de Ahorro tributario abrir las condonaciones fiscales que hizo durante las administraciones pasadas de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón Hinojosa.
Otro obstáculo son los costos de los servicios de entrega. En noviembre de 2019, la Dirección General de Readaptación Social respondió a una solicitud de información de Cuestione por varios asuntos relacionados con las cárceles.
Pero para entregar la información solicitada, la dependencia pidió un pago de casi 300 mil pesos para una solicitud y otro, de casi ocho mil para responder otras por concepto de copias. Esto a pesar de que desde la solicitud se pidió que la información se entregara por la vía de la Plataforma Nacional de Transparencia
Cuestione se inconformó ante el INAI por el costo de estos datos y por el método de entrega. El proceso aún está vigente.
En enero de 2018 SinEmbargo publicó que se requieren miles de pesos para saber a través de la Plataforma Nacional de Transparencia los gastos de los partidos políticos.
El medio digital documentó que, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) contestó que la información solicitada estaba en 341 mil 204 fojas y que para acceder a ella está la opción de pagar 341 mil 184 pesos al partido como costo de reproducción.
A estos obstáculos se suma la disponibilidad de los datos y también su calidad. Muchas veces, las respuestas a las solicitudes de información se entregan en formatos poco legibles o difíciles de sistematizar, como bases de datos de excel convertidas a PDF.
De acuerdo con el Diccionario de Transparencia que publicó el INAI, la accesibilidad a la información no es sólo que ésta esté disponible sino que se refiere a la cualidad de un procedimiento, inmueble, sistema informático, sitio de internet o documento que facilita a una persona (independientemente de sus condiciones físicas, intelectuales, sociales, económicas, culturales o habilidades tecnológicas) el ejercicio de su derecho a la información.
De hecho, Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) establece que la accesibilidad es una de las características fundamentales del principio de máxima publicidad, que norma el funcionamiento de todos los organismos garantes.
Esto debería importarnos porque la transparencia contribuye a forjar en los gobiernos, las empresas y la ciudadanía una cultura de la legalidad, o sea: es un paso crucial para evitar la corrupción, el principal objetivo que se planteó López Obrador al llegar a la presidencia.
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¿Pero tú qué piensas? ¿México ya garantiza el acceso a la información o sólo lo simula?
