Todo esto hicieron mal las autoridades ante el asesinato de la pequeña Fátima

Compartir:

El feminicidio de Fátima Cecilia, la niña de 7 años que fue encontrada muerta dentro de una bolsa de plástico en un predio de la alcaldía de Tláhuac, exhibió de manera exponencial no sólo el incremento de los feminicidios en la Ciudad de México, sino la falta de una política de Estado que proteja a la infancia y a las mujeres en todo el país.

De acuerdo con Juan Martínez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (que opera desde 1995 en nuestro país), esta ausencia del Estado fue evidenciada a través de una serie de omisiones y negligencias que propiciaron la desaparición y el eventual homicidio de Fátima.

La obligación del gobierno de garantizar esta protección se encuentra en el artículo 4 de la Constitución.

Dicha cadena de omisiones y negligencias fue reconocida el lunes 17 de febrero por la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, seis días después de que los padres intentaran levantar una demanda por desaparición de la menor ante las autoridades locales, sin tener éxito.

“Hay una cadena, yo lo diría, de negligencias en instituciones y para poder cambiarla, tenemos que saber la verdad desde el principio hasta el final”, dijo Sheinbaum ante medios de comunicación.

Te puede interesar: El protocolo que no aplica la Fiscalía de la CDMX y podría salvar niñas y mujeres

Falla 1: no hay mecanismos para proteger a niños en escuelas

De acuerdo con los especialistas consultados, la primera institución que incumplió con su deber de cuidar y proteger a Fátima fue la escuela a la que asistía. 

Fátima desapareció el 11 de febrero, luego de que las autoridades escolares de la primaria Enrique Rebsamen -en la alcaldía Xochimilco- decidieran dejarla sola y en la calle, ante la ausencia de sus padres a la hora de la salida para los alumnos de esa escuela.

“En el caso de Fátima, la desprotección de la escuela al permitir que estuviera afuera sin entregarla directamente a su mamá, es un primer hecho delicado”, dijo Martínez García.

La Secretaría de Educación Pública (SEP), publicó en 2018 un protocolo para la entrega de menores de edad fuera de los colegios, la cual sólo se debe realizar a través de una credencial que la misma institución educativa entrega a los padres y familiares autorizados por ellos.

Esta disposición fue publicada por la Autoridad Federal Educativa de la Ciudad de México en 2018 y sólo tuvo vigencia hasta 2019. La correspondiente a 2020 aún no es emitida por la SEP, lo que deja en el limbo las obligaciones de las escuelas para con los alumnos no sólo de nivel preescolar, sino de todo el nivel básico.

María Salguero, la creadora del Mapa Nacional de Feminicidios en México, explicó en entrevista para Cuestione que “la desaparición es el preámbulo a un feminicidio y lo acabamos de ver con Fátima”.

Falla 2: la falta de interés del Sistema Judicial de la CDMX

“Era importante buscarla desde el primer momento, pero no sé por qué los enviaron hasta Azcapotzalco, no se levantaron las denuncias ni las alertas inmediatamente, se perdió tiempo valioso y desde el minuto cero debieron de haber activado la Alerta Amber”, agregó Salguero.

María Salguero se especializa en rastrear y contabilizar los feminicidios en México desde 2016. Su labor ha servido tanto a la Guardia Nacional como a diversos gobiernos con la alerta de género para ubicar este tipo de delitos en los estados de la República Mexicana.

Cuando los familiares de Fátima no encontraron a la pequeña se dirigieron al Ministerio Público de la Fiscalía Desconcentrada en Tláhuac, con el fin de realizar la denuncia de desaparición y activar los protocolos necesarios. La hermana mayor de Fátima señaló que la dependencia se negó a elaborar el expediente e ignoraron su petición.

“El martes fue el día que no apareció la menor, ese mismo día en la noche yo quise levantar la denuncia, pero me dijeron que no se podía levantar hasta después de 72 horas”, dijo Karla a medios de comunicación, luego de que familiares de la menor asesinada se presentaran en el Instituto de Ciencias Forenses (INCIFO).

Ante la falta de actuación de las autoridades y al no encontrar a la niña, la familia tuvo que ir al día siguiente a la Fiscalía Especial para la Búsqueda, Localización e Investigación de Personas Desaparecidas, en la alcaldía de Azcapotzalco.

El expediente AYO/51/2929 que lograron abrir para activar la Alerta Amber fue emitido hasta el 12 de febrero.

