Entre las muchas obligaciones que tiene un gobierno, hay una que prevalece sobre todas las demás: la seguridad.
Si bien el Estado debe proveer servicios básicos a su ciudadanía, de nada sirve que lo haga si no puede garantizarles las mínimas libertades que da la seguridad.
Hoy, vemos un México que sacrifica, casi con normalidad, algunas de sus libertades más fundamentales. Nos hemos acostumbrado a limitar nuestros horarios de salida, a no permitir a nuestros hijos jugar en la calle, a no convivir con nuestra comunidad.
La peligrosidad en nuestro país nos sale muy cara económicamente. No solo por las pérdidas económicas en inversión, sino por lo que cada persona tiene que gastar para sentirse más segura: gastamos más en transporte, en sistemas de seguridad, en protección. Algunos pueden, pero la gran mayoría de la ciudadanía está expuesta e indefensa.
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Esa pérdida de libertad tiene un lado peligroso: al sentir que las autoridades no nos protegen, tenemos la tendencia a querer protegernos por nuestra cuenta. Así, cerramos calles, nos organizamos con vecinos, y, en los casos más extremos, la gente busca armarse.
Hay que decirlo: esta inseguridad no es nueva. Llevamos décadas padeciendo una creciente ola de violencia por parte de criminales, y los niveles de impunidad nos recuerdan la ausencia de un Estado protector.
Por eso, esta semana analizaremos en Cuestione qué tan grave y profunda es la ausencia del Estado en el tema, si ha claudicado o no a su principal obligación y qué tanto nos afecta a los ciudadanos.
Todas nuestras libertades dependen de una sola: la libertad de vivir sin miedo.
