Los militares no volverán a los cuarteles
Pues siempre no: los militares no volverán a los cuarteles. México será un país militarizado por lo que resta del sexenio. Así lo estableció un decreto presidencial publicado la semana pasada.
Es un tema importante porque define la verdadera naturaleza de nuestro gobierno. En medio de la crisis sanitaria por el COVID-19, hay que entender en el enorme poder que se le está dando al Ejército y el papel que jugará en los próximos años.
Recordemos la larga lucha de muchos sectores de la izquierda mexicana contra la militarización de nuestro país. La decisión de Felipe Calderón de sacar los militares a la calle fue condenada por Andrés Manuel López Obrador como candidato, también por Manuel Bartlett y los representantes del nuevo izquierdismo mexicano. Levantaron la voz junto con las organizaciones de defensa de los derechos humanos para detener ese sistema.
Hubo un amplio consenso respecto a que usar a las fuerzas armadas para funciones de la policía, sin los controles civiles indispensables y sin un ordenamiento legal apropiado, llevaría a más muertes, más violaciones a los derechos humanos y más daño al tejido social. Toda la evidencia demuestra que, en efecto, así sucedió.
López Obrador prometió reiteradamente que devolvería a los militares a sus cuarteles, y que su estrategia para combatir al crimen organizado sería diferente, ya que la actual había fracasado. El argumento era sólido: los homicidios aumentaban, la violencia y el tráfico de drogas también, y la fuerza del Estado no estaba logrando contenerla. Había que hacer algo distinto.
Todo cambió ya que llegó al poder. La construcción de la Guardia Nacional ha resultado más compleja e inoperante de lo que el mismo presidente nos prometió. Ha estado salpicada por escándalos de incompetencia y corrupción, además de que su política de no enfrentarse a los delincuentes les ha abierto el camino para controlar más territorios.
El mayor costo, además, ha sido humano: 2019 fue el año más letal en México desde que se lleva registro y 2020, con todo y coronavirus, podría ser aún peor. Imposible negarlo: la estrategia no está funcionando.
Está claro que los defensores del presidente dirán que recibió un desastre y que no se puede arreglar de la noche a la mañana. Es cierto, por supuesto. Pero ya pasaron muchas noches y muchas mañanas.
A casi año y medio de gobierno, la violencia no ha comenzado a bajar. Y la crisis de seguridad no ha sido enfrentada con nuevas estrategias, sino con las mismas: más poder al Ejército. Los abrazos nunca llegaron, pero los balazos siguen aquí.
Fue el mismo Andrés Manuel el que prometió que se verían resultados en seis meses; luego dijo que dentro de un año y hoy, con este decreto, sabemos que seguiremos el mismo camino hasta el final del sexenio.
Al mismo tiempo, se le han entregado responsabilidades incomprensibles a las Fuerzas Armadas. La Guardia Nacional persigue a migrantes centroamericanos, mientras soldados construyen refinerías y aeropuertos, además de combatir el huachicol.
Es difícil entender cómo podrán atender la magnitud de las responsabilidades que les han colocado, cuando los efectivos y los recursos son limitados.
El decreto presidencial que le entrega las labores policiacas a los militares es, además, intencionalmente ambiguo. No establece con claridad cuándo se justifica su intervención, ni quién les fiscalizará, ni cuáles serán las herramientas para asegurar que se respeten los derechos humanos. En política, la ambigüedad es el mejor camino para hacer lo que uno quiera: si no está bien definido, puede ser cualquier cosa.
Es una decisión política que tiene que dolerle a quienes han cuestionado las estrategias de los últimos dos gobiernos, ya que no solo reitera el camino militar sino que lo profundiza.
Lo que es falso de esta lógica es pensar que no había otro camino, porque sí lo hay. Usar medidas de prevención y atención social para evitar darle terreno al crimen organizado y construir políticas sociales efectivas sí ha funcionado en otros países similares. No es un tema fácil, pero los militares no pueden ser la única ruta.
Como sea, si algo es incuestionable es que el Ejército y la Marina tiene más poder hoy, en este gobierno, que en ningún otro.
El México de López Obrador es un México militarizado.
