México
Foto: Bernardino Hernández/Cuartoscuro
Todo lo que está mal en la llamada “Ley Garrote”
México
Todo lo que está mal en la llamada “Ley Garrote”
¿Criminalizando la protesta?
02 Ago | 2019
Por: Redacción
Muy Cierto
Todo lo que está mal en la llamada “Ley Garrote”
¿Criminalizando la protesta?
Ago 02, 2019
por: Redacción
Muy Cierto
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Cuando el gobierno federal o las empresas inician la construcción de una obra que podría afectar a los pueblos o comunidades que habitan cerca de ella, éstas tienen el derecho humano y constitucional de defenderse. Pero una #LeyGarrote, como la que se aprobó en Tabasco, podría impedírselos.

Por ejemplo, en el caso del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México que se construiría en Texcoco, las comunidades más cercanas al lago se organizaron para -según denunciaron- evitar el despojo de sus tierras y sus bienes naturales. Esto llevó a la no construcción del proyecto. 

En estos casos, una norma como la llamada Ley Garrote, que presentó la bancada morenista, que aprobó el Congreso de Tabasco y ha defendido el gobierno federal, podría limitar y hasta criminalizar las estrategias de defensa de los pueblos y las comunidades en las entidades en las que se aplique. Te explicamos por qué. 

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Primero, ¿en qué consiste la Ley Garrote?

La reformas al Código Penal de Tabasco que se aprobaron el pasado 28 de julio en el pleno del Congreso (a las que se les llamó Ley Garrote para referir a una herramienta con la reprime un policía) buscan castigar hasta con 13 años de prisión a quienes participen en movilizaciones y protestas que impidan la ejecución de obras públicas o privadas con autorización para hacerse.

Estas propuestas las hizo el gobernador del estado, Adán Augusto López Hernández, quien pretende que el Código Penal diga que “las mismas penas se aplicarán a quien obstruya el acceso de personal o de maquinaria al lugar destinado para la ejecución de trabajos u obras de las que hace mención el párrafo anterior”.

Su justificación fue, de acuerdo con el dictamen, que eso aseguraría la inversión privada para abatir la pobreza, la marginación y la desocupación.

Y hay algo más: la recién aprobada Ley Garrote operaría en Tabasco, donde el presidente de México planea construir la refinería Dos Bocas, su mayor proyecto en materia energética. 

Desde mayo, pescadores y ambientalistas se han manifestado contra la refinería Dos Bocas por los daños medioambientales que provocaría. Tras su aprobación, se sumaron más movilizaciones sociales en la entidad para evitar que se ponga en marcha.

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¿A quién afecta esta ley?

En nuestro país es común que los pueblos o comunidades recurran a la protesta social para evitar la construcción de megaproyectos que no fueron consultados con ellos (una obligación del Estado) o que puedan dañar sus territorios y sus bienes naturales, ya que la vía jurídica puede ser muy costosa y tardada.

Dado que frenar una obra genera pérdidas económicas a los gobiernos y las empresas que invierten en ella, es común que, como estrategia para disuadir la protesta social, se castigue de diferentes formas a quienes impiden la construcción, ello incluso sin importar los motivos por los que se opongan. 

Así se demostró en el informe del Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos relativo a su misión a México.

Este documento de las Naciones Unidas señala que en México las actividades de quienes defienden los derechos humanos han sido criminalizadas mediante “un uso indebido e intencionado de la legislación penal y la manipulación de la pretensión punitiva de las autoridades por parte de agentes estatales y no estatales”. 

Esto se hace, señaló el relator Michel Forst (que elaboró el informe tras su visita a nuestro país en 2018), con el fin de obstaculizar e incluso paralizar los esfuerzos destinados a ejercer el derecho legítimo a promover y proteger los derechos humanos

Forst también corroboró que, por lo general, esa criminalización comienza con acusaciones o denuncias infundadas contra quienes defienden Derechos Humanos por la presunta comisión de delitos, y sigue con el acoso judicial, el enjuiciamiento basado en acusaciones falsas, la doble incriminación, la privación de libertad sin orden judicial y condiciones inhumanas de reclusión. 

“La criminalización viene a veces precedida de declaraciones pronunciadas por funcionarios que acusan a los defensores de los derechos humanos de cometer delitos, poner en peligro la seguridad nacional u obstaculizar el desarrollo económico. Esas declaraciones descalificadoras de funcionarios de alto nivel pueden desencadenar o agravar unos prolongados procesos penales contra los defensores”,  explicó el relator.

Gobierno federal respalda #LeyGarrote

En medio del debate por la aprobación de estas reformas, Yeidckol Polevnsky, dirigente de Morena, declaró que  “las manifestaciones son sagradas, pero se ha querido manipular para generar un movimiento en contra de Dos Bocas. Esta ley es para evitar chantajes y sabotajes”.

Lejos de frenar las descalificaciones, el presidente Andrés Manuel López Obrador (quien llamó a realizar un plantón en la Avenida Paseo de la Reforma, en 2006, que duró meses y provocó serias afectaciones a ciudadanos y comerciantes), defendió la #LeyGarrote: “no es para reprimir libertades, es para que no haya sobornos, que no se instaure el moche como forma de gobierno, se acabe el moche, se acabe el huachicol”.

No obstante, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, contradijo las posturas de AMLO y Polevnsky, al decir que "no se puede permitir ningún lineamiento que limite el derecho a la manifestación y a la expresión política". Agregó  que revisará la ley.

Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos advirtió que en caso de resultara contraria a la dignidad humana, impugnaría esa norma.

Además de la refinería, varias comunidades y pueblos -principalmente indígenas- han iniciado protestas por la construcción del aeropuerto en Santa Lucía o el Tren Maya, en Yucatán, ambos proyectos de la administración de López Obrador. 

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¿Cuál será la reacción de AMLO frente a quienes están en desacuerdo con sus principales proyectos? ¿Más consultas populares o más #LeyGarrote?



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