Denuncian a México ante la ONU
La violencia durante la atención de los partos, la esterilización forzada, el aumento en las cesáreas y los embarazos forzados son una forma de agresión contra las mujeres que, por su frecuencia e impacto, deben considerarse como tortura y otras formas de tratos crueles e inhumanos en México.
Ésto y otros casos documentaron cientos de organizaciones de la sociedad civil en el “Informe Alternativo de las Organizaciones de la Sociedad Civil de México al Comité contra la Tortura de la ONU 2012-2019” que presentan esta semana del 22 al 26 de abril en Ginebra, Suiza, donde el Estado mexicano será examinado en esta materia.
No es la primera vez que México será evaluado por las Naciones Unidas en el tema de tortura: en 2014, el Relator especial de la ONU en este tema, Juan Méndez, vino a México y en 2017 hizo recomendaciones al Estado porque – documentó en su visita- la tortura en nuestro país era “una práctica generalizada”.
Pero sí es la primera vez que cientos de organizaciones de la sociedad civil se coordinan para realizar un informe y presentar -con datos que ellas recabaron y que contrastan con las cifras oficiales- una radiografía de cómo opera la tortura en México en diversos contextos.
La violencia obstétrica como tortura
De acuerdo con Cecile Lachenal, doctora en derecho y especialista en género de Fundar, Centro de Análisis e Investigación -una de las organizaciones participantes-, la tortura en México no sólo ocurre en contextos de detenciones, interrogatorios o encarcelamientos.
En entrevista con Cuestione la también coordinadora del Programa Género, Derechos y Políticas Públicas de Fundar, explicó que la tortura también ocurre en otros contextos donde, en este caso las mujeres, se encuentran en custodia, dominio y control pero indefensas; principalmente las mujeres indígenas, las que tienen una discapacidad y las que viven en contexto de pobreza.
Un ejemplo es la violencia obstétrica -como se expone en el informe- que consiste en no obtener el consentimiento previo, libre e informado de las pacientes para someterlas a tratamientos médicos invasivos y, a veces, irreversibles, como es el caso de la esterilización forzada, lo que se traduce en una discriminación sistemática, según la experta.
Muchas de estas violencias son cometidas por instituciones públicas del Estado, como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y la Secretaría de Salud (SSa).
Éste fue precisamente el tema que Fundar presentó ante el Comité contra la Tortura, pues -según explicó Lachenal-, el control del cuerpo, la decisión y la autonomía de las mujeres son formas de disciplinamiento.
Así como se ha documentado que la tortura sexual u otros tratos crueles por parte de agentes de seguridad del Estado han servido para reprimir o intimidar a quienes participan en movimientos sociales, el fin de la violencia obstétrica es que las instituciones médicas impongan y privilegien sus propios procedimientos médicos por encima de los derechos y las decisiones de las mujeres sobre su cuerpo, detalló.
“Los médicos toman decisiones que en realidad corresponden a las mujeres pero no las consultan”, expuso la experta.
La violencia obstétrica es una práctica generalizada en México; de hecho -según se cita en el informe- entre 2015 y 2018, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió 50 recomendaciones a distintas entidades federativas e instituciones de salud, entre ellas, 27 al IMSS por violaciones a los derechos humanos de las mujeres consistentes en violencia obstétrica, ordenando la reparación de los daños a las víctimas.
El IMSS ha sido objeto de más de 10 mil quejas entre 2013 y 2017, con una tendencia que va al alza cada año.
Además, según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares de 2016, reveló que 1 de cada 3 mujeres de 15 a 49 años que tuvo un parto, sufrió algún maltrato por parte de quienes las atendieron.
En México se practican tres veces más cesáreas de las recomendadas, lo que es un ejemplo de ese control del personal médico para imponer sus procedimientos, reportó la Organización Mundial de la Salud (OMS)
Aunque no todos estos maltratos podrían ser calificados como tortura, explicó la especialista, la violencia obstétrica está muy naturalizada porque las mujeres que van a los servicios médicos, lo que quieren es ser atendidas para que nazca su hija o hijo, sin tomar importancia a cómo las tratan. Por esa razón, se necesita más información sobre el tema.
Si bien la violencia obstétrica ha sido reconocida -con resistencia- por el Estado mexicano como una agresión contra las mujeres, ninguno de estos casos ha sido juzgado en tribunales mexicanos como tortura.
¿Qué sigue?
Las organizaciones de la sociedad civil tendrían una sesión privada en el Comité contra la Tortura este 24 de abril para presentar su informe; y al día siguiente, el 25 de abril, este organismo cuestionará al Estado mexicano sobre la situación de la tortura en México.