“Si se hubiera buscado a tiempo, la localizan”, explicó Salguero, con motivo de los videos que las autoridades capitalinas dieron a conocer seis días después de la desaparición de la menor, en donde se revelaba la identidad de la persona que se llevó a Fátima. Este material se dio a conocer después de la muerte de la niña.

“Después de que la encuentran asesinada ya encuentran los videos, el problema no sé si es negligencia, o si nos les importa, ya no sé qué es, no están buscando a la gente. La búsqueda sólo se está dando como un intercambio de oficios entre instituciones, así es la búsqueda de personas en la Ciudad de México”, agregó Salguero.

Para saber más: Ciudad de México, un laberinto sin salida cuando se busca a una mujer

Falla 3: sin recursos tecnológicos 

El 5 de agosto del 2019, Claudia Sheinbaum anunció una inversión de 100 millones de pesos para la adquisición de 58 mil cámaras, algunas con visión 360 grados, que se instalarían en zonas con altos índices delictivos. Las cámaras que deberían vigilar los alrededores de la escuela de Fátima no servían.

El video difundido por las autoridades capitalinas no corresponde a los que deberían de tener las autoridades encargadas de la seguridad en la capital. Son de particulares y fueron obtenidos por los familiares de la víctima.

“Las cámaras las consiguió la familia, todas particulares, porque las públicas no servían. La familia tenía pistas y reclaman haber sido varados, tardaron mucho en emitir la Alerta Amber, entonces, hay muchas cosas que si no se reconocen solamente se van a repetir, vamos a seguir teniendo discursos, excusas y ocurrencias”, dijo Juan Martínez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México.

Gracias a estas cámaras de video las autoridades lograron difundir una imagen de la persona que se llevó a Fátima el pasado 11 de febrero en la alcaldía Xochimilco y finalmente, reportar el presunto domicilio de esta mujer el 18 de febrero, en donde, de acuerdo a reportes preliminares, fueron encontrados ropa de la niña y documentos de los padres.

Falla 4: falta de asistencia social

El 17 de febrero, después de que se encontrara el cuerpo sin vida de Fátima y de que las autoridades en la Ciudad de México decidieron actuar, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México (DIF-CDMX) difundió una tarjeta informativa en la que aseguraban que había antecedentes de maltrato en la familia de Fátima. También se exhibió la falta de intervención o acción al respecto, por parte de las autoridades capitalinas en el pasado.

“También el DIF local que conocía del caso, se le había notificado y de manera dolosa decidió hacer caso omiso y eso tiene que ser investigado, tiene que ser sancionado”, dijo Martínez García.

Los especialistas consultados por Cuestione, aseguran que la difusión de este comunicado sólo fue para señalar a los padres de la víctima como culpables.

Poco después de que el DIF diera a conocer esta tarjeta informativa, la Procuradora General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, declaró que los padres de Fátima tenían un historial de padecimientos mentales entre los que mencionó la demencia senil.

“Era una cosa que Ernestina Godoy no debió de haber mencionado. Ahora, a lo mejor la niña tenía maltrato, pero no fue la razón de la desaparición y el asesinato. El DIF debió de haber intervenido, pero eso no es justificante para el asesinato de la niña porque no la mato la mamá. Está responsabilizando a la mamá del homicidio de la niña porque llegó tarde”, agregó María Salguero.

Falla 5: negligencia política

Claudia Sheinbaum es la presidenta del Sistema Integral de Niñas, Niños y Adolescentes en la Ciudad de México (SIPPINA), y de acuerdo con el director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México, no ha asistido a las sesiones del SIPPINA local.

“Es ahí donde se genera una política pública y eso da cuenta de que al igual que el presidente, no está en su agenda”, detalló Martínez García.

Una de las consecuencias de esta falta de política pública es el aumento en los feminicidios. En el caso de las niñas y mujeres adolescentes en el país, este delito creció 13% en 2019. Es decir, en 2018 se reportaban cada mes siete homicidios infantiles y en 2019 se registraron ocho.

“Tenemos un Jefe del Estado mexicano que se preocupa por las puertas y no por los feminicidios, que evade la responsabilidad que tiene el Estado, no él como persona, sino el Estado Mexicano y que distrae la atención con otras cosas”, concluyó el director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México.

También te interesa: A pesar del aumento de feminicidios en la CDMX, aún no hay alerta por este delito

SUSCRÍBETE A NUESTRO NEWSLETTER

Recibe las noticias más relevantes de México cada mañana, inicia tu día informado.